Ordenan a la Gobernación pagar contrato

Todo indica que la Gobernación de Bolívar saldrá perdiendo en los procesos ejecutivos en su contra, por el no pago de los contratos millonarios para la adquisición de mercados y medicinas para los damnificados de la ola invernal a finales de 2007. Pero no solo se afecta el departamento por los contratos que han de pagarse, sino por el alto valor de los intereses generados por la mora, gastos de abogados y del trámite de los procesos. Ayer se conoció que el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó el desembolso y entrega de los títulos ejecutivos a favor de la firma a la firma Gestocoop, con el ente departamental suscribió varios contratos, para hacer efectivo el pago de la deuda contraída. Por orden del Tribunal, Gestocoop debe recibir cerca de $853 millones por el pago de un contrato que había sido suscrito en diciembre de 2007 por un valor aproximado de $714 millones, según se observa en el proceso ejecutivo. Así mismo, el Tribunal ordenó pagar de los recursos embargados a la Gobernación una suma de $150 millones 463 mil por concepto costas judiciales (gastos de abogados u otros). En otro proceso En otro proceso ejecutivo, el Tribunal también determinó confirmar la orden de embargo y secuestro de cuentas de la Gobernación de Bolívar, cuya suma está por $880 millones, eso sin contar los intereses, que por la cuantía serían más altos que el proceso anterior, al igual que el valor que representen los gastos de abogados. Dentro de este proceso, el Tribunal ordenó compulsar copias de lo actuado en el caso solicitadas por la Fiscalía 40 Seccional de Cartagena, que investiga supuestas irregularidades en los contratos. A esto se le suma que existen dos nuevas demandas contra la Gobernación de Bolívar interpuestas por la otra firma contratista Fundación Trabajar por Colombia, mediante las cuales exigen el pago de $1.119 millones 581 mil. Gestoccop al igual que Fundación Trabajar por Colombia debieron acudir a demandas ejecutivas ante el Tribunal por la renuencia de pagar los millonarios contratos por de parte del gobernador suspendido Joaco Berrio Villareal, quien consi-dera que éstos estaban plagados de irregularidades, por lo cual interpuso las denuncias penales del caso ante la Fiscalía, las cuales están en proceso de indagatoria a varios empleados de la Secretaría de Salud Departamental. Fueron aproximadamente 12.000 mercados y miles de medicamentos, cuyo costo ascendía hasta finales del 2007 a la suma $4 mil millones. La casi totalidad de los alimentos se dañaron y las medicinas se vencieron en varias bodegas ubicadas en el barrio Bosque de esta ciudad.