La magistrada de la Sala Civil de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Judicial de Cartagena, Laura Helena Cantillo Araújo, admitió la Acción de Tutela presentada por la Asociación de Pescadores y Agricultores de Pasacaballos, Coopesca, en contra de los ministerios de Ambiente e Interior, Dirección General Marítima y Portuaria (Dimar) y la firma Dragados Hidráulicos, S.A. por la ejecución de las obras de dragado del Canal del Dique sin la previa consulta a las comunidades negras del entorno de ejecución de este proyecto.
En la decisión, la magistrada ponente se abstuvo de suspender la ejecución de las obras inconsultas y solicitó un informe general sobre la violación al debido proceso por la no realización de la obligatoria consulta a las comunidades de la zona de influencia de la obra tal como obliga la ley.
Las partes accionadas deberán rendir el informe en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación de la decisión judicial.
Un aparte del argumento expuesto por los accionantes en la tutela dice: "Es preocupante que las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de la legalidad colombiana sean justamente las que más se hacen las oídos sordos, sobre todo teniendo en cuenta que las cortes Constitucional y Suprema de Justicia y el Consejo de Estado en infinitas oportunidades han señalado lo vinculante de la realización de estas consultas para la ejecución de proyectos, como el de dragado del Canal del Dique, a las comunidades de su área de influencia, como lo establece la Ley 70 de 1993 y sus decretos reglamentarios”.
informó el abogado accionante Wilman Herrera Imitola.
Comentarios ()