Piden nulidad de sentencia en caso Mampuján

La Procuraduría General de la Nación solicitó la nulidad de la sentencia de primera instancia proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá por la masacre y desplazamiento de los corregimientos de Mampuján, Las Brisas y otras, en Bolívar. Tanto el ministerio público, las víctimas, la Fiscalía y los ex paramilitares Uber Enrique Banquez Martínez y a Edwar Cobos Téllez apelaron la sentencia inicial, la cual había determinado condenar a los ex comandantes de las Auc a la pena de prisión de 8 años, la máxima establecida en el proceso de Justicia y Paz. Así mismo determinó que ninguna de las familias afectadas por la masacre y desplazamiento en los corregimientos de San Cayetano (San Juan Nepomuceno) y Mampuján (Marialabaja) podrá recibir más de $240 millones como medida de reparación. Sin embargo, estas pretendían, sumas que van entre los $500 millones a $1.000 millones, una de las razones de la apelación. En virtud de la apelación, se prevé una audiencia en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el 4 de octubre de 2010, fecha en la que cerca de 25 intervinientes sustentarán sus argumentos con miras a obtener la revocatoria de la sentencia inicial. A juicio de la Procuraduría, se espera que en una segunda instancia de le garantice verdaderamente la reparación y el restablecimiento de los derechos de las víctimas de Mampuján, San Cayetano y Las Brisas. El ministerio público expresó que el Tribunal Superior de Bogotá desconoció el ordenamiento legal previsto para las actuaciones de este género y ordenó la práctica de pruebas de manera oficiosa sin haber escuchado previamente las correspondientes pretensiones. Expuso que la etapa de conciliación no se surtió de manera adecuada por cuanto la Sala de Justicia y Paz no propició un escenario de reconciliación para que entre victimarios, víctimas y Estado se llegara a acuerdos relacionados con la reparación. Así mismo, la Procuraduría cuestionó las órdenes emitidas por el Alto Tribunal, a través de las cuales se imponen cargas a diferentes entidades del orden nacional, departamental y municipal, sin requerir la participación de dichos entes para que pudiesen controvertir las pruebas presentadas por los intervinientes y determinar su responsabilidad en el ámbito de la reparación y ejercer la defensa del patrimonio público. De manera subsidiaria, la Procuraduría solicitó que en caso de no decretarse la nulidad del incidente, se anule la sentencia, básicamente por encontrar serias inconsistencias en la motivación de las decisiones adoptadas tanto en materia de reparación como en la sanción penal impuesta a los postulados Uber Enrique Banquez Martínez, alias ‘Juancho Dique’ y Edwar Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’.