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CIDH pide a Brasil que suspenda represa en la Amazonía

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a Brasil que suspenda inmediatamente la construcción de la represa de Belo Monte, en plena Amazonía, y que consulte con los pueblos indígenas afectados, según un comunicado difundido este martes. 

La CIDH solicitó “que el Gobierno de Brasil suspenda inmediatamente el proceso de licencia del proyecto de la Planta Hidroeléctrica Belo Monte y que impida la realización de cualquier obra material de ejecución”, según el comunicado enviado a la AFP. 

La Comisión difundió inicialmente la versión de que sólo había pedido  “medidas cautelares” de protección para una docena de pueblos indígenas, entre ellos comunidades que viven en aislamiento voluntario en la cuenca del río Xingu, donde se tiene planeada la megaobra. 

Las peticiones de la CIDH, un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), no obligan legalmente a los Estados miembros. 

“La solicitud de medida cautelar alega que la vida e integridad personal de los beneficiarios estaría en riesgo por el impacto de la construcción de la usina hidroeléctrica Belo Monte”, explicó el texto. 

El gobierno brasileño reaccionó y se declaró a su vez “perplejo” y consideró “precipitadas e injustificadas” las medidas solicitadas. 

La CIDH pidió que la consulta con los pueblos indígenas sea “previa, libre, informada, de buena fe, culturalmente adecuada, y con el objetivo de llegar a un acuerdo”. 

La represa de Belo Monte tiene un costo total de unos 11.000 millones de dólares y de completarse será la tercera en el mundo en términos de capacidad. 

“Adicionalmente, la CIDH solicitó al Estado garantizar que (...) las comunidades indígenas beneficiarias tengan acceso a un Estudio de Impacto Social y Ambiental del proyecto, en un formato accesible, incluyendo la traducción a los idiomas indígenas respectivos”, añadió el comunicado. 

“Están siendo observadas con rigor absoluto las normas pertinentes para que la construcción -de la hidroeléctrica- tenga en cuenta todos los aspectos sociales y ambientales”, aseguró la cancillería brasileña en su comunicado. 

El proyecto ha generado polémica dentro y fuera de Brasil por los miles de desplazados que conllevará.

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