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Más denuncias en Uruguay en caso de enfermeros acusados de matar pacientes

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La Policía uruguaya ya ha recibido nuevas denuncias de muertes sospechosas tras el procesamiento con prisión de dos enfermeros por el homicidio de 16 pacientes, mientras las autoridades anunciaron investigaciones administrativas en los centros donde ocurrieron los asesinatos. 

“Ya están llegando más denuncias, se irán trabajando concretamente de a una”, dijo a la AFP el comisario Angel Rosas, a cargo de la investigación. 

“Esto genera mucha conmoción pública y personas que tuvieron dudas sobre el fallecimiento de alguno de sus familiares en estos centros de salud se inquietan y se acercan a la Policía”, añadió. 

El caso de dos enfermeros procesados el domingo por la noche por el homicidio de al menos 16 pacientes y de una enfermera como cómplice, horrorizó a la sociedad uruguaya -donde no hay antecedentes de casos de este tipo- y conmocionó al sector médico. 

Once de los casos -atribuidos a quien El Observador identificó como Ariel Acevedo, de 46 años- se produjeron en un CTI (Centro de Tratamiento Intensivo) neuroquirúrgico de la privada Asociación Española, una de las más grandes del país y donde trabajaban los tres acusados. 

Los otros cinco fueron en una unidad de cuidados intermedios (cardiología) del público Hospital Maciel, donde se desempeñaba quien fue identificado por medios locales como Marcelo Pereira, de 40 años

Uno de los aspectos llamativos es que hasta ahora no se ha comprobado que los imputados ejecutaran a sus víctimas en forma coordinada, aunque sí se conocían. 

Según el juez de la causa, Rolando Vomero, los acusados indicaron que actuaron “porque no querían ver sufrir a la gente”, algo ratificado por los abogados defensores. 

Sin embargo, tanto la Policía como las autoridades sanitarias descartaron de plano esa intención.

“Para nosotros son conductas criminales. La hipótesis de piedad cae sobre su peso cuando en el caso que detonó todo la persona ya estaba dada de alta y falleció a raíz de las actuaciones de una de las personas”, enfatizó Rosas. 

Si bien la primera denuncia fue en enero, el caso que aceleró las investigaciones ocurrió la semana pasada, con el fallecimiento de Santa Gladys Lemos, una mujer diabética de 74 años que había sido dada de alta tras 12 días de hospitalización

“Nos dijeron que había fallecido de un infarto. Pero con la autopsia no fue un infarto, fue una trombosis”, relató el lunes su hija Miriam Rodríguez a medios de prensa. El domingo la familia fue informada que el fallecimiento de la mujer se debió a una inyección de lidocaína (anestésico). 

Esa muerte ocurrió “en un turno de una de las personas a las que se les estaba haciendo un seguimiento por parte de la Policía”, explicó Rosas, lo que incrementó las sospechas de los investigadores. 

- Más investigaciones - 

Mientras los medios de prensa afirman que los involucrados podrían ser responsables de decenas o incluso cientos de muertes, ni las autoridades sanitarias ni la Policía quieren manejar cifras sobre la cantidad de casos sospechosos o desde hace cuánto tiempo ocurrirían los asesinatos. 

El Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció el lunes investigaciones administrativas en los sanatorios donde ocurrieron las muertes y convocará a un experto extranjero que lo asesore en materia de controles. 

Además, creó una comisión para informar a los familiares de las víctimas, dijo el ministro de Salud, Jorge Venegas, quien calificó a los enfermeros involucrados de “asesinos seriales”

El MSP iniciará además en los próximos días inspecciones en el sector privado y público de todas las unidades de cuidados especiales mientras que la Comisión de Seguridad del Paciente trabajará en el incremento de los controles en el sector y en la elaboración de una guía práctica para actuar ante los casos de muertes “sin diagnóstico claro”. 

Según explicó el viceministro de Salud, Leonel Briozzo, en uno de los casos se trataba de una unidad “donde hay pacientes muy críticos y donde es dable esperar un desenlace fatal en ellos”, mientras que en el otro es una unidad donde se atienden pacientes de menor complejidad y no era esperable un deceso. 

Aseguró no obstante que en ninguna de las unidades los controles habituales habían detectado un incremento de los decesos fuera de lo normal. 

En ese sentido, el presidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), Martín Rebella, admitió que “una vez que termine la justicia de procesar esta situación habrá que pasar raya y evaluar si hay otras responsabilidades (...) así como si hubo errores que determinen cambios en los protocolos”. 

Rebella dijo a la AFP que muchas veces no se sabe con exactitud el factor que desencadena la muerte cuando una persona que se encuentra en una unidad de cuidados críticos fallece. 

“La sociedad uruguaya no está acostumbrada a que cuando un familiar muere por una causa que no es clara se haga una necropsia para investigar la causa de la muerte”, indicó. 

Aunque no tenga claro el motivo del deceso, el médico está “obligado a firmar el certificado de defunción a menos que se sospeche una muerte violenta” (homicidio, accidente o suicidio), añadió. En esos casos sí se pasa a la justicia y al médico forense. 

Rebella -que calificó los casos de “tenebrosos”- lamentó que “más allá del daño a las víctimas hay todo un daño también al resto de los usuarios”, ya que genera desconfianza de los pacientes en los médicos. 

Por su parte, el Directorio de la Administración de Servicios de Salud del Estado (Asse) aseguró que los casos se produjeron “en un contexto aislado, de difícil previsión”. 

En cambio, la presidenta del sindicato de enfermeros, Silvia Santana, dijo al sitio Montevideo.com: “Nosotros nos estamos preguntando qué pasó con los controles, porque no estuvieron”.

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