A la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, en cabeza de José Carlos Puello, llegará el polémico caso de Aquarela luego de que ayer, en la novena audiencia policial, se resolviera mantener la suspensión de la construcción hasta que el Ministerio de Cultura emita su decisión.
La determinación la tomó la inspectora de la Unidad Comunera de Gobierno No. 2, Paola Serna, quien además declaró “infractora” a la Promotora Calle 47 SAS, constructora del proyecto habitacional, por infringir normas urbanísticas; le impuso una multa de 156 millones 248 mil 400 pesos, por tal infracción; y le ordenó restituir los 619,59 metros cuadrados correspondientes a áreas de antejardín en un término de dos meses. Si vencido este tiempo no se restituye lo señalado, la Alcaldía realizará el restablecimiento mediante demolición de la estructura.
Asimismo le levantó la medida de suspensión de obras impuestas el pasado 24 de octubre, tras corroborar que ya cuenta con elementos que garantizan la seguridad de quienes se movilizan por el lugar y tiene mallas para evitar la emisión de partículas en suspensión, provenientes de materiales de construcción.
No obstante, las obras de Aquarela siguen paralizadas porque en ellas persisten comportamientos que afectan la integridad urbanística, según el Código Nacional de Policía y Convivencia. Estos son: construir en desconocimiento a lo preceptuado en la licencia y construir en bienes o terrenos destinados al espacio público, según afirmó la inspectora.
En la audiencia, Serna sostuvo que técnicas de la Secretaría de Planeación Distrital, designadas para presentar un informe del edificio en cuestión, “manifestaron que existe un área de la zona de antejardín en forma trapezoidal, que se encuentra ocupada por la construcción de la primera etapa del proyecto y que está por fuera del parámetro aprobado”.
Además, señaló que “quedó probado en este despacho, en los levantamientos topográficos realizados por el Igac, que cuentan como inmueble privado, desde el sardinel hacia adentro”, sin contemplar las medidas de espacio público. “No se pueden contar los aislamientos desde el sardinel sino desde el andén, respetando el espacio público”, reiteró Serna.
Destacó que, de acuerdo con el informe de las citadas especialistas, Aquarela afecta tanto los valores patrimoniales como la vista y el entorno del Castillo San Felipe de Barajas por ubicarse en el barrio Torices, que es zona de influencia de los bienes de interés cultural, según el documento de soporte del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
“En el entorno del Castillo San Felipe de Barajas no existe construida obra de tal magnitud como la torre del proyecto Aquarela”, añadió.
Al Ministerio de Cultura se remitirá el expediente de la decisión para que defina si Aquarela puede afectar las características y los valores culturales del Castillo San Felipe de Barajas.
Más argumentos
La procuradora 66 Judicial Primera Administrativa de Bolívar, Claudia Mantilla, dijo estar de acuerdo con “todos los argumentos de la inspectora”, y presentó argumentos adicionales por los cuales debe mantenerse la decisión.
Explicó que “para este caso, el POT estableció para la carrera 17, en su artículo 134, el siguiente perfil vial: zona blanda o verde, dos metros; andén, un metro; franja ambiental, tres metros en suelo privado; y perfil B3 de la vía”. Así, “la distancia que debía existir desde el sardinel hasta la fachada era ocho metros, que corresponde a un metro de andén, dos metros de zona verde y cinco metros de aislamiento, que se conforman de tres metros de franja ambiental y dos metros más de suelo privado.
“Esta medida era de obligatorio cumplimiento. Verificando el plano aprobado por la resolución 470 de 2016, observamos que no se discrimina andén, calzada o antejardín (...) El presunto infractor le está dando una interpretación incorrecta al plano aprobado, tomando el aislamiento desde el sardinel hacia adentro, cuando la licencia de construcción no exigía como punto de partida el sardinel, sino precisamente la calle o vía pública. Y por ello debe acudirse a las normas urbanísticas”.
Mantilla pidió además tener en cuenta el informe del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), “que permitió tener la medida real y precisa qué existe entre la construcción de la primera torre del proyecto y la calle 35 y la carrera 17 (...) encontrando que en realidad el predio tiene un área de 4.910 m² y no de 5.412,56 m² como consta en las escrituras públicas”.
Resaltó que este informe “sirvió de insumo para que las técnicas del Distrito determinaran la vulneración de los aislamientos exigidos en la licencia de construcción. De este informe se concluye que la torre uno está construida en la zona que debe estar destinada al antejardín (...) considerado (por el POT) parte integral del perfil vial y por ende elemento del espacio público”.
Reacciones
Aquarela, que considera que “la decisión de la inspectora no consulta la normatividad aplicable y las pruebas practicadas”, presentó el recurso de apelación.
El alcalde encargado de Cartagena, Pedrito Pereira Caballero, precisó ayer que la inspectora de Policía tiene dos días hábiles para mandar el expediente del proceso a la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, encargada en segunda instancia. Aquarela tiene el mismo plazo para sustentar su apelación ante esta dependencia distrital.
El mandatario recalcó que vencido este término, “la Secretaría del Interior tiene ocho días hábiles para resolver”.
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