Una vez más fue aplazada la audiencia de imputación de cargos contra los cinco ex directivos de la Refinería de Cartagena y dos extranjeros de la firma contratista CB&I, esta vez por problemas de salud de uno de los implicados.
Este viernes, cuando se avanza nuevamente en la exposición del material probatorio por parte de la Fiscalía, con el fin de esclarecer algunas dudas por parte de la defensa de los implicados, Felipe Laverde Concha, ex vicepresidente Jurídico de Reficar, sufrió un desmayo.
La diligencia judicial estuvo tuvo que ser interrumpida por más de 40 minutos, mientras se le prestaba atención médica a Laverde Concha, pero al ver que el imputado no recibía la atención necesaria, hecho que causó molestia en la familia, el Juez 16 con función de control de garantías aplazó la audiencia.
La audiencia no logró avanzar durante la semana por diferentes inconvenientes, y cuando se pensó que ya se habían imputado los cargos y se estaba a la espera de que los implicados aceptarán o no los delitos, la defensa de los procesados aseguró que no había claridad por parte de la Fiscalía.
Por eso este viernes se retomó la diligencia, desde las 8:30 de la mañana, donde el fiscal del caso nuevamente a la defensa y al juez los hechos que rodearon el millonario desfalco de la Refinería, pero hasta donde logró avanzar la audiencia, la defensa volvió a esgrimir reparos en algunos puntos que todavía no son claros.
Al final, Felipe Laverde Concha fue trasladado a un centro asistencial y no se conoce hasta el momento el estado de su salud; mientras que se espera que el próximo lunes, 31 de julio, a las 8:30 de la mañana, se retome la diligencia contra los hoy procesados.
Entre ellos se encuentran Orlando Cabrales, presidente de Reficar entre 2009-2012; Reyes Reinoso Yanez, presidente de Reficar 2012-2016; Felipe Laverde Concha, Vicepresidente Jurídico de Reficar 2009-2017; y Pedro Alfonso Rosales Navarro, Vicepresidente Ejecutivo del Downstream de Ecopetrol 2008.
También están Massoud Deidehban, director de Proyectos y Representante legal CB&I 2009; Carlos Alberto Lloreda, Revisor Fiscal de Reficar entre 2013-2015 y a Philip Kent Asherman Representante legal CB&I en 2010.
HECHOS QUE HABRÍAN RODEADO EL DESFALCO
Juan Andrés Rondón, fiscal del caso, aseguró que los directivos de Reficar Orlando José Cabrales, Felipe Laverde Concha y Pedro Alfonso Rosales Navarro beneficiaron con dos contratos a la firma CB&I, de la cual Massoud Deidehban y Philip Kent Asherman fungían como representantes legales.
Cabrales, Laverde y Rosales habrían fraguado una estrategia para beneficiar a la firma CB&I, mediante un plan que consistía en modificar la modalidad base del contrato reembolsable y en retirar la responsabilidad que tenían de presentar una oferta económica para el megaproyecto.
Según la Fiscalía, Rosales Navarro desde 2008 sabía que CB&I no se encontraba en disposición para presentar dicha oferta como correspondía y, además, conocía de su poca experiencia para asumir la construcción de la Refinería.
El fiscal narró que durante 2004 CB&I ya había concursado en la licitación de la Refinería de Barranbermeja, donde obtuvo la más baja calificación. Pese a conocer todo esto, Rosales Navarro liberó a CB&I de toda responsabilidad, contraviniendo lo pactado en el contrato 2007, que seguía las directrices del Conpes 3312.
También reveló que durante julio de 2009 se realizó un acta en la que Rosales firmaba el compromiso para llevar a la junta directiva la aprobación de CB&I del contrato en la modalidad de costo reembolsable.
"La participación de Rosales en Ecopetrol en esta fase de la contratación fue esencial y contribuyente para que la junta directiva avalara los acuerdos con CB&I. Lo que llevó a que la contratación se tornara beneficiaria para CB&I", dijo el fiscal.
ACUERDOS MOA Y PIP
De acuerdo con el ente acusador, los directivos de Reficar y CB&I, luego de la firma de los contratos suscitados en el año 2010, realizaron acuerdos con el fin de justificar los excesivos pagos que causaron el detrimento a la Refinería de Cartagena.
Las partes celebraron acuerdos tipo MOA (Memorandum of Agreement) y PIP (Project Invoicing Procedure), que fueron los que dieron lugar a la apropiación de recursos públicos, según narró el fiscal durante la audiencia.
Dijo que el acuerdo MOA permitió que Reficar pagara gastos del proyecto sin la validación del auditor del contrato, que, para esa fecha, era Foster Wheeler y Process Consultant Inc. De esta manera, la firma auditora era la única que llevaba el control de los estados financieros de Reficar. Sin embargo, suscrito el acuerdo MOA, se dio vía libre a que se realizaran pagos de facturas sin los requisitos pertinentes.
Los cotejos de la Fiscalía revelaron que luego de los acuerdos suscitados entre las partes, Reyes Reynoso Yañez, quién fungía como representante legal de Reficar, y Felipe Laverde, "le habrían entregado la chequera de Reficar a CB&I, para que la firma contratista usará indolentemente el patrimonio de los colombianos", dijo el fiscal.
Según el material probatorio, Reyes Reynoso habría autorizado el pago de facturas que previamente habían sido rechazadas por no presentar los requerimientos básicos a la hora de radicar el documento.
