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Nueva fábrica gigante de pasta de celulosa genera debate en Uruguay

Una inversión equivalente al 5% del PIB, miles de empleos prometidos, 250.000 hectáreas de tierra adquiridas: la pasta de celulosa parece un regalo del cielo para Uruguay, pero ecologistas y agricultores cuestionan sus beneficios económicos y se interrogan sobre su costo ambiental. 

Ocho años después de la luz verde a una primera fábrica, que provocó un conflicto con Argentina llevado ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya y que se resolvió aplicando controles binacionales, Uruguay confirmó en enero la construcción de una segunda planta gigante de celulosa. 

Luego de Brasil, Chile o Argentina, este pequeño país sudamericano se se ha convertido en el nuevo Eldorado del sector, que representa 10% de sus exportaciones. 

Las autoridades han subvencionado la plantación de eucaliptus necesarios para la fabricación de pasta de celulosa. Los árboles crecen más rápido que en Europa (de 7 a 10 años) y las zonas francas permiten a las fábricas recibir exenciones impositivas. 

El mes pasado, Uruguay dio luz verde a la finlandesa Stora Enso y la chilena Arauco, dos gigantes del sector, para que inviertan 1.900 millones de dólares en su proyecto “Montes del Plata” cerca de la pequeña localidad de Conchillas, 230 km al oste de Montevideo. 

Un monto inédito en este país de 3,4 millones de habitantes y que equivale al 5% de su Producto Interior Bruto (PIB). 

La fábrica generará además hasta 6.000 empleos directos durante los dos años de construcción, que debe comenzar en mayo, y luego 500 cuando produzca 1,3 millones de toneladas de pasta de celulosa por año y 5.000 empleos indirectos (transporte, servicios, comercios). 

Aunque la falta de mano de obra calificada obligará a Montes del Plata a reclutar parte de su personal en el extranjero, la perspectiva hace soñar a la mayoría de los 400 habitantes de la localidad con un regreso a la edad de oro de inicios del siglo XX, en la época en la que su cantera de arena y piedra alimentaba a Buenos Aires, del otro lado del Río de la Plata. 

“El cambio más necesario es el trabajo y también que regresen nuestros hijos”, dice Adriana Sosa, guía turística cuyos tres hijos emigraron a la vecina Argentina. 

Pero algunos desconfían del milagro económico y temen daños al medio ambiente. 

Nahuel Borgogno, agricultor de la región de Conchillas, subraya que Arauco “tuvo problemas de contaminación con una de sus fábricas de celulosa”. 

El grupo debió cerrar durante varias semanas una de sus plantas en Chile en 2007 e indemnizar al Estado y pescadores, tras fugas de productos contaminantes que mataron miles de peces. 

El Consejo de defensa del Estado chileno acusa a otra fábrica de Arauco de haber contaminado un lago en el sur de Chile, provocando la muerte de cientos de cisnes. El grupo lo desmiente. Hay en marcha un juicio desde 2005.  

En Conchillas “va a haber un control ambiental muy estricto tanto por parte de la empresa como de terceros”, entre ellos la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), asegura Carolina Moreira, directora de comunicación de Montes del Plata. 

Las autoridades nacionales también subrayan que la primera planta de pasta de celulosa instalada en Uruguay respeta las normas vigentes. 

El impacto ambiental de los eucaliptus también es objeto de debate. “Afectan el suelo, específicamente el agua”, según Elizabeth Diazasso, miembro del colectivo ecologista Guayubira.  

No hay ninguna “prueba científica” de ello, retruca Pedro Soust, director del servicio nacional de bosques. 

Soust reconoce en cambio que la concentración de la propiedad de la tierra es “un motivo de preocupación del gobierno”. 

Para alimentar su fábrica con madera, Montes del Plata adquirió 250.000 hectáreas, convirtiéndose en la mayor propietaria de tierras del país. 

La izquierda gobernante planea limitar la concentración de la tierra y su compra por parte de extranjeros.

El presidente José Mujica también propuso recientemente fijar un “techo” a la producción de pasta de celulosa. 

La superficie plantada en Uruguay pasó de 45.000 hectáreas a 1 millón en 20 años (de un total de 16 millones de hectáreas cultivables).

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