Prohíben publicar imágenes violentas en todos los diarios de Venezuela

Con algunas páginas en blanco en las que sólo aparece la palabra “censurado”, el diario El Nacional, uno de los principales del país, cumplió ayer miércoles la orden de un tribunal que prohibe a la prensa local difundir imágenes violentas, decisión que es considerada por dueños de medios, periodistas y opositores como “violatoria” de la Constitución y la libertad de expresión. En un nuevo capítulo de la pugna entre los medios y el gobierno, un tribunal local emitió en la víspera una medida cautelar en la que se prohibe a todos los diarios publicar en las próximas cuatro semanas, que coinciden con la campaña para las elecciones legislativas, imágenes de tipo “violento, sangriento, grotesco, bien sea de sucesos o no”. La decisión, que inicialmente se aplicó al diario local El Nacional por difundir en primera plana una fotografía de un grupo de cadáveres aglomerados en la morgue capitalina, se extendió a todos los periódicos, revistas y semanarios del país para “proteger” a los menores y la colectividad en general, indicó el miércoles Gabriela Ramírez, Defensora del Pueblo. El tribunal ordenó la medida por solicitud de la Defensoría del Pueblo y una organización pro oficialista que denunciaron que la polémica imagen que utilizó El Nacional en su edición del pasado 13 de agosto para ilustrar un reportaje de criminalidad, violó una ley de protección a los menores. “El país pide respeto”, dijo el miércoles el presidente Hugo Chávez en alusión a las protestas que realizaron en la víspera algunos grupos oficialistas contra El Nacional, y acusó a los medios locales y canales internacionales de recurrir a “la grosería, el atropello, la manipulación, la pornografía” para afectar la imagen de su gobierno. Chávez indicó a la televisora estatal, en una transmisión desde el palacio presidencial, que los medios y a la “burguesía” recurren al “desespero” porque pretenden “frenar la revolución bolivariana”. En cumplimiento del fallo del tribunal, El Nacional, fuerte crítico del gobierno, sacó el miércoles en blanco algunos espacios de su primera plana y las páginas de sucesos donde sólo colocaron la palabra “censurado”. El editor de El Nacional, Miguel Henrique Otero, afirmó que en atención a la decisión debió suprimir todas las informaciones y fotografías relacionadas con delincuencia, y dijo a la prensa que la prohibición “no es otra cosa que una violación a la Constitución y la libertad de expresión”. David Natera, presidente del Bloque de Prensa organización que agrupa a los dueños de los principales diarios del país, afirmó que la decisión del tribunal responde a “actos políticos”, y responsabilizó directamente a Chávez de promover la medida para tratar de “ocultar” la creciente criminalidad que azota al país de cara a las elecciones legislativas del 26 de septiembre. “La decisión del tribunal responde absolutamente a la voluntad del jefe de Estado”, señaló Natera, director del diario regional Correo del Caroní, al asegurar que “las instancias de la justicia están absolutamente controladas por Chávez”. La delincuencia es considerada como el principal problema que agobia a los venezolanos, según señalan las principales encuestas. Natera, quien también se desempeña como vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), dijo a la AP que el Bloque de Prensa se reunirá el jueves de emergencia para analizar los alcances de la prohibición y evaluar la posibilidad de acudir a instancias internacionales para denunciar el hecho. Los gremios locales de periodistas y la organización internacional Reporteros Sin Fronteras condenaron la decisión considerándola como una “escalada de represión judicial contra las libertades de expresión”. Reporteros Sin Fronteras advirtió en un comunicado que la “prohibición prematura” puede representar “un riesgo de censura y autocensura” en Venezuela. Ramírez, ex diputada oficialista, desestimó los cuestionamientos contra la medida, y dijo el miércoles a la televisora estatal que lo que se busca es evitar la “vulneración de una cantidad de preceptos éticos”. La Defensora del Pueblo rechazó que se utilice el tema de la inseguridad con fines electorales, y sostuvo que eso representan una “burla a inteligencia del pueblo”. Chávez ha mantenido en su once años y medio de mandato tirantes relaciones con los principales medios del país a los que ha acusado de difundir “mentiras” para afectar la imagen de su gobierno. El índice de criminalidad en Venezuela se ha tornado cada vez más alarmante. De acuerdo con cifras oficiales en los primeros once meses del 2009 ocurrieron 12.257 homicidios, poniendo a Venezuela entre los países más violentos de América Latina.