De esta manera, durante 2013, Reynoso Yañez y Massoud Deidehban dieron lugar a la apropiación de recursos públicos en más de 600.000 millones de pesos a través de cuatro acuerdos que autorización pagos de facturas previamente rechazadas, dijo la Fiscalía.
De acuerdo con el ente de investigador, Foster Wheeler y Process Consultant Inc encargada de supervisar estos pagos, no realizó el control debido sobre el mismo por lo que Massoud Deidehban en su condición de contratista venía presentando incumplimiento en la ejecución de las obras y en la presentación de los recursos públicos de Reficar, saltándose el control y la verificación del pago.
Es así como para octubre de 2016 se habían pagado sin justificación la suma de 453.832 millones de pesos, este pago se habría cancelado bajo proformas no establecidas. No obstante, los pagos realizados por Reficar en la modalidad MOA y PIP no han sido justificados con los reportes mínimos requeridos y la suma hoy en día ascienden a los 610.000 millones de pesos, dijo la entidad.
"Lo cobrado no es un gasto irresponsable, el bien o servicio prestado no tiene soporte, el bien o servicio no tiene relación con el contrato y sobre el bien y servicio se cobró dos veces", dijo el fiscal.
El funcionario de la Fiscalía aseguró que Reyes Reynoso no validó los gastos del proyecto bajo la suscripción de MOA y contrario a ello, autorizó el pago de facturas que habían sido rechazadas por el supervisor de ese entonces.
"Reyes Reynoso tenía el deber de vigilancia de los recursos públicos para la ejecución de este proyecto", aseguró el fiscal.
OMISIONES DEL REVISOR FISCAL
De acuerdo con el argumento de la Fiscalía, Carlos Alberto Lloreda, Revisor Fiscal de Reficar entre 2013-2015, omitió reportar a la junta directiva las irregularidades existentes en el manejo contable de la compañía, ya que estaba en la obligación de revisar las decisiones importantes de la junta directiva, incluida las celebradas en años anteriores.
Según el Fiscal, Lloreda tendría principal responsabilidad en los hechos, ya que validó falsamente los estados financieros emitidos por la organización, con el fin de que servidores públicos y particulares se apropiaran de los recursos por un valor superior a los 610.000 millones de pesos.
Durante 2013, Lloreda no habría reportado ninguna irregularidad sobre la cantidad de facturas que fueron rechazadas en medio de la auditoria hecha al proyecto. De acuerdo con el Fiscal, Lloreda era el encargado de cotejar los requisitos en la facturación presentada por el contratista, sin embargo, hizo caso omiso al mismo.
Así mismo, se limitó y eliminó las funciones de control y verificación en el pago de facturas de CB&I, de esta manera afectó los libros contables, el desarrollo y la ejecución del contrato, según los cotejos de la Fiscalía, que también revelaron que “cómo hecho relevante no hallaron un trabajo de auditoría con las facturas rechazadas”.
ACTUAR DELICTIVO
Según el fiscal, se dividieron el trabajo delictivo correspondiendo a Asherman y Deidehban, como directivos de CB&I, manifestar su reticencia de celebrar un contrato de 'llave en mano' y no cumplir con presentar la propuesta acordada. En la otra cara, se suscitaban a Cabrales Rosales y Laverde, quienes presentaron a la junta directiva de Reficar un acuerdo de entre CB&I y los mismos.
Para el 15 de julio de 2010 se ajustaron los contratos entre ambas partes y de esta manera desconocieron el que ya se había citado durante el 2007, una vez más, el fiscal ratificó que CB&I no contaba con la capacidad suficiente para adelantar el megaproyecto bajo la modalidad 'llave en mano'.
Según el fiscal, Laverde estuvo en comunicación con CB&I y fue el estructurador principal de los contratos entre la firma contratista y Reficar. Por su parte, Cabrales estuvo al tanto de los movimientos, ya que fungía como representante legal y esto llevó a la suscripción por su propia mano de los contratos On shore, en julio de 2010, donde fueron firmados por Asherman.
Rosales Navarro acompañó y apoyó de manera definitiva la decisión de la junta directiva, con el fin de que se llevará a cabo la firma del contrato, relató el fiscal, al tiempo que aseguró que los directivos de CB&I, desde su cargo, tenían el poder de decisión y capacidad jurídica para soportar esta contratación, la posición privilegiada de sus cargos les permitió estar activos con las negociaciones de Reficar.
EXCENTRICIDADES DE CB&I
La investigación de la Fiscalía reveló que se cobraron sumas de dinero no justificados, incluso, pagos a personas que no laboraron en la refinería, por lo que habría contratado trabajadores que nunca realizaron su labor dentro de la reconstrucción.
De acuerdo con el fiscal del caso, CB&I realizaba modificaciones al contrato existente sin el cumplimiento del requisito establecido, además, adjuntaba adiciones al contrato bajo la modalidad MOA, donde se cargaron al proyecto extravagantes gastos, entre ellos, el pago de servicios de spa, bebidas alcohólicas, viáticos, alquiler de carros de alta gama y comidas de negocios sin justificación alguna, no obstante, todo lo mencionado habría sido cancelado con recursos que estaban destinados para la remodernización.
Datos
- En medio de la audiencia, la Contraloría General de la República fue aceptada como víctima en representación de los intereses patrimoniales del Estado.
- El ente de control anunció la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal por 6080 millones de dólares, a raíz del daño patrimonial que se pudo dar en la modernización de Reficar.
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