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Procuraduría exige negar extradicción de alias Diego Vecino

Ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la Nación emitió concepto desfavorable, frente a la solicitud del Gobierno de los Estados Unidos para la extradición del ciudadano colombiano Edwar Cobos Téllez, alias “Diego Vecino”.

Alias “Diego Vecino” fue máximo comandante del Bloque Héroes de los Montes de María, que operaba en Bolívar y Sucre. A su vez fue jefe de Úber Enrique Bánquez Martínez, alías “Juancho Dique y del desaparecido Rodrigo Mercado Peluffo, alias “Cadena”, ambos sindicados por la masacre de El Salado, en El Carmen de Bolívar y de otras más.
La Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, requirió a alias ‘Diego Vecino’ para que responda por el delito de tráfico de estupefacientes.
Al presentar su concepto, la Procuradora Segunda Delegada para la Casación Penal, Ana María Garzón Botero, señaló que, a pesar de que se cumplen los requisitos exigidos por la Ley y los tra-tados internacionales para que se conceda la solicitud, el señor Edwar Cobos Téllez no debe ser extraditado.
Para el Ministerio Público, debe primar el deber de velar por la protección y asistencia a las víctimas y en razón a que se está en una etapa trascendental dentro el proceso de justicia y paz, la extradición de Cobos Téllez afectaría los fines de la Ley, por cuanto si con ella “se busca promover el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y respetar el derecho al debido proceso y las garantías judiciales de los procesados, con la ausencia del postulado no se podrían lograr tales fines”.
A juicio de la Procuraduría, los cargos que se le han imputado al señor Cobos Téllez, como son la masacre de Manpuján y las Brisas, jurisdicción del municipio de Marialabaja, por desplazamiento de toda la población, toma de rehenes, homicidios y tortura en persona protegida, constituyen delitos de lesa humanidad por los que debe responder en nuestro país.
Precisó que “es evidente la gravedad de las conductas imputadas al postulado en el trámite de justicia y paz frente al cargo de narcotráfico que sustenta la solicitud de extradición elevada por los Estados Unidos”, por lo que el Estado tiene el deber de investigar todos los asuntos relacionados con esas graves violaciones a los derechos humanos y sancionar a los responsables.

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