Entre el 2010 y el 2011 se estableció el inventario de vehículos de Transporte Público Colectivo (TPC) que había en Cartagena, la cifra final fue: 1.591. Ese fue el primer insumo para arrancar con los apéndices que, dentro de los contratos de concesión de operación de Transcaribe, eran relevantes para la desintegración física y desvinculación de los buses y busetas del tradicional servicio para la entrada del nuevo sistema.
En los contratos de los tres operadores, Sotramac, Transambiental y Transcaribe operador, está incluido el apéndice 13, “que establece las reglas para desintegración y desvinculación de vehículos del TPC. Es un protocolo que contiene de manera estructurada los pasos a seguir para realizar el pago de los vehículos debidamente desintegrados y desvinculados ante la autoridad de tránsito competente”.
Y es ese el derrotero que guía lo que popularmente se conoce como “chatarrización”, proceso que tiene grandes críticos en la ciudad y sobre el que cae más de un señalamiento por supuestos malos procedimientos. Para algunos transportadores, en Cartagena hay un “cartel de la chatarrización”.
El Universal, conociendo las denuncias de los transportadores, se sentó con los funcionarios que administran este proceso, y se estableció una ruta de cómo funciona la chatarrización, intentando responder, desde la otra esquina, a las preguntas más comunes de propietarios de buses y ciudadanos: ¿por qué salen buses de varias rutas?, ¿por qué hay vehículos que son compensados y aún están rodando?, y ¿cómo se decide qué bus va a chatarrización y cuál no?
Primero debe saber…
Antes de arrancar con la chatarrización, era necesaria la definición del plan de implementación.
“Ese es un documento estructurado entre la dirección operativa de Transcaribe, como ente gestor, y el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), como autoridad competente en lo que es TPC, entonces ellos se sentaron e hicieron los estudios para determinar qué rutas deben ir saliendo para que entre el masivo y prestar el mejor servicio a la gente”, señaló Ricardo Morales, profesional especializado dirección de operaciones.
Listo este plan, socializado y después de cumplirse los efectos contractuales, se dio paso a la constitución del encargo fiduciario que manejaría los recursos que aportan los tres operadores del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) para la desintegración. Después de surtirse todos los pasos de la selección, desde septiembre del 2015 Alianza Fiduciaria S.A., maneja los recursos de chatarrización y operación.
Ahora tocaba conformar el comité FUDO (Fondo Unificado de Desintegración y Operación), que está integrado por un representante de Transcaribe, uno de cada operador, uno del DATT, todos con voto para la toma de decisiones. Adicionalmente, hay en las reuniones del comité un miembro del encargo fiduciario, otro asiento para la autoridad de tránsito y un representante de la Sijín, todos estos sin voto.
Este comité “administra” el proceso de chatarrización y autoriza el pago de vehículos.
Modificaciones
El apéndice 13, que es el protocolo de chatarrización, tuvo unas modificaciones que fueron ratificadas el 26 de octubre del año pasado, después de unas mesas de trabajo entre Transcaribe y los transportadores locales.
Antes el proceso estaba diseñado para que la fiduciaria se encargara de la desintegración y desvinculación de los vehículos del TPC, llevar vehículo a Sijín, trámite de cancelación de matrícula, entre otros, “entonces los propietarios dijeron “eso va a valer un viaje de plata que al final la vamos a tener que pagar, lo mejor es deje que la hagamos nosotros que lo hemos hecho toda la vida” y es verdad, los propietarios toda la vida han hecho esos trámites y saben cómo manejarlo. En mesas de trabajo se les dio la razón. Y eso hubo que modificarlo”, indicó Aureliano Rico, encargado del TPC en el DATT.
La otra modificación fue en el orden de salida de vehículos de circulación. Antes los vehículos compensados estaban de último en la salida, se invirtió y quedaron de primeros, para qué, para favorecer a operadores en cierres financieros.
Criterios para chatarrización
Este es el orden o la guía que marca la prioridad en la salida de los vehículos del TPC, para su desintegración y desvinculación. Este es el orden:
1. Los vehículos que perdieron su vida útil y que no habían sido repuestos a agosto del 2014.
2. Los que iban a perder vida útil dos años posteriores a la firma del contrato, es decir en el 2015 y 2016.
3. Los compensados. Que son los vehículos cuyos propietarios decidieron dejar un aporte en calidad de acción a uno de los concesionarios de operación.
Sobre este punto, el comité FUDO se detiene. “El 5 de enero de este año se hizo llamado a todos los vehículos que se presentaron con la oferta de Sotramac y cuyo factor de compensación estuviera por encima del 68%, en ese momento nos habían ingresado dos aportes al fondo, un poco más de 35 mil millones de pesos, de esos recursos, 9.600 eran en vehículos compensados”.
