Este último año, la intervención de la Fiscalía General de la Nación en presuntos hechos de corrupción en Cartagena ha tenido resultados contundentes. Casos de construcciones ilegales con el supuesto aval de funcionarios públicos, contratos millonarios que estarían “amañados”, el cuestionado proceder de concejales en la elección de la excontralora y hasta hechos de explotación sexual de menores de edad han estado bajo la lupa del ente investigador.
En conversación con El Universal, el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, y su equipo jurídico, comentaron cómo avanzan los procesos judiciales que envuelven a la ciudad y qué viene en cuanto a capturas.
Cardique
Dos informes de auditorías hechas por la Contraloría General de la República y que fueron remitidos a la Fiscalía General de la Nación en agosto de 2016 y enero de 2018, respecto a contratos de relimpias de caños, arroyos y reservorios que hizo Cardique en el 2016, y que representarían un supuesto detrimento patrimonial por casi 28 mil millones de pesos, fueron determinantes para que el juez Sexto Penal Municipal con funciones de Control de Garantías enviara a la cárcel a dos funcionarios de Cardique y le diera prisión domiciliaria a cuatro personas más.
Olaff Pueblo Castillo, director de Cardique, y Katherine Martelo, subdirectora de Planeación de la corporación; quedaron tras las rejas. Por otro lado, Saray Cecilia Hernández Durán y Dalis Esther Herrera Vargas, quienes son funcionarias de la entidad, y Bernabé Maldonado Maldonado y Freddy Javier, contratistas, tienen el beneficio de casa por cárcel.
Frente a esta investigación, la Fiscalía aseguró que se aproxima una segunda fase.
“En el caso Cardique ya se hicieron las imputaciones. Hubo detenciones preventivas de variada naturaleza, pero en su mayoría intramurales. Viene una segunda fase que se está trabajando y por supuesto seguimos el transcurso natural del proceso, concretamente la presentación del escrito de acusación, que será radicado próximamente y oportunamente en los plazos establecidas”, dijo Martínez Neira.
Aquarela
Tras dos semanas de audiencia, un juez con funciones de Control de Garantías le otorgó la libertad en junio pasado al curador urbano N° 1, Ronald Llamas Bustos; al representante legal y al arquitecto del proyecto Aquarela, Lucas Tamayo y Claudio Restrepo, respectivamente, en el caso que investiga la Fiscalía por la supuesta permisión en la construcción de viviendas de interés social (VIS), vulnerando el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
Respecto a este caso, el ente investigador señaló que tiene todas las pruebas para que en segunda instancia envíen a la cárcel a los imputados.
“En el caso Aquarela también es de público conocimiento que se inició una segunda fase. Ya se hizo una imputación, tenemos una evidencia de una persona que estaba manipulando por cuenta de un funcionario público involucrado en la primera fase, algunos escenarios del proceso, y eso ya fue objeto de imputación (...) La ausencia de imposición de medida de aseguramiento fue apelada. Estamos a la espera de la decisión y confiamos que esta decisión pueda ser revertida. El proceso continúa en sus etapas normales”, puntualizó el equipo jurídico de la Fiscalía.
Concejales
De la investigación contra ocho concejales por la supuesta elección irregular de la excontralora Nubia Fontalvo, la Fiscalía dijo que sigue su curso y presentará los escritos de acusación dentro de los plazos establecidos.
Un vocero de la entidad aseveró que están tratando de hacer las audiencias en sus tiempos para evitar vencimiento de términos, puesto que en Cartagena siempre se presentan problemas, sobre todo cuando son tantas las personas involucradas.
Precisó que el inconveniente es el traslado de los reclusos, por lo que están buscando mecanismos en los que los fiscales tengan que desplazarse hasta las cárceles para hacer allí las audiencias, con el fin de evitar que esos aplazamientos generen vencimiento de términos.
Caso Quiroz
Mientras el Distrito, en convenio con la Universidad Nacional, adelanta un segundo estudio estructural y patológico a 16 edificios que según un primer diagnóstico fueron levantados ilegalmente por el ‘clan Quiroz’ y son vulnerables; la Fiscalía investiga otras 20 propiedades de esta familia que están en las mismas condiciones.
El ente empezará las próximas semanas procesos en contra de más funcionarios que están presuntamente implicados en casos de corrupción, pues le habrían facilitado el papeleo ilegal a los Quiroz.
“La Fiscalía ha identificado la participación en esos delitos de más personas, de funcionarios y servidores públicos y esa es una fase que en el curso de las próximas semanas va a darse a conocer por parte de la Fiscalía”, concluyó el equipo jurídico.
Cabe recordar que por construcciones ilegales están aprehendidos seis miembros del ‘clan Quiroz’, quienes próximamente pasarán a audiencia con un juez de conocimiento.
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