Ordenan a Defensoría cambiar instalaciones

El Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cartagena ordenó a la Defensoría del Pueblo de Bolívar que acondicione sus instalaciones, en Cartagena, para favorecer el ingreso de la población discapacitada a esa sede. El fallo es el resultado de una acción de tutela interpuesta por el ciudadano Rodolfo Arroyo Torreglosa, quien además de ser discapacitado es representante de esa comunidad en Cartagena. La determinación del Juzgado Octavo también defiende los derechos a la vida, la integridad, la igualdad y el acceso a los servicios públicos que el accionante argumentó. Manifiesta Arroyo Torreglosa que la presunta violación a los derechos fundamentales antes descritos, consiste en que las escaleras para acceder a las oficinas de la Defensoría del Pueblo, en la Calle Quero, del barrio San Diego, son demasiado empinadas e inestables. Lo anterior, según el demandante, amenaza su vida e integridad. “Al momento de escoger esta sede –dice Arroyo–, la Defensoría olvidó que existen personas discapacitadas. Yo, por ejemplo, sufro atrofia muscular en la pierna izquierda, lo que me obliga a usar muletas. Además, soy líder de los discapacitados y eso me obliga a frecuentar este despacho, que queda en un segundo piso. Es muy triste que una entidad que defiende los derechos humanos, esté en un lugar inapropiado para limitados físicos como yo”. ACOGE REQUERIMIENTO La Defensoría del Pueblo responde que las razones del accionante son válidas, por lo cual se está planeando el traslado de la entidad hacia un sitio con mejores condiciones para los discapacitados, pero que los cánones de arrendamiento superan el presupuesto de la entidad. La sede nacional de esta entidad, en Bogotá, dispuso de 400 millones de pesos para la compra de un inmueble en Cartagena, pero las averiguaciones hechas hasta el momento también superan la cifra asignada. Asimismo, la Defensoría alega que si bien es cierto que las instalaciones actuales no son las más óptimas, no se puede afirmar que las mismas atenten contra la vida e integridad de las personas, ya que hasta el momento no se han presentado contratiempos. Sin embargo, el Juzgado Octavo Civil resolvió tutelar los derechos de Rodolfo Arroyo Torreglosa y ordenar a la Defensoría del Pueblo a que incluya en el plan de adquisición de inmueble, que ya desarrolla, medidas para garantizar que las nuevas instalaciones tengan condiciones de acceso apropiadas para los discapacitados. QUE LE PONGAN FECHA Pese a que el fallo judicial le favorecía, el demandante Rodolfo Arroyo lo impugnó argumentando que la Defensoría puede tardar varios años para conseguir otra sede, por lo cual se necesita que el juez superior dé un término perentorio para situar la próxima edificación. “Y ojalá que en esa nueva sede se instale el acondicionador de aire que no tiene la actual, cosa que hace que los usuarios reciban atención en las condiciones más paupérrimas”, dijo un partidario de Rodolfo Arroyo, quien pidió la reserva de su nombre.