En estos tres primeros criterios no tienen relevancia la ruta. “Por eso quizá dicen que se está haciendo a “dedo” o por capricho. Ven saliendo no solo las rutas de El Pozón y Bocagrande, y es porque esos tres primeros no dependen de la ruta, si no de su vida útil y de su calidad de compensados”, explicó el comité.
4. Las que según el plan de implementación son rutas relevantes para puesta en marcha del sistema. De acuerdo a la necesidad, salió la ruta El Pozón – Centro, y El Pozón – Crespo, y está terminando el proceso la de Ternera-Bocagrande-Villagrande.
¿Por qué no han salido todos los compensados?
Este es uno de los más fuertes cuestionamientos que tiene un grupo de transportadores locales. “Si hay una cantidad de vehículos compensados, ¿por qué no están ya fuera de las vías?”.
La respuesta la da Aureliano Rico, quien se encarga del TPC en el DATT.
“Revisé un listado de compensados, eran unos 200 vehículos e hice el seguimiento de dónde están circulando, y como debo velar porque no se vaya a desbalancear el transporte colectivo, rechacé más de 100 carros porque pertenecían a una misma ruta, que si se sacan los carros se acaban 5 rutas. ¿Cómo se van a sacar carros de una misma empresa y se queda apenas con el 25% de su parque automotor, de más de 200 se queda con 70, para servir 7 rutas que tiene. No. No pueden dejar sin transporte a la comunidad”.
El funcionario cuenta que rechazó los vehículos y se opuso a que salieran de esa forma. “Todos entramos en razón de que no se podía acabar con el TPC de esa forma, y se cambió el listado”.
En este momento está analizando 136 vehículos compensados, “que ya los vamos a sacar porque hice análisis y están regaditos, así que la afectación no va a ser mucha, de aquí a mañana entregan estado del vehículo, cómo está, si tiene alerta, embargo, de modo tal que sea fácil la cancelación”.
Los pasos para el propietario
Después de la notificación, el propietario del bus o buseta tiene 30 días para hacer la desvinculación y desintegración de su vehículo. Se inicia el trámite en el DATT, donde le entregan un documento que acompañado con la copia de factura de compra y el manifiesto de importación, deben llevar con el vehículo a la Sijín, donde hacen la revisión general. Si todo está en orden, se entrega una certificación y el propietario tiene de una a dos horas para llevar el carro a una chatarrizadora de su elección. Desintegrado el vehículo, se emite un certificado que la chatarrizadora ingresa al Runt y lo envía al organismo de tránsito, para poder hacer el trámite de cancelación de matrícula. Luego deberá desvincularse de la empresa, y con la resolución de cancelación de registro del bus, va a Transcaribe. Ahí se genera la instrucción de pago. Para eso debe llevar la resolución, carta de instrucción de pago firmada y notariada por el propietario, a qué cuenta se va a consignar el dinero, el Registro Único Tributario (RUT), declaración de renta o certificado de no declarante según el caso, copia de la cédula y certificación de la cuenta.
Si todo está en orden, entre 3 y 4 días, e incluso en dos, la fiducia hace la consignación de los recursos.
“La desconfianza inicial era que no se iba a pagar. Por eso le pedimos a la fiducia que se hiciera máximo en cinco días, y se está haciendo en menos”, señaló Morales.
Los filtros
Respecto a las acusaciones sobre un “cartel de chatarrización”, los funcionarios del comité FUDO señalan que los filtros que tiene esta operación de desintegración, blinda el proceso y es casi imposible hacerle “trampa” por la cantidad de ojos que pasan por cada uno de los casos y solicitudes.
“Lo analiza la Dirección de Operaciones, que es la que notifica al comité cuáles vehículos deben salir. La información es verificada en el DATT, luego en el mismo comité. Después pasa nuevamente por la autoridad de tránsito, que avala que las resoluciones sean originales, que no haya errores y que estén bien estructuradas. Pasa después por una revisión de los abogados de las dos empresas operadoras donde se ve si están esos carros en el inventario y cuál es la asignación económica. Y finalmente lo verifica la fiducia, con protocolo en mano”.
En medio de las acusaciones sobre este proceso, el gerente de Transcaribe, Humberto Ripoll Durango, anunció que pediría a los entes de control que entren a hacer revisión, como un método para que de una vez por todas haya claridad para los transportadores y la ciudadanía, sobre qué es lo que se está haciendo con la desintegración de vehículos del TPC.
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