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Agricultura africana, entre alimentar a su población o exportar

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La competencia por obtener superficies agrícolas en África, ya sea compradas o arrendadas, para producir biocarburante para los occidentales o alimentar a Asia, es una bomba de relojería en un continente que no logra saciar el hambre de sus habitantes.

Las inversiones en compras o arrendamientos de tierras, difíciles de cuantificar, provocaron fuertes tensiones en los últimos años, principalmente en Madagascar, donde Corea del Sur, con el grupo Daewoo, esperaba adquirir 1,3 millones de hectáreas para cultivar la mitad de su maíz.

La fuerte polémica causada por la transacción, finalmente anulada, contribuyó a la caída del presidente Marc Ravalomanana a comienzos de 2009.

Actualmente, la isla ya no vende terrenos y se limita a alquilar pequeñas superficies de entre 5.000 y 30.000 hectáreas, para proyectos mayoritariamente europeos y centrados en la producción de agrocarburantes.

Pero la fiebre por la tierra africana sigue en otros países, en un continente que necesita triplicar su producción de alimentos de aquí a 2050 para dar de comer a una población en rápido aumento.

El asunto no figura en la agenda oficial de la cumbre de la ONU sobre desarrollo sostenible Rio+20, prevista del 20 al 22 de junio, pero será expuesto por las ONG.

Las dificultades no se limitan al daño ecológico (deforestación, agotamiento de recursos hídricos) causado por la adquisición de grandes extensiones agrícolas.

De Madagascar a Liberia, pasando por Mozambique, la constatación es la misma: los contratos son opacos, las tierras se venden demasiado baratas, la población no es consultada e incluso a veces se ve desplazada sin posibilidad de defenderse en caso de conflicto, los beneficios a nivel local son insuficientes y la tierra es acaparada por proyectos que al final acaban abandonados.

"Todas las adquisiciones recientes de tierras en Camerún parecen chocantes, por su magnitud, los precios extremadamente bajos (hasta medio dólar por hectárea y año), por la duración inusual en nuestros países (hasta 99 años) y por su carácter secreto", explica Samuel Nguiffo, secretario general de la ONG Centro para el medio ambiente y el desarrollo.

En Liberia, la mitad de las tierras arables pasó a manos de extranjeros, lo que plantea para los locales un problema de acceso a los alimentos y a los ingresos derivados de la agricultura, según el Centro Internacional de la Universidad de Columbia para la Resolución de Conflictos.

El pasado diciembre, la presidenta liberiana Ellen Johnson Sirleaf admitió "errores" tras unos enfrentamientos violentos al hilo de una concesión de 220.000 hectáreas acordada en 2009 a un grupo malasio, Sime Darby, para cultivar aceite de palma y árboles del caucho.

África alberga alrededor del 60% de tierras no cultivadas del mundo, lo que la convierte en una región clave para la seguridad alimentaria del planeta.

Y algunos países como Bangladesh alientan explícitamente a la compra de tierras para alimentar a sus 150 millones de habitantes. Así, empresas bangladesíes han cerrado contratos para el cultivo del arroz en Uganda y Tanzania.

En Gambia, sin embargo, el gobierno se negó a ceder tierras tras los violentos enfrentamientos ocurridos en 2011 en el vecino Senegal.

Un proyecto privado italiano de producción de biocarburantes a partir de una extensión de 20.000 hectáreas de batatas (Senethanol) provocó choques entre habitantes en Fanaye (norte), dejando dos muertos y una veintena de heridos, hasta que finalmente el gobierno senegalés lo congeló.

En Mozambique, un país muy vasto donde sólo una sexta parte de las tierras arables están cultivadas, y donde se cultiva jatrofa para la producción de biodiésel, la asociación Justiça Ambiental estima que las inversiones exteriores "crean conflictos, agravan la pobreza y la vulnerabilidad de las poblaciones rurales".

Según datos de la FAO de 2009, sólo el 8,5% de las tierras en África están cultivadas y el 5,4% irrigadas.

Antes que ceder a las sirenas de la agroindustria, las asociaciones estiman que sería preferible ayudar a los agricultores locales con simientes y mejores infraestructuras de almacenamiento o transporte para evitar que se les pudra una parte de la producción.

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