México: Caso Cassez genera debate nacional sobre la justicia

El gobierno de México rechaza la liberación de la francesa Florence Cassez, condenada por secuestro, argumentando los “derechos de las víctimas”, pero numerosas voces respaldan al magistrado que pidió excarcelarla en nombre del derecho de los acusados al “debido proceso”. 
Arturo Zaldívar, presidente de la primera sala de la Corte Suprema de Justicia, reclamó la “liberación inmediata y total” de Cassez, detenida desde hace seis años, debido a graves vicios en el proceso, provocando un debate nacional. La propuesta de Zaldívar debe ser votada el 21 de marzo. 
El eje del proyecto de resolución planteado por Zaldívar es la constatación de que hubo un montaje organizado por la Agencia Federal de Investigación para mostrar ante las cámaras de televisión la supuesta captura en directo de Cassez y la liberación de tres secuestrados en diciembre de 2005, en un rancho del centro de México. 
En realidad, se trataba de una reconstrucción, y Cassez había sido detenida un día antes junto a su exnovio Israel Vallarta en una carretera. 
Zaldívar señala que este montaje, así como el hecho de que Cassez no gozó del derecho a la asistencia consular y no fue puesta de inmediato a disposición de la fiscalía tras su detención, constituyen violaciones que “provocaron la afectación total del procedimiento al tener una incidencia devastadora en otros derechos fundamentales, como la presunción de inocencia y la defensa adecuada”. 
El gobierno replicó a través de la Fiscalía, que expresó su preocupación porque la liberación de Cassez termine por afectar los “derechos de las víctimas” a obtener justicia, subrayando que “ningún elemento demuestra la deformación de la realidad” a la que se refiere Zaldívar. 
Al debate se han sumado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), un organismo autónomo del Estado mexicano que también reclamó que se tengan en cuenta a las víctimas, y la organización “Alto al Secuestro” de Isabel Miranda de Wallace. 
Candidata del Partido Acción Nacional (PAN, gobernante) a la alcaldía de Ciudad de México, Wallace -conocida por su virulencia contra Cassez- manifestó que la liberación de la francesa constituiría “un insulto”. 
Del otro lado, el Comité de los Derechos Humanos de Ciudad de México y otras cinco organizaciones han respaldado el proyecto de Zaldívar, junto con numerosos juristas de prestigiosos centros educativos como Ana Laura Magaloni, del Centro de Investigaciones y Docencia Económica (CIDE), o Miguel Carbonell, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
En una entrevista con la AFP, la presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado mexicano, Rosario Green, se mostró convencida por los argumentos citados en la decisión de Zaldívar. 
Exsecretaria de relaciones internacionales entre 1998 y 2000, la senadora del opositor Partido de la Revolución Institucional (PRI), estimó que la forma en que ha sido manejado el caso de Cassez pone a México “en un retroceso brutal como país en términos de administración de justicia”. 
Green subrayó que México ha dado la batalla en Estados Unidos porque se respeten los derechos consulares de los mexicanos detenidos en ese país. “Si yo creo una cosa para los mexicanos, no puedo creer una cosa distinta para los ciudadanos de otros países”, señaló. 
Otro excanciller mexicano, Jorge Castañeda (2000-2003), expresó también una posición similar. 
Por su parte, el alcalde de Ciudad de México, Marcelo Ebrard, miembro del Partido de la Revolución Democrática (PRD, izquierda), señaló la profundidad del debate. “Lo que la Suprema Corte de Justicia va a resolver sobre este caso tiene implicaciones genéricas para todo el proceso penal mexicano” señaló.