A más tardar el primero de abril, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana definirán a qué predio de la ciudad se traslada la cárcel de mujeres de San Diego. Los corregimientos de Arroyo Grande, Arroyo de Piedra y Pontezuela suenan como opción para albergar al centro penitenciario de baja complejidad.
“Tenemos equipos buscando predios en el sector que está entre Turbaco y Cartagena, y Atlántico y Cartagena, porque la cárcel tiene que estar en los sectores que permita el POT (fuera del perímetro urbano)”, dijo Yolanda Wong, secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana.
Indicó que “tenemos que hallar un predio que cumpla con dimensiones de 1.450 metros cuadrados. Como el Inpec tiene que dar el visto bueno, de acuerdo a los recorridos le vamos enviando información de los predios y ellos van programando visitas para hacer un estudio no solo de viabilidad sino de seguridad. Antes del primero de abril tiene que estar escogido el definitivo. Apenas ellos nos aprueben un predio nosotros contratamos”.
Wong agregó que en el pliego de condiciones del contrato, se solicitará al dueño del predio ejecutar las obras de adecuación que sean necesarias. “Por ejemplo, altura de los muros de protección, tipo de rejas”.
¿Qué pasó con Arroz Barato?
A finales de 2017 se conoció que la cárcel de mujeres sería trasladada al barrio Arroz Barato. Lea aquí (Cárcel se mudaría a Arroz Barato)
Wong explicó por qué ese traslado nunca ocurrió. “Teniendo en cuenta que el POT se estableció hace 16 años y durante ese tiempo ese sector se ha poblado, quise socializar con las JAC y vecinos de alrededor y la mayoría no estuvo de acuerdo. Preferí agotar la posibilidad porque íbamos a tomar una decisión polémica”.
$1.800 millones para el traslado
La secretaria del Interior destacó que desde 2009, cuando el fallo de tutela T-126 de la Corte Constitucional ordenó el mantenimiento, adecuación y reparación de la cárcel de San Diego, por primera vez el Distrito asignó un presupuesto a ese penal.
“Por un acuerdo entre el Distrito, el Inpec y la Procuraduría se asignaron $1.800 millones por concepto de traslado de la cárcel”, aseguró Wong.
Precisó que “está dividido en: actividades del equipo social para sensibilizar a las comunidades, porque no es fácil decirles que se va a poner la cárcel en el lugar donde viven con sus hijos. Tienen el imaginario de que la cárcel es algo malo aunque no lo sea. Esta es de baja complejidad y ellas no son agresivas. Ahí no pasa nada, es súper tranquilo, pero el imaginario es otro; arriendo del escenario por un año y actividades de adaptación de las internas”.
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