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Muerte de monja da impulso a movimiento contra indocumentados

En Arizona, el asesinato de un hacendado generó indignación y ayudó a sacar adelante una severa ley de inmigración. Un malestar similar está haciendo ebullición en Virginia tras la muerte de una monja católica en un accidente de tránsito que involucró a un individuo indocumentado, acusado de manejar en estado de ebriedad.

Las Hermanas Benedictinas de Virginia han dicho que no quieren que se use la muerte de la monja Denise Mosier “como un foro sobre la inmigración ilegal” y pidieron que la gente se enfoque en “la orden de Cristo de perdonar”.
“La misión de las hermanas es llevar paz y amor”, expresó Corey Stewart, director de la junta de supervisores del Prince William County. “Mi misión es hacer cumplir las leyes y proteger la seguridad pública”.
Este condado, 40 kilómetros (25 millas) al sudoeste de Washington, registró un enorme crecimiento de la población hispana en tiempos recientes y comenzó a figurar prominentemente en el debate en torno a los indocumentados en el 2007, cuando instruyó a la policía que corrobore el status migratorio de toda persona arrestada bajo sospecha de haber cometido un delito.

Stewart, quien promovió esa medida, volvió a la carga tras el accidente en que falleció la monja, emitiendo un comunicado en el que dijo que el presidente Barack Obama, la secretaria de Seguridad Interna Janet Napolitano y los miembros del Congreso “tienen sangre en sus manos” por no haber hecho lo suficiente para frenar la llegada de indocumentados.

Al día siguiente del accidente, el procurador general de Virginia Ken Cuccinelli II opinó que la policía tiene autoridad para averiguar el status migratorio de toda persona detenida, como estipula la nueva ley de Arizona que actualmente analiza un tribunal federal.

En Arizona se aprobó esa ley después de que el hacendado Robert Krentz murió de un balazo mientras revisaba el sistema de irrigación de su propiedad cerca de la frontera con México. Las autoridades creen que fue asesinado por alguien relacionado con el narcotráfico, pero todavía no concluyó la investigación.
Las monjas del monasterio de Bristow, Virginia, enterraron a Mosier, quien hubiera cumplido 67 años el 26 de agosto. Otras dos monjas heridas en el accidente, Charlotte Lange y Connie Ruth Lupton, fueron operadas y se encuentran en estado crítico.

El individuo acusado por el accidente es Carlos A. Martinelly, un boliviano de 23 años que ya había sido condenado en dos oportunidades por manejar en estado de ebriedad. En el primer incidente se lo excusó de cumplir una sentencia de 30 días en la cárcel y en el segundo fue condenado a un año, pero un juez le hizo cumplir apenas 20 días de prisión.

Las autoridades lo entregaron al servicio de inmigración tras el segundo incidente, pero estaba en libertad a la espera de que se ventilase su caso.

Martinelly está preso en el Centro de Detención de Adultos del Prince William County (Adult Detention Center) y el fiscal dijo que pedirá al menos 40 años de cárcel.

El boliviano vino al país ilegalmente con sus padres y hermanos, según dijo su tío Luis Ronald Montaño a la AP. Asistió a escuelas en Nueva Jersey y Virginia y completó la secundaria. Está comprometido y tiene dos hijos, de uno y dos años de edad. Trabaja en la confección de camisetas con diseños.

Su familia le venía pidiendo desde hace tiempo que se tratase de su alcoholismo e incluso le sacó sus autos. El día del accidente se apropió de un Subaru de su madre.
La familia teme por el futuro de sus hijos. No quiere que sea deportado y espera que se le permita permanecer en el país, cumpliendo una sentencia liviana.

“Lo están usando para crucificar a todos los indocumentados de los Estados Unidos”, se quejó su tío Montaño.
Las monjas lo han perdonado. La misericordia y el perdón, dicen en su portal, no son opcionales para un cristiano.
El gobierno se está enfocando en la deportación de indocumentados con antecedentes penales. Las deportaciones de personas sin antecedentes han disminuido en el último año y algunos sectores critican al gobierno de Obama por esa merma.

Casi la mitad de los 292.663 indocumentados deportados hasta el 22 de julio fueron considerados delincuentes. En el 2009, solo el 35% de los deportados tenían antecedentes policiales.

El servicio de inmigración tiene flexibilidad para liberar indocumentados si no los considera un peligro para la sociedad y si estima que se presentarán a las vistas sobre sus casos.

Stewart criticó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas por haber liberado a Martinelly. Dijo que el condado entrega a los indocumentados al ICE “en bandeja de plata” luego de que han sido condenados por algún delito “y ellos los dejan ir”. Le pidió al Congreso que obtenga estadísticas del ICE indicando cuánta gente que ha cometido delitos es liberada.

David Leopold, presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración (American Immigration Lawyers Association) dice que esas críticas no tienen sustento y que no hay estudios verosímiles que revelen que el manejar en estado de ebriedad sea un problema particularmente grave entre los inmigrantes.

“Francamente, es un problema a nivel nacional, con el que debe lidiar cada comunidad”, afirmó.

Las Hermanas Benedictinas operan varios ministerios, incluyendo uno que ofrece alojamiento temporal a mujeres desamparadas y sus hijos y un proyecto de enseñanza para adultos. Ninguno se enfoca particularmente en indocumentados, señaló Smith en un correo electrónico.
Las reglas benedictinas y el Evangelio de Jesucristo “nos obligan a acercarnos a los vecinos y los extraños, a los ricos y los pobres, a todos aquellos que golpeen nuestra puerta”, manifestó Smith. “Debo agregar que la hermana Denise fue un modelo para nosotros por la forma en que se acercó y aceptó a personas de otras culturas”.
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En este reportaje colaboró la reportera de AP Ileana Morales.

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