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Agencia Nacional de Tierras, rumbo a clarificar cerca de 18 mil hectáreas

Los 1.945 predios que se estima existen dentro de las 17.994 hectáreas aproximadas que tiene la Hacienda Arroyo Grande, están ad portas de ser clarificados por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

Esto, porque a través de la sentencia T-601, del 2 de noviembre de 2016, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional les dio un plazo de dos años para culminar tal procedimiento, respetando los derechos de la comunidad afrodescendiente que ancestralmente ha ocupado esos territorios.

El terreno en cuestión abarca la ciudad de Cartagena y los municipios de Clemencia, Luruaco y Santa Catalina. Tiene forma triangular y está atravesado por la carretera de la Cordialidad, entre Cartagena y Barranquilla.

De acuerdo con el IGAC y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), los linderos fácilmente identificables son el Mar Caribe y la Quebrada de Amanzaguapos, mientras que aquellos que ofrecen más dificultad son los relacionados con la Hacienda la Púa, y los límites con Clemencia y el Caserío el Coco, en la parte continental del predio.

Dentro de esta zona hay varias veredas: La Europa, Arroyo de las Canoas, el Palmario, Arroyo Grande, Arroyo de Piedra, Loma Arena, Púa 2 y Amanzaguapos, cada una organizada a través de Consejos Veredales.

A la Corte
Como integrante de la Comunidad de Copropietarios de la Hacienda Arroyo Grande, el 20 de enero del 2014, Edelmira Ortega de Marrugo presentó acción de tutela en contra de la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio del Interior, Incoder, la Inspección de Policía de Arroyo Grande, la Personería Distrital de Cartagena y “demás autoridades que se determinen en el desarrollo de la presente”.

Denunció que esas entidades incurrieron en acciones y omisiones que conllevaron a que se adelantaran procesos policivos en contra de su comunidad. Por tales procesos, familias que históricamente han sido propietarias de predios fueron desplazadas forzosamente.

Ortega alegó a la Corte que la Hacienda Arroyo Grande fue transferida por un español a una comunidad de 113 familias afrocolombianas. El título traslaticio de dominio se elevó a la Escritura Pública Nº 161 de 1897 ante la Notaría Primera de Cartagena, y fue registrado en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena con el folio de matrícula inmobiliaria Nº 060-34226, abierto el 15 de diciembre de 1980.

Según ella, esta propiedad es comunitaria, colectiva y proindiviso, “por tal nadie es dueño de lugar alguno y todos son dueños de todo”.

Por esos antecedentes, la mujer reclamó sus derechos fundamentales a la identidad étnica y cultural, al debido proceso administrativo y de petición de los accionantes. La Corte decidió tutelarlos, ordenando a la ANT, en coordinación con la Superintendencia de Notariado y Registro y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, realizar el proceso de clarificación de la propiedad del predio Arroyo Grande.

Recalcó que en este proceso deben primar los derechos de las comunidades étnicas afrodescendientes, en virtud de la especial protección constitucional de la que gozan.

Otros requerimientos
Una vez culminen la clarificación, el director de la ANT y el gerente del IGAC deberán tramitar las solicitudes de titulación colectiva elevadas por los Consejos Comunitarios de La Europa, Arroyo Grande y Amanzaguapos, “de manera pronta, efectiva y sin dilaciones injustificadas”, ordenó la Corte.

Este trámite no podrá exceder un año a partir de la expedición de los actos administrativos que culminen el proceso de clarificación de la propiedad.

Al director de la ANT se le ordena además realizar un censo población en la zona, con el fin de identificar a los miembros descendientes de los copropietarios descritos en la escritura original, a los miembros de los Consejos Comunitarios presentes y determinar el porcentaje de la población afrodescendiente en la zona.

¿Qué es clarificar?
El abogado Simón Herrera y el investigador de archivos, Roberto Carlos Martínez Méndez, además del jurista Eduardo del Río, explicaron las implicaciones de la clarificación sobre las propiedades de la zona afectada.

Martínez dijo: “A través de la Resolución 1344 del 28 de septiembre de 2017, la Agencia Nacional de Tierras inicia la clarificación en el predio Arroyo Grande. Cuando se clarifica no se está buscando si el folio de matrícula inmobiliaria corresponde a un propietario o no. El procedimiento va encaminado a determinar si el terreno es un baldío. Clarificar quiere decir determinar si ese territorio o parte de él tiene tradición anterior al año 1821, ya sea porque hay un título entre particulares o un título expedido por la Corona española durante su vigencia, por el cual se pueda comprobar que esta se desprendió de una extensión de tierra y la puso en cabeza de un particular. Si no existen esos títulos, el predio se considera baldío y queda en poder del Estado”.

Herrera advirtió que los predios que sean considerados baldíos tras la clarificación, “serán titulados a las comunidades (...) Entre tanto, la Corte ordenó que los sacaran del comercio jurídico. En la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos hay un aviso con el plano del predio, la lista de casi cinco mil folios de matrícula inmobiliaria y la resolución de la ANR”.

Del Río, por su parte, precisó que “la Corte Constitucional le dio una orden a la Oficina de Instrumentos Públicos. Le dijo que no podía crear nuevos folios de matrícula ni hacer transferencias. Ha bloqueado allí todo lo que es venta, compra, hipotecas y donaciones. Todo lo que tenga que ver con transferir la propiedad no puede hacerse. Queda bloqueado hasta que se clarifiquen los títulos”.

Hoy la clarificación está en estado de notificación a las partes interesadas y “vendrá una etapa probatoria en donde todo aquel que tenga su título de propiedad, posesión o tenencia sobre esta extensión, tendrá que hacerse parte y defenderse”, indicó Martínez.

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