Luego de la determinación de la Procuraduría General de la Nación, de destituir e inhabilitar para ocupar cargos públicos a la senadora Piedad Córdoba Ruiz por 18 años, los comentarios de lectores de la web de El Universal se multiplicaron. Para algunos de los internautas, la destitución de Córdoba Ruiz debió darse desde años anteriores, pues para muchos de ellos era evidente la supuesta relación de la Senadora con los ilegales de las Farc. Otros lectores consideran que esta decisión llegó de manera tardía y que ahora debe abrírsele un proceso penal por la supuesta relación con un grupo al margen de la ley, y algunos sugieren procesarla por presunta traición y difamación a la Patria. Pero también hay quienes la defienden. Frente a esa mayoría que pone al descubierto su satisfacción con la sanción disciplinaria, unos pocos alegan que una senadora elegida mediante el voto popular no debería ser destituida por un organismo como la Procuraduría, sino debe ser investigada por una comisión disciplinaria del mismo Congreso. Unos más señalan que una decisión como la de la Procuraduría no debería estar por encima de la voluntad de miles de votantes que la eligieron. Pero las críticas contra sus defensores se desbordaron de inmediato y se armó el debate, hasta el punto que los insultos no faltaron. Otros la emprendieron, incluso, hasta con el grupo denominado “Colombianos y colombianas por la paz”, del cual hace parte la senadora Piedad Córdoba y hay más lectores que piden que sea expulsada del Partido Liberal, al cual pertenece. SOBRE EL PROCESO El propio procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, sancionó disciplinariamente a la senadora Piedad Esneda Córdoba Ruiz con destitución e inhabilidad por el término de 18 años, por haber promocionado y colaborado con el grupo al margen de la ley Farc. A la congresista antioqueña (nacida en Medellín), de 55 años edad, le queda el recurso de reposición ante el mismo despacho del Procurador General para tratar de controvertir la decisión sancionatoria. Después de que la senadora Piedad Córdoba impugne la decisión, la Procuraduría tendrá 20 días para decidir si mantiene o no la decisión de inhabilitarla por 18 años. Después de resuelto el recurso de reposición, y en caso de mantenerse la sanción, la Senadora podrá demandar la resolución que la inhabilita ante el Consejo de Estado, pero tendrá que dejar su cargo en cumplimiento de la medida del Ministerio Público. Piedad Córdoba fue elegida como senadora para el periodo 2006-2010, con una votación individual de 42.904 sufragios. LOS HECHOS Según comunicación de la Procuraduría General, la investigación contra Córdoba tuvo origen en los hallazgos de los medios electrónicos incautados en la Operación Fénix, en la que fue abatido alias “Raúl Reyes”. En esos documentos se pudo establecer que en el cruce de documentos entre el grupo guerrillero y la Senadora en los que supuestamente ella se identificaba con los alias de “Teodora”, “Teodora de Bolívar”, “La Negra” y “La Negrita”, la parlamentaria se extralimitó en sus funciones así como en la autorización dada por el Gobierno para gestionar el intercambio humanitario. Dicho material fue corroborado con otros medios de prueba, unos trasladados desde la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía, y otros producto de la labor investigativa de la Procuraduría General, tales como las salidas de emigración de la señora Córdoba, interceptaciones legales telefónicas a los miembros del bloque Libardo García, de Cali, y la declaración hecha por el infiltrado de nacionalidad ucraniana, Viktor Tomnyuuk, que tuvo contactos con el comandante del Frente 30 de las Farc, alias “Mincho”. Igualmente, se contó con el apoyo de los informes presentados por la Interpol, y los peritajes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Dijín sobre la autenticidad de los medios electrónicos. Por estos hechos, según el Ministerio Público, se estableció con certeza que la Senadora emitió consejos al grupo de las Farc relacionados con no enviar videos de personas secuestradas por el grupo insurgente a cambio de grabaciones de voz de los mismos, con el fin de adoptar una mejor estrategia en la búsqueda de sus objetivos. Además dio información a este grupo al margen de la ley sobre asuntos diferentes con la liberación de los secuestrados, entre ellos, posibles donaciones de gobiernos extranjeros. De la misma manera se constató que la senadora Córdoba instruyó y solicitó a las Farc para que suministraran pruebas de vida de los secuestrados con el fin de favorecer a gobiernos de otros países. Así mismo, efectuó declaraciones en diferentes actos públicos en los que ejerció actos de promoción con el fin de favorecer los intereses del grupo subversivo. ABSUELTA POR TRAICIÓN De otra parte, el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado, absolvió a la dirigente política por el cargo de “traición a la Patria”, por considerar que las diferentes alocuciones que hizo en contra de las políticas del Gobierno no configuran falta disciplinaria al no menoscabar la integridad nacional. CÓRDOBA ESTUDIA ESTRATEGIA JURÍDICA BOGOTÁ, COLPRENSA La apelación que prepara la senadora Piedad Córdoba ante la decisión de la Procuraduría General de la Nación de destituirla e inhabilitarla por 18 años, le permitirá seguir cumpliendo con sus funciones en el Senado de manera temporal. Por Twitter, Córdoba dijo estar tranquila y estudiando una estrategia en compañía con sus abogados, para su defensa. La congresista es investigada por sus presuntos nexos con los ilegales de las Farc, al ser mencionada en varios documentos encontrados en los computadores de “Raúl Reyes”, donde sería identificada como “Teodora de Bolívar”. En su web, Córdoba publicó un comunicado en el que cuestiona la decisión de la Procuraduría, las posiciones políticas y el actual estado jurídico del procurador Alejando Ordóñez, para tomar dichas medidas. “Considero que la investigación disciplinaria adelantada por el señor Procurador no tiene respaldo probatorio, mérito jurídico alguno y menos aún valor moral y ético”, dijo Córdoba. Y agregó en directa crítica contra el Procurador que “quien temerariamente me acusa y me sanciona se encuentra seriamente cuestionado por sus actuaciones contra los derechos de la mujer, la población LGBT, las operaciones ilegales del DAS, la absolución desestimando pruebas válidas en el caso de la llamada ‘Yidispolítica’, razón por la cual (en este último caso) se encuentra investigado por la Corte Suprema de Justicia”. Córdoba consideró que su destitución e inhabilidad “es una muestra más de la persecución política que se ha adelantado contra mí en los últimos 12 años”. El presidente del Congreso de la República, senador Armando Benedetti, explicó que ni el proceso disciplinario ni el reglamento interno de la corporación ordenan que Córdoba deba abandonar el Senado y aplicársele la figura de “La silla vacía”, instituida con la reforma política de 2009. Benedetti indicó que el reglamento es claro y “no hay forma alguna de suspender a la Senadora”. Por Twitter Córdoba dijo estar tranquila y estudiando una estrategia en compañía con sus abogados, para su defensa. AGRADECE A QUIENES LA DEFIENDEN BOGOTÁ, COLPRENSA La senadora Piedad Córdoba agradeció a través de la red social los mensajes de solidaridad que le han enviado, como el del Gobernador del Santander, Horacio Serpa, que después de enterarse de la noticia salió a defender a la congresista. “No me pasa por la cabeza que Piedad Córdoba, con la que he departido políticamente durante los últimos 25 años, sea miembro de las Farc, tenga relaciones ilegales con ese grupo o haya incurrido en hechos ilícitos que la identifiquen como traidora a la Patria. Eso no me cabe a mí”, manifestó el dirigente liberal al diario La Opinión, después de conocer la decisión del Ministerio Público.
Política
Procuraduría, sin “piedad” con la senadora Córdoba
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