La Procuraduría conformó un grupo de trabajo para atender el elevado hacinamiento que se presenta en la cárcel de Cartagena, San Sebastián de Ternera.
Para el Ministerio Público el hacinamiento en este centro penitenciario y carcelario conlleva serios problemas de higiene, salubridad, seguridad para los internos, para los guardianes, y de orden público para el Distrito de Cartagena.
Esto debido a que el número de internos es de 2.580, de los cuales 1.274 son condenados y 1.306 son indiciados, cuando la capacidad del centro es para 1.030 personas.
Ante esta realidad, la Procuraduría Regional de Bolívar convocó a una reunión con la Defensoría Regional del Pueblo de Bolívar, la juez 2 de ejecución de penas y medidas de seguridad, el director del centro penitenciario y servidores del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) para evaluar la situación y adoptar las medidas pertinentes.
Dentro de las decisiones que se adoptarán está una relacionada con la necesidad de identificar a los internos que cuentan con los requisitos para acceder a los beneficios de la libertad condicional. Sin embargo, a la fecha no se cuenta con los profesionales calificados para realizar este proceso, por lo cual se hace necesario el nombramiento de funcionarios de planta.
Igualmente, se acordó realizar una nueva reunión, a la que han sido convocados el gobernador de Bolívar, el secretario del interior del departamento, el alcalde de Cartagena y el secretario del interior del distrito para tratar de hallar una solución.
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