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Avenida del Lago, una pasarela de habitantes de calle

Los habitantes de calle se han convertido en un asunto que parece no tener solución en Cartagena. Es común ver en andenes, parques o terrazas personas deambulando drogadas, durmiendo o pidiendo limosnas.

El censo de habitantes de la calle, que presentó el Centro de Estudio del Trabajo (Cedetrabajo) en Cartagena en 2015, señala que habían 700 personas en esta condición. Sin embargo, se estima que este 2017 la cifra se ha duplicado.

Si bien, se desconoce exactamente cuántas personas deambulan en La Heroica, la Secretaría de Participación y Desarrollo Social del Distrito intenta establecer, a través de un censo e identificación, la cifra exacta de esta población.

Preocupante situación
Ya sea por su cercanía con la Ciénaga de las Quintas o con el Mercado de Bazurto, barrios como el Pie de la Popa, Pie del Cerro y El Centro son los puntos más críticos en cuanto a invasión por parte de los habitantes de calle.

Pese a los programas que implementa el Distrito para atender la situación de los habitantes de calle en Cartagena, algo está fallando o las políticas no son efectivas.

Eso consideran los residentes del barrio Pie de la Popa, quienes se sienten intimidados y preocupados ante la invasión de estas personas que pasean por las calles y, además, viven y se resguardan en el mangle de la Avenida del Lago.

Según Cecil Alfonso Botero, residente de ese sector, la situación de los habitantes de calle es una gran problemática que los afecta directamente porque no pueden disfrutar, como ellos quisieran, del paseo peatonal. 

“La altura del mangle ha hecho que este paseo peatonal sea un hábitat para los indigentes. Como residentes del barrio, no podemos salir a correr o a dar un paseo por el lugar, ya que siempre estamos temerosos de que nos salga alguno y nos ataque violentamente”, sostuvo Botero.

Asimismo, argumenta que “la comunidad está preocupada y angustiada porque en el sector queda el Complejo de Raquetas y, próximamente, funcionará la Megabiblioteca Digital del Pie de La Popa, donde la mayoría de los usuarios son niños y jóvenes que se exponen a que una persona, bajo el consumo de alucinógenos, los ataque violentamente o con objetos cortopunzantes para presionar y conseguir un billete o una moneda”.

Por su parte, Gustavo Guardiola Osorio, abogado y residente del barrio, recalcó que la comunidad no pretende acabar con el mangle, por lo contrario, proponen que sea cortado a una altura más baja que no perjudique al ecosistema y así no tengan cómo refugiarse y crear cambuches para vivir.

La misma situación viven diariamente los residentes del Barrio Chino, quienes, según Geraldo Salcedo, Vicepresidente de la Junta de Acción Comunal (JAC), desde que se realizó en el 2013 la Cumbre de Las Américas, los habitantes de calle se establecieron en la comunidad y no han querido salir de allí.

“Como querían que la imagen de la ciudad no se viera afectada por estas personas, lo que hicieron fue recogerlas a todas y llevarlas a un hogar de paso. Al terminar la cumbre, los dejaron en la avenida del Lago y, desde ese momento, no han querido abandonar el lugar”, indica Salcedo.

Agrega que “el Distrito no le ha puesto la atención necesaria a la seguridad del barrio, pues los agentes de policías los sacan en la mañana y vuelven en la noche.  Hemos denunciando la situación en múltiples ocasiones y siempre es lo mismo”.

Debido a esta problemática, cada vez más ciudadanos se sienten atemorizados por su presencia no solo en los barrios ya mencionados sino en gran parte de la ciudad. Los interrogantes que surgen ante la concentración de habitantes de calle es ¿dónde están las autoridades para vigilar la zona? ¿De qué manera el Distrito apoya y protege a estas personas? y ¿cuándo estará lista la política pública?.

Con el fin de buscarle una posible solución al problema, los residentes del Pie de La Popa solicitaron, a través de un derecho de petición al Establecimiento Público Ambiental (EPA), una poda técnica a la zona del manglar, que está a lo largo de la Avenida del Lago, comprendidos entre los puentes Las Palmas y Jiménez.

Además, pidieron gestionar protección tipo malla como la que circunda en el parque Espíritu del Manglar para evitar que los habitantes de calle penetren el manglar a hacer necesidades fisiológicas y consumir sustancias psicoactivas, convirtiéndolo así en un foco de seguridad.

No obstante, según Gustavo Guardiola Osorio, abogado y residente del barrio, la respuesta por parte de la entidad ambiental fue escueta.

“Respondiendo a la atención de referencia, debemos realizar un estudio y la respectiva visita de inspección técnica que sustente la genereación del correspondiente concepto técnico, a fin de fundamentar las acciones pertinentes y, en todo caso, para otorgar respuesta a fondo a su petición”, respondió el EPA.

Para Rafael Vergara Navarro, abogado ambientalista y ex secretario de Medio Ambiente de la ciudad, cortar el mangle no es la mejor opción y hay que buscar una forma distinta.

“El mangle es más sencillo cuidarlo que talarlo. El problema de este espacio radica en la falta de vigilancia que hay en el sector. Estoy de acuerdo con que se coloque una rejilla para protegerlo y así evitar que las personas se expongan a peligros y puedan disfrutar de este espacio con tranquilidad”.

La política pública, ¿para cuándo?
Aunque la primera fase de la política pública para atender y proteger a los habitantes de calle se creó en el 2016, y se estimaba que comenzaría a funcionar en agosto, la fecha se corrió cinco meses más.

Así lo reveló, en días anteriores, Arianna Castro, secretaria de Participación y Desarrollo Social, en entrevista con El Universal.

“Nos ha afectado mucho la itinerancia del gobierno local, pero este año debe estar lista. En convenio con la Universidad de Cartagena, ya se culminó la primera fase, que fue la formulación de la política pública. Para eso se armaron mesas sectoriales de manejo de habitantes de calle con diferentes actores de la comunidad y empresas privadas”, afirmó la funcionaria.

La secretaria afirmó, por otra parte, que “ya se está tramitando la segunda fase, que es la final, donde se va a revaluar la ruta de atención que venimos teniendo y se va a determinar una nueva para involucrar a todos los actores, teniendo en cuenta que la política pública es transversal, puesto que en ella intervienen todas las políticas públicas existentes, porque el habitante de calle puede ser un adulto mayor, una mujer, un joven, un miembro de la comunidad LGBTI, un discapacitado”.

 

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