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Ley ambiental espera intensa polémica en Senado de Brasil

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El controversial proyecto de ley que modifica la forma en que Brasil protege sus bosques podría encender de nuevo el enfrentamiento entre ambientalistas y ruralistas cuando se discuta en el Senado, vaticinó el diputado que redactó la iniciativa. 

No obstante, Aldo Rebelo consideró que la versión del Código Forestal que saldrá de la cámara alta del Congreso será similar a la que votaron los diputados el 24 de mayo. Aún no hay fecha para el debate en el Senado. 

Para Rebelo, el proyecto que redactó para actualizar el Código Forestal de 1965 consigue equilibrar la preservación de los bosques con la producción agrícola, mientras que ambientalistas lo califican como una “licencia para deforestar”. 

“Nosotros no vamos a reducir en nada nuestra vegetación nativa. Tenemos 60% del territorio protegido y la ley prohibe cualquier posibilidad de deforestación”, aseguró Rebelo en una entrevista con AP. 

Acotó que “nuestro esfuerzo fue por alcanzar un pacto entre preservar lo que está verde y consolidar lo que está en uso por la agricultura”. 

Rebelo, legislador del Partido Comunista de Brasil (PCdoB) de 55 años y periodista de profesión, se ha convertido en un villano para las organizaciones ambientalistas que lo acusan de ceder a los grandes productores agrícolas que buscan ampliar el espacio productivo a expensas de los bosques. 

“Brasil ha sido un líder en los esfuerzos internacionales por proteger los bosques y reducir el cambio climático, pero la votación (del código) para liberar la deforestación de miles de hectáreas actualmente protegidas amenaza con socavar su posición en el escenario mundial”, declaró en un comunicado Steve Cochran, vicepresidente del Fondo de Defensa Ambiental. 

Incluso la presidenta Dilma Rousseff se pronunció sobre la votación al advertir que “la deforestación no puede ser amnistiada” en una amenaza de vetar el proyecto si no es modificado en el Senado. 

Para el diputado Rebelo, estas posturas reflejan un desconocimiento de lo que fue aprobado en la cámara baja. 

Aseguró que su proyecto no incluye ni “amnistía” ni “perdón” para quien deforesta ilegalmente, sino que busca consolidar áreas que fueron abiertas para uso agrícola hasta 2008, año en que el gobierno emitió un decreto que exime de sanciones a los productores que hubieran deforestado con fines agrícolas antes de ese año a cambio de su regularización. 

Recordó que hay áreas en Brasil que fueron abiertas para la agricultura desde el siglo XVI. Más recientemente, en los siglos XVIII y XIX se despejaron bosques para cultivar café, mientras en los años 30 y 40 del siglo pasado se promovió la ocupación del estado occidental de Mato Grosso. 

Más recientemente, en los años 60 y 70, la entonces dictadura militar promovió la migración de agricultores del noreste y el sur del país a la Amazonia para producir en el bosque húmedo. 

Aunque el Código Forestal vigente data de 1965, la legislación ambiental fue modificada en los años 80 y 90 mediante decretos que exigieron áreas de reserva legal que no existían cuando comenzó la producción agrícola. 

Tales decretos establecen que propiedades rurales en la Amazonia deben tener una reserva boscosa de 80%, mientras que en la sabana tropical conocida como Cerrado la reserva es de 35% y de 20% en otros ecosistemas. 

Además de esa reserva legal, la ley brasileña protege otras áreas sensibles como cumbres de cerros, laderas empinadas y orillas de río, en los que desde 1998 se exige un área de bosque de entre 30 y 500 metros según lo ancho del río. 

“Casi 100% de los 5,2 millones de agricultores brasileños no tienen cómo cumplir esa legislación”, aseguró el legislador al defender que se permita que esas áreas abiertas permanezcan como están, bajo el riesgo de condenar a los productores a la ilegalidad. 

El decreto que suspendió las multas en 2008 fue renovado un año después ante la evidencia de que los agricultores no se habían regularizado. Esta semana, la presidenta Rousseff renovó por segunda vez el decreto que levanta las sanciones por un plazo de 180 días, mientras se discute el Código Forestal en el Senado. 

Rebelo explicó que la versión del Código votado por los diputados modifica la legislación actual al permitir que pequeños productores, con hasta 400 hectáreas de tierra, no sean obligados a recuperar los bosques hasta los límites que establece la ley, sino que mantengan la reserva legal que ya tenían hasta 2008. 

Los productores grandes, con 1.000 o más hectáreas de tierra, sí tendrán que cumplir con la preservación pero concede facilidades, como compensar las áreas deforestadas con áreas protegidas fuera del estado donde opera o incluso pagando al gobierno por áreas protegidas que el gobierno expropió pero aún no pagó. 

Esta no es la primera vez que Rebelo está en el centro de la polémica. En 2003 fue el redactor de la ley de bioseguridad que reguló la investigación y producción de organismos genéticamente modificados, rechazada por ambientalistas, y legalizó la investigación con células madre, demonizada por la Iglesia Católica y otras denominaciones cristianas.

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