El acto legislativo que busca la creación de un tribunal especial para juzgar a altos funcionarios del Estado, es para algunos miembros de la rama judicial una “retaliación” por las últimas decisiones tomadas por la Corte Suprema de Justicia con relación a congresistas, y un proyecto que busca la impunidad política. El pasado 7 de septiembre, el senador del partido de La U Manuel Enrique Rosero radicó el proyecto de acto legislativo que busca la modificación del Artículo 116 de la Constitución Política, que se refiere a las funciones judiciales. Según el autor del proyecto, “hoy existe una violación flagrante del derecho fundamental de la doble instancia, que incluso ha sido reconocido dentro del bloque de constitucionalidad”. De este proyecto, básicamente son dos puntos los que han generado mayor controversia. El primero tiene que ver con el hecho de quitarle a la Corte Suprema de Justicia la competencia de investigar y juzgar a altos funcionarios del Estado y congresistas. El acto legislativo plantea que el nuevo tribunal especial deberá tener la facultad para investigar penal y disciplinariamente a los Magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura; al Fiscal General; al Procurador General; al Contralor General y a los congresistas. Con esta propuesta, el número actual de estos altos funcionarios se amplía con el Procurador General y el Contralor de la República. El Presidente de la República también podría ser investigado y juzgado por este tribunal, pero solamente de manera penal. En la parte disciplinaria el Congreso adelantaría los procesos respectivos. “Cuando el Presidente de la República o quien haga sus veces sea acusado por mala conducta en el ejercicio del cargo, se impondrán sanciones político-disciplinarias que pueden llegar hasta la destitución del cargo. Esta competencia será del Congreso”, señala el proyecto de acto legislativo. El segundo de los puntos que ha generado debate tiene que ver con la elección de los magistrados que compondrían ese tribunal, pues se propone que sea el Consejo Superior de la Judicatura el que tenga esta responsabilidad. El artículo tres del documento señala: “Corresponde al Consejo Superior de la Judicatura, conjuntamente la sala administrativa y disciplinaria, elegir a los Magistrados del Tribunal Nacional Especial para periodos individuales de ocho años, integrado por nueve Magistrados”. EL RECHAZO Las Altas Cortes fueron las primeras en pronunciarse y rechazar la iniciativa, asegurando que el proyecto es inconstitucional porque propone una reforma sustancial de la Constitución de 1991. El vicepresidente de la Corte Suprema, magistrado Jaime Arrubla, sostuvo que “lo que se está haciendo con el proyecto es poner un obstáculo a mitad de camino, quitándole esa competencia a la Corte e impidiendo que se haga justicia”. Explicó que justamente sale el proyecto cuando se está llevando una de las investigaciones más importantes de los últimos tiempos en torno al fenómeno de la ‘parapolítica’, aduciendo una intención de “impunidad” en los procesos de congresistas que ya están adelantando y en los que vendrán. A título personal, el magistrado advirtió que lo que transmite el proyecto es el mensaje de que Colombia es un país con una cúpula en el Estado de delincuencia. El magistrado Arrubla señaló que confía en el criterio del Congreso y el curso que le dé a este proyecto. A su turno, el presidente del Consejo de Estado, Rafael E. Ostau De Lafont, consideró que ese proyecto debe analizarse con seriedad, porque suscita inquietudes y polémicas. “No es necesario hacer una propuesta como esa, porque la Corte está cumpliendo con sus funciones constitucionales”, dijo De La Font. Además, calificó esa iniciativa como “compleja, confusa y sin profundidad” y agregó que lo único que logra es generar polémica después de la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema, de devolver los casos de ex congresistas a la Sala Penal del alto tribunal. ELECCIÓN DE MAGISTRADOS En lo que se refiere a quién debería elegir a los nueve magistrados que integrarían el tribunal especial, el magistrado Jaime Arrubla cuestionó que sea el Consejo Superior de la Judicatura. Indicó que el proyecto dice que la elección de ese nuevo tribunal se hará en Sala Plena de Consejo Superior y a esa sala iría la Disciplinaria –o sea que ocuparían la mayoría de los votos– la cual sale del Congreso y de unos candidatos ternados por el Presidente de la República. Eso quiere decir que “ese nuevo tribunal sería elegido indirectamente por el Congreso, para que juzgue al Congreso”, precisó Arrubla. En cuanto a la cantidad de magistrados que compondrían el tribunal, el Vicepresidente de la Corte Suprema indicó que “nueve es la misma cantidad de magistrados que hay para juzgar a todos los presuntos delincuentes del país. Estamos dejando el sabor que acá en Colombia todos los dirigentes y altos funcionarios son delincuentes". Estas opiniones no distan de la de algunos ex magistrados. José Gregorio Hernández fue claro en señalar el proyecto no puede tocar elementos esenciales de la Constitución Política, así esté habilitado. Para Hernández, “ese acto legislativo implica reformar la Constitución del 91 por otra”. También se refirió a que no es oportuna esa propuesta, ya que hay congresistas que están siendo juzgados y hay una avalancha de casos de ‘parapolítica’. LO POLÍTICO El ámbito político tampoco fue ajeno al reciente acto legislativo. El miembro de la Comisión de Acusaciones Jaime Durán Barrera, consideró que el proyecto es inoportuno, pero no descartó la posibilidad de que se haga una reforma al juzgamiento de altos funcionarios. Dijo que lo que se debe hacer es darle más atribuciones a esta Comisión, para seguir con su poder de investigar a altos funcionarios como el Fiscal, magistrados y el Presidente de la República. “Deben ajustarse las herramientas para que la Comisión siga siendo el juez natural de altos funcionarios”, sostuvo Barrera. Entre otras opiniones están las del presidente de Congreso, Javier Cáceres Leal, quien pidió total respeto por la Corte Suprema de Justicia. “Respeto con nuestro juez natural. Estoy satisfecho con que ella nos juzgue. Yo he aceptado desde siempre que los congresistas representamos la fe pública, la creencia, la esperanza y el ejemplo del país, que no deberíamos tener una doble instancia y que debemos ser juzgados con mayor dureza que a otro ciudadano por lo que encarnamos”, sostuvo Cáceres. Para el senador Armando Benedetti, la propuesta suena amenazante y “sobre todo violatorio de la Constitución, porque la Corte es un poder más del Estado que merece respeto”. Además, el Senador dijo que crear un nuevo tribunal es romper con el sistema de pesos y contrapesos del Estado, porque crea un nuevo ente judicial sin justificación ni control alguno. El punto final a este tema, en caso de que proyecto pasar los 8 debates, lo tendría la Corte Constitucional, que entrará a valorar la pertenencia de la iniciativa dentro del marco de la Constitución Política.
Cartagena
“Megatribunal” causa polémica en el país
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