Empieza última ronda contra el cambio climático en Barcelona

Los negociadores de casi 180 países esperan bosquejar a partir del lunes un plan que recaude decenas de miles de millones de dólares al año para luchar contra el cambio climático, cuando inicie una ronda final de conversaciones antes de una conferencia clave en Copenhague el mes próximo. La reunión de cinco días que empieza en Barcelona reanudará el trabajo para elaborar un acuerdo que sustituya al protocolo de Kioto de 1997, el primer reporte internacional sobre control de emisiones de dióxido de carbono y otros gases contaminantes. Los negociadores deben condensar un montón de propuestas, trabajar en una redacción controversial y opciones poco populares y formular un acuerdo práctico que sea aceptado por las 192 naciones que acudirán a la cumbre de Copenhague entre el 7 y 18 de diciembre. Sin embargo, ya no queda mucho tiempo y el escepticismo gana terreno cuando se pone en entredicho la posibilidad de que se apruebe en la capital danesa uno de los tratados más complejos de la historia. Las negociaciones del nuevo tratado empezaron hace dos años y persisten las divisiones entre países industrializados y países en vías de desarrollo sobre los compromisos a la hora de reducir emisiones de efecto invernadero. "Es realista decir que en Copenhague no se logrará aprobar un tratado, pero es importante formular el marco político que será la base de ese tratado", dijo el viernes la canciller alemana Angela Merkel durante una cumbre europea en Bruselas. Aún obteniendo esa estructura política, dijo, "las negociaciones se alargarán por más tiempo hasta que lograr ese tratado". Los activistas a favor del medio ambiente advirtieron sobre el peligro de perder la fe. "Es crucial que mantengamos altas las ambiciones", dijo Kim Carstensen, una estratega del World Wildlife Fund (Fondo Mundial para la Vida Silvestre), preocupada por el hecho de que un fuerte pesimismo contribuya al fracaso en Copenhague. El protocolo de Kioto exigía que 37 países redujeran sus emisiones antes de 2012 por una media del 5% desde niveles de 1990. El protocolo no exigió nada a los países en vías de desarrollo. Estados Unidos lo rechazó diciendo que perjudicaba a su economía.