Agentes de tránsito del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) realizaron un plantón en el Concejo Distrital en la mañana de este jueves para reclamar la entrada en vigencia en Cartagena de la Ley 1310 de 2009 que los eleva del nivel asistencial al técnico, con lo que ganarían mayor estabilidad laboral y mejor salario.
Los agentes expusieron ante los cabildantes que a pesar de que la ley tiene 8 años de haber sido sancionada en el Congreso, en Cartagena aún no ha sido adoptada lo que va en detrimento de quienes viven de este oficio.
“La Ley 1310 es un reconocimiento a los riesgos laborales que enfrentamos los agentes de tránsito. Este es un oficio en el que estamos expuestos a distintas enfermedades dadas las condiciones propias del trabajo, pues pasamos muchas horas a la intemperie, bajo el sol y recibiendo todo el polvo de las vías; además estamos altamente expuestos a accidentes de tránsito, y a ser agredidos físicamente por los conductores y viandantes; los ejemplos de agresión son muchos”, comentó Rafael Pupo, jefe del sindicato de los agentes de tránsito en Cartagena.
Otra de las razones expuestas en el Concejo hace referencia a que los agentes son los responsables de los levantamientos de cadáveres por accidentes de tránsito, lo que los ubica en una posición técnica amparada ampliamente por la ley 1310.
“Antes de la ley, un bachiller con libreta militar podía aspirar a ser agente de tránsito; ya eso no es posible. Ahora hay que formarse para ello; el Sena ofrece el curso técnico que dura un año: seis meses de período académico y seis meses de práctica”, manifestó Pupo, al tiempo que aclaró que quienes estudian esta carrera técnica tienen además todas las empresas de Mamonal, como posible plaza laboral.
Con la entrada en vigencia de esta Ley, los agentes más antiguos en Cartagena pasarían de ganarse $1’565.000 a $2’.400.000 y los que tienen menos de 5 años en la institución, $2’200.000, lo que significaría un incremento de más del 60%, aproximadamente.
La propuesta fue bien recibida por los concejales, quienes se comprometieron con los agentes a propiciar el debate la próxima semana.
El concejal Javier Curi manifestó que los exponentes del proyecto tendrán que explicar con mayor claridad los conceptos jurídicos sobre los cuáles se soporta la propuesta.
"Necesitamos saber si hay disponibilidad presupuestal para atender el incremento del gasto que se generaría; esta iniciativa tiene que ser una responsabilidad compartida entre el Concejo y la Administración, precisó Curí.
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