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Luisiana muy afectada por la marea negra, pero sigue aferrada al petróleo

“Limpien las playas pero no toquen nuestras perforaciones”, dicen los habitantes de las zonas dañadas por la marea negra en el sur de Estados Unidos, asustados por la suspensión a la prospección petrolera marina decretada por el presidente Barack Obama.

En el estado de Luisiana, que obtiene aproximadamente 16% de su riqueza del petróleo, la decisión anunciada a fines de mayo por el presidente estadounidense, Barack Obama, no pasa bien, incluso en Grand Isle, una estación balnearia cuya playa está cerrada por la marea negra y desde la que se pueden ver las plataformas petroleras mar adentro.
“Seis meses de suspensión: eso matará esta región”, se alarma Edmond Camardelle, un señor de 84 años que ha acudido a constatar los daños sufridos por la ciudad en la que pasó la mitad de su vida. “Todas estas plataformas y estos empleos se irán a otros países”, vaticina.
Como muchos habitantes del estado sureño, Camardelle estima que la marea negra no justifica la suspensión sobre las prospecciones en aguas profundas, que condena al paro técnico a 33 plataformas del Golfo de México
El gobierno de Obama decretó la suspensión para un periodo de seis meses, el tiempo de establecer las causas de la explosión y posterior hundimiento de la plataforma de British Petroleum (BP) Deepwater Horizon que perforaba a 1.500 metros de profundidad antes del accidente del 20 de abril.
La industria del petróleo bombea crudo frente a las costas de Luisiana sin incidentes desde hace décadas, indica Camardelle, quien estima que “no hay que quejarse. Hay que continuar las perforaciones, seguir trabajando a la vez que reforzando la seguridad” de las plataformas.
La clase política local retoma las inquietudes de la población, asustada por la sombra del desempleo.
“No dejamos todos los aviones en tierra cada vez que se cae un avión hasta que no se establecen las razones del accidente”, defiende Billy Nungesser, presidente de la “parroquia” (equivalente de un condado) de Plaquemines, una de las más afectadas por el desastre ecológico.
En un momento en que la pesca y el turismo se ven dañados, tampoco hay que ponerle además trabas a la industria petrolera, estima el gobernador del estado, Bobby Jindal, quien el 2 de junio escribió al presidente estadounidense pidiéndole que reconsidere su decisión.
Cuando Luisiana atraviesa “uno de los periodos económicos más difíciles desde hace décadas (...) lo último que necesitamos es una política que sólo puede destruir miles de empleos existentes e impedir la creación de otros miles”, defendió.
Jindal volvió a la carga el jueves, y pidió al Estado federal que acelere la investigación de las causas de la catástrofe así como el examen de las medidas de seguridad en las plataformas existentes.
“Las perforaciones deben de hacerse en toda seguridad pero el Estado federal no tiene ninguna razón para perder meses en reuniones de comités. Porque sea incapaz de hacer su trabajo miles de habitantes de Luisiana no tienen por qué perder el suyo”, insistió.
Chris Santini, que durante 23 años trabajó como soldador en la industria petrolera, se lamenta frente a las casas sobre pilotes vacías a lo largo de la playa desierta. Y culpa a Obama.
“Si cierra el yacimiento durante seis meses estamos acabados”, dice. “La gente se pondrá a robar las casas”.

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