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Procuraduría emite concepto para la adjudicación del tercer canal

“Nadie podría resultar adjudicatario de más de una concesión dentro del nivel territorial que le hubiere sido asignado”, conceptuó la Procuraduría General Nacional, en el informe final del acompañamiento al proceso de contratación para la Concesión del Tercer Canal de Televisión.

Este concepto ratificaría la versión que se maneja desde hace meses, de que deben quedar fuera del proceso quienes ya tienen adjudicado algún canal, a menos que renuncien a la propiedad de la concesión que ya tienen.
“Los socios de un canal de operación privada no pueden acceder a la concesión de canales públicos. Tampoco pueden hacerlo a través de la figura de operador ni contratista de cualquier nivel, ya sea regional o local”, precisa el concepto emitido hoy por la Procuraduría.
De igual forma, la entidad de control explica que los operadores que cuentan con un cubrimiento nacional, no pueden acceder a operar vía concesión ningún otro canal, bien sea público o privado, nacional, regional o local.
El concepto del Ministerio Público resalta además que esta restricción aplica a los operadores de un canal y no a quienes simplemente ocupan o hacen uso de algunas franjas.

LOS QUE PODRÍAN LICITAR
Según la interpretación de este concepto, estaría afectado el consorcio ‘Canal Tres Televisión de Colombia S.A.’ (del que forman parte el Grupo Planeta, RTI Televisión, Caracol Radio, El Tiempo y CityTv) que deberá renunciar a las concesiones que posee para así participar en la licitación del tercer canal.
En el caso de CM&, que no es un canal sino un arrendatario de espacios de televisión, sí podría continuar incluido en el consorcio ‘Promotora Audiovisual de Colombia S.A.’, (conformado por esa empresa, el Grupo Prisa y el Grupo Nacional de Medios, que incluye a los diarios El Colombiano, La República, El País, Vanguardia Liberal y El Universal.
Entre los interesados por licitar el tercer canal de televisión privada nacional también está ‘Inversiones Rendiles’, en donde participa como accionista principal el Grupo Cisneros de Venezuela.

SUBASTA
Sobre la obligación de elegir la subasta como mecanismo de selección, el Ministerio Público estimó que ésta es una de las formas que garantiza de mejor manera un proceso objetivo.
Al respecto manifestó que lo que se busca es optimizar las ganancias para el Estado, de manera que “la Cntv debería atender este nuevo ordenamiento legal, en aras de optimizar los recursos que se podrían obtener a favor del Estado, bajo ese supuesto legal”, precisa el concepto.
La Procuraduría también se pronunció sobre el tema económico, al respecto del cual aseguró: “El valor de esta prórroga debería ser recalculado una vez se supere esta fecha límite (31 de diciembre de 2009) ya que las utilidades que se generarán serán mucho mayores que lo esperado”. El costo de la próxima concesión, así como el cobro hecho por la prórroga a los canales privados ya existentes, han sido motivo de críticas por parte de Caracol y RCN Televisión.
Frente a esto, el presidente de la Comisión Nacional de Televisión (Cntv), Juan Andrés Carreño, manifestó que el valor de la prórroga o adjudicación a los canales privados sólo se puede cambiar a través de un tribunal de arbitramento.
Señaló que la petición de la Procuraduría está encaminada a establecer si el tercer canal está en funcionamiento antes de julio del próximo año.
“Hay que revisarlo (el concepto) muy cuidadosamente y no me atrevo a establecerle una ruta definitiva. Sólo puedo decir que hay un contrato vigente que dice cuáles son los mecanismos para dirimir las diferencias entre la Comisión y los canales privados que es el tribunal de arbitramento”, agregó Carreño.
La Cntv está a la espera de un pronunciamiento del Consejo de Estado para establecer de manera definitiva lo que va a pasar con el proceso de adjudicación del tercer canal privado de televisión.

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