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Revive escándalo de la DNE

“El particular interesado en explotar económicamente un determinado bien debía pagar una suma de dinero a funcionarios de la Dirección Nacional de Estupefacientes para que aprobaran un contrato de arrendamiento”. En esta frase del fiscal Juan Carlos Acevedo se pueden resumir los líos jurídicos que tiene en aprietos al exdirector de esa entidad Ómar Adolfo Figueroa Reyes, quien esta semana compareció ante los estrados judiciales en el marco de la investigación por el escándalo en esa entidad.


El tema de la DNE volvió a resurgir durante los últimos días. Primero, por el anuncio de la Procuraduría en el sentido de abrir investigación en contra de trece congresistas, entre activos y retirados, por haberse involucrado en la administración irregular de bienes incautados al narcotráfico, y segundo, porque se empieza a conocer la manera como los más altos funcionarios de la Dirección amañaban la entrega de bienes.
¿Negocio familiar?
¿Cómo eran adjudicados predios confiscados? La respuesta al interrogante que se hacen buena parte de los colombianos empieza a conocerse con los detalles establecidos por la Fiscalía en sus pesquisas y expuestos durante las recientes audiencias de imputación de cargos.
La investigación de la Fiscalía refiere que era Adolfo Figueroa Abella, padre de Figueroa Reyes, el encargado de conseguir los posibles adjudicatarios de los terrenos, a los que previamente se les había hecho el proceso de decomiso.
“Adolfo Figueroa Abella tenía la tarea de la consecución de potenciales clientes que estuvieran dispuestos a tomar en arrendamiento los predios, apersonándose del cobro de la dádiva y de la forma de pago”, dijo el fiscal Acevedo.
Su labor no paraba ahí, toda vez que ajustaba los documentos de solicitud ante la entidad para que la aprobación no tuviera contratiempo.
Así se pudo comprobar que sucedió en los predios La Reforma y La Laguna, de 319 y 263 hectáreas, respectivamente. Ambos ubicados en Puerto López, Meta, se le entregaron en primera instancia a un sujeto identificado como Florentino Roa Lavado, pero luego le fueron entregados a Germán Eduardo Villamil Cardona, como consta en una resolución de la DNE de junio de 2007.
Doble negociación
Sin embargo, alcanzaron a hacer con otra persona, de nombre José Alfredo Abril Forero, un convenio de palabra para que fuera este sujeto quien se quedara con los bienes previo pago de 350 millones de pesos. A esta petición accedió Abril Forero, pero bajo la condición de que fueran recibidos en cuatro cuotas.
No obstante, reza el documento de la Fiscalía, el contrato no se suscribió toda vez que “Ómar Adolfo Figueroa y el señor Adolfo Figueroa Reyes Abella (padre) tenían un nuevo compromiso sobre los mismos predios y con mayor expectativa en el monto de la dádiva inicialmente exigida”.
Para evadir su compromiso de la negociación, le hicieron saber a Abril Forero que otras instancias de la DNE habían solicitado los predios para otras personas. A la par con la justificación le prometieron que le negociarían otros bienes.
Así las cosas, aparece Liliana María Garavito Jiménez, agrónoma oriunda de Cereté, Córdoba, como la nueva persona con la que realizarían el compromiso, que fue pactado en 1.200 millones de pesos.
Mientras lograban la negociación final con Garavito, Figueroa Reyes suscribió como depositario temporal de los predios a Óscar Castilla Alarcón, otro particular que servía de propietario temporal en tanto cerraban negociaciones con quien sería el depositario final. La entrega a Castilla la hicieron mediante una resolución de la entidad en diciembre de 2008.
Y pese a que el contrato con Garavito y los funcionarios de la DNE fue firmado en enero de 2009 sería solo hasta mayo de ese año cuando le entregarían las fincas.
Funcionarios involucrados
“Entre los delegados de la DNE estaban Jairo Muñoz Prada, abogado de la oficina jurídica, y Manuel Francisco Ospino, abogado adscrito de la subdirección de bienes rurales, que apoyan y permiten que se le entreguen los bienes a Liliana Garavito, sin que todavía se hubieran cumplido los requisitos legales para ello”, sostiene la investigación.
A raíz de esto, el fiscal Acevedo fue enfático en señalar que los funcionarios citados “se apartan de la ley para colaborar activamente con el amañado e ilegal manejo que se venían dando con estos predios”.
La ilegalidad a la que se refiere el representante del ente acusador está relacionada con la falta de una póliza que se les exige a los arrendatarios para proteger a los bienes de posibles riesgos, incluidos los actos terroristas.
El caso de los congresistas
Irregularidades como las reseñadas serían apenas la punta del iceberg del escándalo de corrupción en Estupefacientes, ya que los trabajos que siguen la Fiscalía así como la Procuraduría, se espera que hagan encender pronto el ‘ventilador’ sobre los congresistas.
El listado de los llamados por el Ministerio Público es conformado por los actuales parlamentarios Myriam Paredes, Óscar Fernando Bravo, Hernán Andrade y Álvaro Ashton Giraldo. Al igual que por los excongresistas Javier Cáceres Leal, Héctor José Ospina Avilés, Ómar Yepes Alzate, Eduardo Enríquez Maya, Luis Humberto Gómez Gallo, Enrique Rafael Caballero, Miguel Pinedo Vidal, Cristóbal Rufino Córdoba y Lucero Cortés Méndez.
Insiste el ente de control en que estos parlamentarios habrían ofrecido dádivas a funcionarios de la DNE para que les entregaran predios a sus amigos y familiares. Está por establecerse si la operación con los congresistas era igual que la que tenían montada para particulares.
Datos:
- Jairo Muñoz Prada era contratista de la DNE para la época de los hechos y actualmente labora en la Contraloría General de la seccional del Cesar.
-  Para este 6 de diciembre se espera conocer si a los implicados en este proceso se les dará la medida de aseguramiento.
Los cargos
A Ómar Adolfo Figueroa Reyes se le imputaron los cargos de concierto para delinquir, fraude procesal, peculado por apropiación, concusión y falsedad ideológica, en calidad de coautor. Mientras que como autor se le endilgó prevaricato por acción. En la audiencia no aceptó ninguna de esas conductas delictivas.
A las otras personas que asistieron a la audiencia las imputaron así: Liliana Garavito Jiménez, cohecho (autora). No aceptó.
Manuel Ospino Rodríguez, concusión y prevaricato (coautor para ambos). No aceptó.
Javier Mantilla Sandoval, peculado por apropiación (coautor). No aceptó.
Óscar Castilla Alarcón, prevaricato por omisión y falsedad en documento público (coautor en ambos). Aceptó.
Luis Fernando Rojas Cañón, falsedad en documento privado (coautor). Aceptó.
Jairo Muñoz Prada, prevaricato por acción (coautor), no aceptó.
Hasta los conductores con predios
En la vereda La Libertad, del municipio de Villanueva, Casanare, está el lote identificado con el nombre de Los Morichales, cuya extensión alcanza las 836 hectáreas. En los registros de la DNE aparece como custodio de ese terreno Luis Fernando Rojas Chacón, conductor de la familia de José Abril Forero, a quien le cambiaron los terrenos del Meta por los de Casanare. De acuerdo con la Fiscalía, Figueroa Abella acomodó la hoja de vida de Rojas Chacón haciéndolo pasar como especialista en temas agrícolas para presentarla ante la DNE, entidad que le dio el visto bueno.

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