Los micos colmaron los árboles de la sociedad colombiana esta semana. Luego de que el Congreso aprobara la Reforma a la Justicia (117 contra 10, en la Cámara; y 60 contra 16, en el Senado), no demoraron en saltar los opositores e “indignados”, señalando el acto legislativo como un compendio de beneficios para los congresistas. (Lea: Cronología de la reforma a la justicia)
El presidente Juan Manuel Santos, cuyo gobierno presentó la iniciativa de reforma, anunció el jueves en la noche por televisión que devolverá al Congreso el acto legislativo “con objeciones, por razones de constitucionalidad y también de conveniencia”, advirtiendo que la entrada en vigencia de esta norma, que modifica la Constitución, significaría un gran colapso de la justicia.
Régimen de beneficios
El representante a la Cámara, Iván Cepeda, señala, luego de que el presidente devolviera la reforma, que “lo importante es que ni el Gobierno ni el Congreso persistan en aprobar semejante adefesio”, y que su partido el Polo Democrático no apoyaría, de ninguna manera, enmiendas o maquillajes a la reforma.
“Eso hay que hundirlo o derogarlo, y espero que eso lo entienda el Congreso, los sectores cercanos a Uribe y quienes se beneficiarían con ella”, dice Cepeda.
En declaraciones de La FM, el representante Germán Navas Talero, indicó que no se trataba de unos “micos” sino de toda una reforma pensada en beneficios para los congresistas.
Por otra parte, Óscar Dueñas, miembro del movimiento ciudadano Manos Limpias Colombia quienes han liderado campañas de indignación como la Corzotón o Fuera Merlano señala que “lo más conveniente para el país es tumbar esa reforma y comenzar de cero”.
Ambos coinciden en que el acto legislativo no fue concebido como una herramienta para descongestionar la justicia que es lo que realmente le falta al país sino como una lista llena de privilegios para los congresistas, funcionarios de alto nivel y aforados, que buscan la impunidad.
“Es un claro intento de revertir los avances que se han tenido en procesos como la parapolítica o las chuzadas, para poner en libertad a excongresistas y exministros investigados”, asegura Cepeda.
Obstáculo para la paz
La exsenadora Piedad Córdoba, en su visita a Cartagena, se refirió a la Reforma, y celebró que el presidente Santos reaccionara con la intención de objetarla.
“Este proyecto logra privilegios para unos sectores, pero mucha impunidad para lo que necesitan los colombianos: el derecho a la justicia”, dijo Córdoba.
Calificó la reforma como una “de las peores propuestas de ley que han pasado por el Congreso”, y concluyó que haberle hecho todas esas modificaciones a la justicia es muy grave para la paz.
Referendo derogatorio
Sectores indignados se preparan para impulsar un referendo derogatorio de la reforma, ya que no tienen claro si la devolución del proyecto por parte del Presidente está soportada legalmente.
La próxima semana esperan iniciar la recolección de 180 mil firmas para inscribir al comité promotor de la iniciativa popular, que está conformado por 7 movimientos en el país. (Más información en: Tumbar’ la Reforma a la Justicia por medio de un referendo tardaría meses)
Es la primera vez que un presidente devuelve una reforma constitucional, señalando objeciones, hecho del que el Movimiento Manos Limpias considera que “hay gran confusión jurídica” respecto a la actuación del Presidente.
“Hay una cantidad de dudas, no se sabe si lo que el Presidente hizo se puede hacer”, dice Dueñas.
Expertos señalan que lo que normalmente resulta en una reforma es que, una vez aprobada por el Congreso, este la envía al Presidente para su publicación.
Sin embargo, el constitucionalista Carlos Villalba fue enfático, y señaló que “ningún presidente puede objetar actos legislativos reformatorios de la Constitución”.
Considera que la decisión del Presidente no tiene porqué producir consecuencias de carácter jurídico, sin embargo, “no se sabe cuál puede ser la reacción del presidente del Senado o la Cámara, respecto a quién se lo vaya a devolver, entre otras cosas porque se ha creado un estado de necesidad constitucional”. (Lea también: Corte cerraría puerta al Gobierno para objetar reforma a la justicia)
Villalba explicó que una vez los actos legislativos son aprobados y conciliados por el Congreso, se ordena su publicación y, tan pronto se publican, entran a regir.
A revisar objeciones
Los congresistas de Bolívar, quienes la mayoría votaron favorablemente el proyecto de reforma, opinaron y algunos dijeron que desde que comenzó el proyecto, “tuvo muchos tropiezos”.
