Paramilitares extraditados solicitan su repatriación

El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, en carta al Congreso de la República, pidió la repatriación de "los extraditados que estén dispuestos a avanzar en Justicia y Paz con el objetivo de esclarecer los delitos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia al grupo armado". En la misma comunicación Mancuso plantea que se hagan una serie de modificaciones a la actual Ley De Justicia y Paz, porque la misma no permite que se cumpla el cometido de verdad y reparación. La carta fue leída por la senadora liberal Piedad Córdoba, quien en compañía del también senador Rodrigo Lara, se reunieron la semana anterior en la cárcel de Estados Unidos en donde Mancuso y otros paramilitares pagan su condena. Mancuso asegura además que al retornar al país ayudará a cumplir la Ley. "Los delitos de narcotráfico ya los hemos esclarecido a las autoridades de Estados Unidos y desde este país jamás nos darán las condiciones para cumplir con las exigencias de la ley en Colombia y menos con las víctimas. Permitirnos participar del proceso a través de una videoconferencia resuelve el problema accesorio y no el fundamental para lo que fue creada la Ley". El desmovilizado jefe paramilitar además planteó al gobierno nacional la necesidad de replantear "la política de reinserción que ha sido un fracaso y otras de las cuales que han incidido en el rearme de muchos desmovilizados y el genocidio de más de 2.000 de ellos". OTROS APARTES La propuesta de Mancuso se conoce cuando la plenaria del Senado se apresta a discutir la ampliación de la vigencia de esta norma, la cual está siendo especialmente solicitada por el Gobierno Nacional. También habla de la necesidad de crear un grupo interdisciplinario conformado por las distintas ramas del poder público, para que se encargue de ejecutar el proceso de paz dentro del marco de la política criminal planteada dentro del mismo, con el objetivo de desarrollar versiones libres colectivas y no individuales. En otro de los apartes de la comunicación, asevera que "como está diseñada la ley, ni permite ni promueve contar la verdad y por el contrario estas poblaciones (las víctimas) deben ocultar o callar acerca de la verdadera realidad del conflicto que les tocó vivir y a mentir cuando son acusados por la justicia o indagados por la comisión de la verdad que creó el gobierno". Otro aspecto que le critica a la actual ley, "con la metodología de hoy no alcanzan los años de este siglo para su aplicación”. Por ahora, si comparamos, la justicia ordinaria se aplica en menor tiempo, es más rápida y sin tanto enredos metodológicos ni exigencias y la condena máxima que otorga de 40 años.