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Restitución de tierras: entre el despojo y el abandono

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El 7 de agosto pasado, en su discurso de posesión, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, hizo un compromiso que representará una esperanza para las cerca de 500 mil familias víctimas del despojo de tierras en Colombia.

En la Plaza de Bolívar de Bogotá, el presidente Santos aseguró que “los fenómenos del narcotráfico, del terrorismo, de la violencia que ha sufrido nuestro país, hicieron que buena parte de las mejores tierras terminaran en manos de agentes de la violencia” y se comprometió a reversar esa situación: “Trabajaremos para que los campesinos sean dueños de las tierras más productivas de Colombia”.
Para lograr esto, el jefe de Estado anunció desde ese mismo momento que el Gobierno radicaría un proyecto de Ley de Tierras, con el objetivo de acelerar los mecanismos de extinción de dominio.
A partir de ese momento, desde el Ministerio de Agricultura se comenzó a trabajar en las concertaciones para radicar este proyecto de Ley, el cual, según Eduardo Pizarro, director de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), “es de vital importancia, por las dimensiones que tomó el fenómeno del despojo de tierras, que ha dejado alrededor de 3,5 millones de desplazados y unas 5 millones de hectáreas, que son como la mitad del territorio de un país del tamaño de Suiza, en manos de los dueños equivocados”.

DESPOJO Y ABANDONO
De acuerdo con el representante a la Cámara por el Partido Liberal Guillermo Rivera, quien intervino en la citación del pasado miércoles 18 de agosto al ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, para conocer las políticas que ejecutará el Gobierno en materia de restitución de tierras, “la presencia articulada del paramilitarismo en 17 departamentos del país fue uno de los factores que produjeron una sensación de inseguridad que deter-minó el desplazamiento”.
Según el congresista, estos grupos paramilitares fueron los responsables, principalmente entre 1994 y el 2007, de provocar el desplazamiento forzado a las comunidades rurales, utilizando prácticas como “las amenazas, los asesinatos y el miedo”.
Sin embargo, según aclara Pizarro, en el contexto actual existen distintas situaciones en el tema de las tierras: “Hay las que fueron abandonadas, hay tierras que están en manos de familiares y amigos, hay tierras que fueron ocupadas por campesinos pobres que en su momento las ocuparon, pero también existen tierras producto del despojo ilegal, que las han colocado a nombre de testaferros y que, incluso, posteriormente han sido adquiridas por compradores de buena fe”.
Frente a esto, Pizarro considera que cuando hubo una adquisición de mala fe, pero luego las propiedades fueron vendidas a personas que las com-praron de buena fe, éstas deben ser protegidas. “En este caso, la persona que compró lo hizo sin saber que tenía un origen ilícito. Además, esta es una práctica muy recurrente de los testaferros de los grupos armados ilegales, para así evitar que la restitución los afecte”.

DIFERENCIAS
Por su parte, Patricia Buriticá, representante de la sociedad civil para la CNRR, sostiene que es indispensable conocer la diferencia entre las situa-ciones de despojo y las de abandono, lo que también constituye una preocupación para el tema de restitución de tierras por parte del Gobierno Nacio-nal.
“Hablamos de despojo cuando a la víctima le quitan su tierra bajo amenazas; en este ámbito algunos estudios indican que hay entre tres y cuatro mi-llones de hectáreas y unas 500 mil familias reclamando sus tierras. De otro lado, hablamos de abandono cuando, por la situación de inseguridad o cual-quier otro factor, las familias deciden abandonar sus tierras y sienten inseguridad para retornar. Aquí hablamos de unas cinco millones de hectáreas más”, aclaró la comisionada.
Según Buriticá, mientras que en el tema del despojo “hay una maraña de testaferros detrás” que se han apropiado de estas tierras, en el tema del abandono “el problema es de brindar las condiciones de seguridad, de ofrecerles las garantías, para que puedan volver”.
Otra situación que se presenta con las personas que en algún momento abandonaron sus tierras, asegura Pizarro, es que muchos no quieren regresar porque encuentran mejores condiciones de vida en el sector urbano que en el rural.
Según la comisionada, la única manera para lograr este estímulo que incentive el regreso de los desplazados se fundamenta en la inversión para mejorar las condiciones de vida en las regiones.
“Es claro que el proceso de retorno no es cuestión de comprar unos predios, sino de hacer un acompañamiento rodeado de garantías: de seguridad, sobre todo, pero también de calidad de vida”, reiteró.

POLÍTICA DE TIERRAS
En este contexto, el Gobierno se ha concentrado en el desarrollo de una política integral de tierras, que pretende, principalmente, la restitución de éstas a favor de los desplazados por la violencia y las víctimas de despojo.
Uno de los principales dientes con los cuales se armará esta política, que aún no ha sido presentada ante el Congreso, es que no sean las víctimas quienes tengan que comprobar su pro-piedad sobre la tierra.
“Esta política integral de tierras irá de la mano con la reforma a la Justicia, donde se incluirá un punto especial creando jurisdicción de extinción de dominio, permitiendo que se invierta la carga de la prueba (…) así como de la Ley de Víctimas, porque son complementarias y tratan de materias afines que deben quedar perfectamente claras en una y otra ley, evitando ambigüedades”, aseguró al respecto el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, durante el debate al tema en la plenaria de la Cámara, el pasado 18 de agosto.
El Ministro de Agricultura agregó que en dicha Ley también se contempla la extinción de dominio a los predios ilícitos, de manera que éstos puedan ser utilizados para el proceso de restitución.

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