Sandra Villadiego, representante a la Cámara por el partido de la U, considera que se debe presentar un nuevo acto legislativo para el nuevo periodo, incluso, presentar un nuevo proyecto.
Por su parte, el representante por el Partido Conservador, Pedrito Pereira, cree que la controversia se originó en la presentación de los dos textos de la reforma (de Senado y Cámara) para la conciliación.
“La reforma llevaba un trámite normal, fue durante la conciliación que se suscitó la controversia, ya que es un espacio en el que no se discute, sino que se acoge o rechaza”, señaló Pereira.
El representante Hernando Padauí y la senadora Dayra Galvis concuerdan en que hay que revisar cuáles son las objeciones del Presidente.
El primero, considera que no hay claridad sobre los procedimientos en los casos en que el Presidente devuelve una reforma aprobada por el Congreso, y que habría que revisar la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Galvis, sin embargo, dice que no sabe si hay “micos” o no, y justifica su votación positiva en que la reforma trae muchos avances que no solo benefician a los congresistas.
Solicitudes de libertad
Aprobada esta reforma, se prevé que en los próximos días muchos exfuncionarios investigados en casos como la parapolítica, yidispolítica o el “carrusel de contrataciones” presenten solicitudes de libertad o de nulidad de lo actuado.
Lo anterior, dado que el principio de favorabilidad señala que los procesados tienen derecho a ser investigados por la reglamentación que más les convenga.
El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla Paucar, explicó que es una de las consecuencias que dejó la aprobación de esta reforma que incluye una modificación al sistema de juzgamiento de los aforados.
Esto también dejaría en vilo procesos como el adelantado por Agro Ingreso Seguro y las chuzadas del DAS.
Los promotores del referendo revocatorio llaman a los ciudadanos a estar alertas, pues consideran que “es la oportunidad para plantear un debate nacional sobre una verdadera reforma a la justicia”.
Indignados por la aprobación de la reforma, pero satisfechos con la reacción ciudadana, creen que, contrario a lo “histórico de la reforma”, lo verdaderamente histórico está pasando con la ciudadanía, y con la unión de la sociedad civil, movimientos indignados y los medios de comunicación.
“Un camino a la impunidad del Congreso”: MOE
A través de un comunicado, la Misión de Observación Electoral (MOE) opinó sobre la Reforma a la Justicia: “Esta es la más grave de las 37 reformas a la Constitución de 1991. Por su contenido más que una reforma a la justicia es una contrarreforma política a los logros alcanzados en los últimos años en la lucha contra la corrupción, y la relación entre política y grupos armados ilegales.
El camino hacia la impunidad se resume en estos cuatro puntos:
- Incluir al Procurador y al Contralor dentro del antejuicio de responsabilidad política del Congreso genera un círculo vicioso de impunidad entre los responsables de estas entidades y los congresistas.
- La exigencia de la presentación personal de los ciudadanos para denunciar a los aforados y la eliminación del principio de oficiosidad en las investigaciones, restringe la iniciación de juicios políticos, penales y disciplinarios.
- Las graves modificaciones realizadas a la pérdida de la investidura la desnaturalizan y la hacen prácticamente inoperante.
- El procedimiento adoptado para la investigación y juzgamiento de aforados en la Corte Suprema de Justicia hará prácticamente imposible la aplicación de la silla vacía y las sanciones de responsabilidad política de los partidos.
“Es evidente que lo que el congreso hizo fue modificar y generar todo un sistema de privilegios para que sus procesos de investigación y juzgamiento fueran mucho más laxos y de esta manera evitar la aplicación de cualquier sanción”, concluyó Alejandra Barrios, directora de la MOE.
Indignación digital
Conocida la aprobación de la Reforma a la Justicia, los comentarios en contra del Congreso inundaron las plataformas sociales en la internet.
En Twitter, los comentarios de rechazo se agrupan en el hashtag #SeMueveLaContraReforma:
- @MafeCarrascal Que ni el Congreso ni @JuanManSantos nos crean tan pendejos.
- ?@DanielSamperO El gobierno de Santos está dinamitando la Constitución tanto como lo hizo el de Uribe, ¡qué vergüenza!
- @CLOPEZanalista Vamos a demostrarle al Congreso y al Gobierno q no pueden pisotear la ciudadanía y autoconcederse impunidad.
- @NataliaDeLaV ¿Se acuerdan que aún nos queda algo de la Constitución del 91? Los ciudadanos tenemos el poder.
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