La legalización del aborto quedó postergada en Uruguay por falta de mayoría parlamentaria, pero la realidad va más rápido que las leyes y esta práctica se generaliza en el país al igual que en otros en América Latina mediante el uso de un medicamento para úlceras, el misoprostol.
En el Hospital Pereira Rossell, la mayor maternidad de Uruguay, todos conocen muy bien el misoprostol. Legalmente, los ginecólogos y obstetras no pueden recetarlo, pero cotidianamente lo indican a las mujeres que quieren abortar.
"El misoprostol es un medicamento que en el 97% de los casos logra la interrupción del embarazo sin ningún problema", asegura Francisco Coppola, presidente de la Asociación de Obstetras del Uruguay y médico del Pereira Rossell.
Este fármaco desarrollado por el laboratorio estadounidense Pfizer para tratar úlceras gástricas y duodenales llegó a Uruguay a principios de la década de 2000. Incluido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la lista de medicamentos de referencia para la interrupción del embarazo, se convirtió rápidamente en la solución para quienes buscan un aborto.
Las ventajas del misoprostol son conocidas internacionalmente: es más efectivo y barato como droga para inducir el parto y, en caso de hemorragia, tiene propiedades coagulantes.
"Pero hay que decir que sólo el misoprostol sin la otra parte, que es el asesoramiento pre y post aborto, si bien es más seguro que el curetaje, no es totalmente seguro", agregó Coppola.
En 2001 se constató que el 30% de las muertes de mujeres en Uruguay se relacionaba con interrupciones de embarazo ilegales. La cifra alcanzaba el 47% en el Pereira Rossell, el hospital público que recibe a la población de mayor vulnerabilidad del país.
El aumento se relacionó con la proliferación de clínicas clandestinas en la frontera con Brasil. Muchas operaciones terminaban en tragedia. Entonces los médicos decidieron actuar por su cuenta.
"Durante muchos años sufrimos el paradigma de que el aborto legal era igual a aborto seguro, a no muerte, y que el aborto ilegal era igual a aborto inseguro y muerte. Y durante años y décadas esperamos que los jueces, abogados y políticos solucionaran ese problema y decidimos romper ese paradigma", dijo Coppola.
- La Era del Misoprostol
El sistema ha sido eficaz. En pocos años, han desaparecido las clínicas de abortos clandestinos en Uruguay, coincidieron fuentes hospitalarias y de organizaciones feministas. Según el Ministerio de Salud Pública, de 2008 a 2011 no se registró ninguna muerte por aborto de riesgo en Uruguay, la mejor cifra de América Latina.
Finalmente, la práctica se convirtió en ley en 2008.
La ley de Salud Sexual y Reproductiva, que generalizó en el país el asesoramiento pre y post aborto, fue aprobada después de que el presidente Tabaré Vazquez (2005-2010) vetara en 2008 la ley que despenalizaba esta práctica, votada por mayoría en el Parlamento, una decisión traumática para la izquierda uruguaya en el poder por primera vez desde el regreso de la democracia tras la dictadura (1973-85).
Sin embargo, diversas encuestas han revelado que entre 57% y 63% de la población estaría a favor de legalizar la interrupción del embarazo.
En Uruguay el aborto fue legal entre 1934 y 1938, año en el que se aprobó la ley actualmente vigente.
Desde entonces, hubo proyectos para legalizarlo en 1978-1979, 1985, 1991, 1993, 1998 y 2002. El actual mandatario José Mujica ya anunció que si la ley es aprobada no la vetará.
- Los riesgos del mercado negro
Los grupos favorables al aborto ven la mano de la Iglesia Católica y del ex presidente Vazquez (médico y ferviente antiabortista) detrás de las restricciones de acceso al misoprostol, que sólo puede ser recetado por un gastroenterólogo.
De este modo, una mujer que desea abortar en Uruguay tiene garantizado por ley el derecho a conseguir información sobre la mejor manera de hacerlo. Pero cuando recibe la indicación mas frecuente, tomar misoprostol, sólo puede comprarlo en el mercado negro.
Conseguir misoprostol en Montevideo es de una facilidad asombrosa. Una búsqueda sencilla en Google permite obtener el teléfono celular de una vendedora que rápidamente responde, explica precios y condiciones, propone una cita.
La cita se desarrolla de día en plena Avenida 18 de julio, principal arteria de la capital uruguaya; la vendedora acude puntual y sin compañía aparente, solamente protegida por unas gafas de sol. Ocho pastillas, la dosis más frecuente, cuestan 5.000 pesos.
El salario mínimo en Uruguay ronda los 7.000 pesos pero igual la propuesta es más económica que los 13.000 pesos (unos 600 dólares) que podía costar antes de 2008 un aborto quirúrgico en una clínica clandestina. En la farmacia, la caja de 28 comprimidos del fármaco ronda los 5.800 pesos.
AFP pudo constatar que los vendedores ilegales no dudan en recomendar fuertes dosis, incluso en el marco de embarazos muy avanzados.
Conocedores de la legislación, si un embarazo supera las trece semanas recomiendan evitar a los médicos. Entonces indican grandes cantidades de píldoras en varias dosis, multiplicando sus ganancias, pero, según los médicos, aumentando los riesgos y padecimientos de las mujeres.
A principios de este año, dos mujeres de 28 y 32 años fallecieron por abortos con misoprostol. En los dos casos llegaron con infecciones que no pudieron controlarse, según señaló el grupo feministas Mujer y Salud Uruguay (MYSU).
A la espera del resultado de la investigación, muchos denuncian los excesos de la píldora abortiva, otros las incoherencias de la legislación uruguaya.
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