Cartagena


Basureros satélite, una bomba de tiempo

La acumulación de desechos en sectores puntuales de la ciudad genera preocupación en diferentes comunidades, ya que estos denominados basureros satélite son foco de enfermedades debido al alto nivel de residuos que están a la intemperie.

Respecto a esto, las empresas recolectoras de basura aseguran que estos altos volúmenes de polución son producto de la falta de conciencia ciudadana, ya que pese a las operaciones hechas, las personas siguen contaminando. También, alegan que las autoridades no interponen suficientes comparendos ambientales, haciendo que esta ley quede en letra muerta.

En un recorrido hecho por El Universal en puntos críticos como Ceballos, San Pedro, Chambacú, entre otros, se notó que son grandes las cantidades de basuras aglomeradas.

Puntos críticos

La empresa Aseo Urbano de la Costa,  que opera en la zona Suroccidental de Cartagena, que comprende la Localidad 1 y  3, además en Pasacaballos, Barú, Santa Ana, Bocachica, Caño del Oro, Tierrabomba, Isla Fuerte, Islas del Rosario y archipiélago de San Bernardo, le reportó a este medio que en dicha área hay 28 basureros satélites o puntos críticos.

Antonio Andrade, jefe de operaciones de Aseo Urbano, le contó a El Universal que a diario trabajan para conscientizar a las personas de preservar el medio ambiente.

“Tenemos claridad en la importancia de la intervención social en las comunidades para generar acciones que contribuyan a la sostenibilidad del ambiente. Por esto, disponemos de un equipo de gestión social, que implementa estrategias direccionadas a la educación ambiental y cultura ciudadana con el acompañamiento de la autoridad ambiental de la ciudad, el Establecimiento Público Ambiental (EPA).

“El 40 por ciento de los puntos críticos son intervenidos con una frecuencia de recolección diaria, ya que están ubicados en avenidas principales. El 60 por ciento restante son intervenidos tres veces por semana, lo anterior con el fin de mitigar el impacto ambiental que generan los residuos en el ambiente”, explicó Antonio Andrade.

A crear conciencia

Pacaribe, desde su departamento de gestión social, adelanta la campaña “¡Siembra conciencia ambiental!”, en la que buscan sensibilizar a la comunidad de los efectos dañinos  del arrojo de residuos sólidos mixtos a cielo abierto en áreas públicas y privadas y propiciar la recuperación de estos sitios.

“La disposición de los desechos sólidos a cielo abierto es un tema íntimamente ligado con la  cultura de la sociedad cartagenera. También, es importante resaltar que históricamente esta es una ciudad que ha venido ganándole tierra a sus cuerpos de agua y por eso muchas comunidades no ven el arrojo de residuos sólidos mixtos como un problema. Se le está haciendo un gran daño a la flora  y fauna marina, por lo que hay que trabajar en cambiar eso. También, la poca aplicación de comparendos ambientales ha sido un detonante”, explicó a este medio Óscar Osorio, jefe de gestión social.

Comparendos

Mauricio Galvis Lugo, coordinador jurídico de comparendos ambientales de la secretaría del Interior distrital, explicó que desde el 2014 se han hecho más de 400 comparendos ambientales.

“Se están haciendo permanentes controles por parte de la Policía Ambiental, que está inspeccionando cualquier violación de la norma.

“Desde la secretaría recibimos los comparendos interpuestos por otras dependencias como el Establecimiento Público Ambiental (EPA) y la Policía especializada en estos temas y al tenerlas realizamos las sanciones pertinentes ”, señaló Galvis Lugo.

Sanciones

Las sanciones que se interponen por la comisión de las faltas de impacto ambiental son de tres tipos:

Pedagógica: con cuatro horas de capacitación en medio ambiente y manejo de residuos sólidos.

Un día de servicio social: realizando tareas de manejo de residuos sólidos, para quien reincida en alguna de las infracciones.
Sanciones económicas: según el grado de la falta (leve, moderada, grave), y la calidad natural o jurídica del infractor. Para las personas naturales, las sanciones van desde medio a un salario mínimo legal mensual vigente. Para  las personas jurídicas, desde 5 a 10 salarios mínimos mensuales vigentes.

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