Militares estadounidenses en Colombia, la estrategia

En 1962 Colombia suscribió el primer convenio de cooperación con Estados Unidos para combatir el terrorismo y el narcotráfico. Ese convenio es el que se revalidará el próximo 29 de julio con la entrada de 1.400 efectivos estadounidenses (entre militares y técnicos), quienes se instalarán en puntos estratégicos del país. El principal objetivo del convenio es adelantar tareas de inteligencia en las bases aéreas de Malambo (Atlántico), Palanquero, en Puerto Salgar (Cundinamarca), y Apiay (Meta). Las bases de Tolemaida (Tolima) y Larandia (Caquetá), serán opcionales en caso de que las operaciones lo requieran, explicó el ministro de Defensa encargado, general Freddy Padilla De León, quien además ejerce como comandante de las Fuerzas Militares. El convenio entre las dos naciones contempla regular aspectos especiales de mando, control de operaciones, personal, seguridad, logística y comunicaciones, las cuales serán determinadas desde cada complejo militar por oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana. Algunos puntos específicos tienen que ver con la reglamentación para los procedimientos en las áreas donde se adelanten acciones contra grupos armados ilegales. Uno de los aspectos que se analiza y que se da por seguro es que el acuerdo binacional que tanta polémica causó esta semana, y que se cree será por 10 años, sea renovado por un periodo similar en 2018 y de manera automática, es decir, los estadounidenses podrían quedarse en territorio colombiano por 20 años. Aunque los puntos que se negociarán son netamente de seguridad y cooperación, el ministro de Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, indica que el Gobierno Nacional tiene adelantada la manera cómo serían judicializados los estadounidenses que cometan delitos mientras estén en los complejo militares o en el resto del territorio nacional. Sin embargo, para algunos analistas detrás de este convenio lo que existe es un plan de seguimiento contra países vecinos. PLAN INTERNACIONAL Los acuerdos entre Colombia y Estados Unidos para cooperación en temas de seguridad se dan hace 62 años, y por eso para el ministro de Defensa (e), general Freddy Padilla, el nuevo documento es para “combatir a los grupos armados ilegales al servicio del narcotráfico, que a su vez practican las tácticas de terrorismo”. “Hemos solicitado que se tengan en cuenta las bases militares de Tolemaida (Tolima) y la de Larandia (Caquetá), pero esto no quiere decir que tan pronto se firme el acuerdo estas bases vayan a ser utilizadas o copadas con equipos o personas”, señaló Padilla. No obstante, para expertos en temas de seguridad como John Marulanda, consultor internacional y analista político, y Jairo Libreros, investigador en temas de seguridad y defensa, el acuerdo es un plan de Estados Unidos para incomodar a Venezuela y Ecuador. Según Marulanda, este acuerdo se traduce en “la facilidad que da Colombia a Estados Unidos para que las tropas americanas tengan mayor información y así revisar lo que pasa en las fronteras con Venezuela y Ecuador”. Jairo Libreros, por su parte, asegura que el convenio debe ser revisado minuciosamente para, según él, “saber qué es lo que busca Estados Unidos, el papel y el compromiso de las tropas norteamericanas, porque el simple hecho de asentarse en el país desestabiliza a los vecinos (Venezuela y Ecuador)”. “INMUNIDAD NO ES SINÓNIMO DE IMPUNIDAD” El ministro de Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, manifiesta que de existir acciones irregulares por parte de las tropas estadounidenses, quienes las cometan serán juzgados conforme a la justicia del país del norte. “Un principio universal en los tratados intencionales comprende la inmunidad, que no es sinónimo de impunidad”, dice Valencia Cossio, agregando que “un funcionario o miembro de Estados Unidos que esté prestando servicio, y que viole la ley colombiana, deberá ser procesado por Estados Unidos, y si es hallado culpable, debe ser condenado”. No obstante, los analistas consultados aseguraron que esa figura de la inmunidad no es más que un juego de palabras. “La inmunidad que se pretende informar es sinónimo de impunidad, porque van a cometer delitos y la justicia de Colombia no podrá intervenir”, sostiene Libreros. Marulanda coincidió con ese criterio, porque “los oficiales norteamericanos que violen la ley nacional, no van a ser perseguidos por la justicia colombiana”. POTESTAD DEL PRESIDENTE, PERO... El Consejo de Estado, a través de su presidente, magistrado Rafael Osteau De Lafont Pianeta, no ocultó su preocupación por la manera como procedió el Ejecutivo al autorizar la presencia de fuerzas militares extranjeras en territorio nacional. “El Consejo de Estado reafirma que la competencia para comprometer al país a nivel internacional radica en el Presidente de la República, como Jefe de Estado; sin embargo, la Constitución Política establece la necesidad de que intervengan otras ramas del Poder Público, en este caso la Rama Judicial”, señaló Osteau. TROPAS EN COLOMBIA Las autoridades colombianas aseguraron que solamente autorizarán la movilización de 1.400 hombres (800 militares y 600 contratistas). Colprensa conoció que 250 militares de Estados Unidos se encuentran en el país, mientras que contratistas, hay 90. Sobre esas cifras existe un punto que llama la atención, y está relacionado con el flujo de militares de Estados Unidos que visitan al país, que hace que en promedio siempre haya 400 uniformados estadounidenses. “Hay un trámite que se ha establecido entre la Cancillería y las Fuerzas Militares, para que cada vez que una persona venga a Colombia cumpla con los requisitos establecidos. A manera de ejemplo, en 2008 llegaron al país 5.731 asesores estadounidenses visitantes para temas de seguridad. En 2007 fueron 5.312”, dijo el general Freddy Padilla. Aún no se sabe si algunos militares que estaban en la base de Manta (Ecuador) llegarán a Colombia país. No obstante, no se descarta que varios uniformados vengan a sumar en la tropa que se instalará en las bases mencionadas. De otro lado, los equipos que llegarán “deberán ser utilizados por la Fuerza Pública colombiana, a través de los acuerdos que se basan en tácticas de inteligencia para brindarles mayor seguridad a los colombianos”, manifestó Padilla. OTROS DETALLES DEL PREACUERDO –LAS PETICIONES: en el momento que se firme el convenio con Estados Unidos el Gobierno Nacional, representado por el Ministro de Relaciones Exteriores, y el Gobierno de Estados Unidos acordarán prorrogar la permanencia de las Misiones del Ejército, La Armada y la Fuerza Aérea. Otro tema que se está negociando es el relacionado con la presencia de embarcaciones con radares en Málaga (Pacífico) y Cartagena (Caribe). Se dice que todo es para controlar el tráfico de droga que circula por esas aguas con destino a Centroamérica y Europa. –OPERACIONES: las operaciones de interdicción serán de responsabilidad exclusiva de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), con el apoyo logístico de Estados Unidos.