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23 municipios de Bolívar, con pésima gestión ambiental

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La gestión ambiental desarrollada por los alcaldes en 23 de los 45 municipios de Bolívar, es deficiente y atenta contra la salud de sus habitantes.

Lo anterior indica que la crisis ambiental no solo afecta a los habitantes de El Carmen de Bolívar, donde no hay un sitio donde disponer las basuras desde hace 8 días, sino al resto de municipios.
Así se desprende de las auditorías ambientales realizadas por la Contraloría Departamental en 23 municipios de Bolívar durante 2008 y 2009 de las vigencias 2007 y 2008, cuyos resultados más importantes se relacionan a continuación en este informe.
Las auditorias se realizaron en Arjona, Arroyohondo, Barranco de Loba, Calamar, Cicuco, El Guamo, Hatillo de Loba, Magangué, Mahates, Margarita, Marialabaja, Mompox, Pinillo, San Estanislao de Kotska-Arenal, San Fernando, San Jacinco, San Juan, San Martín de Loba, Santa Catalina, Santa Rosa, Soplaviento, Talaigua Nuevo y Turbana.

Letra muerta
En esos entes territoriales reposan los documentos relacionados con asuntos ambientales que la ley les exige. Pero no se aplican. En todas las alcaldías, según el informe de la Contraloría, existe el documento con el Plan Básico o Esquema de Ordenamiento Territorial (PBOT o EOT); Plan de Desarrollo Municipal (PDM) y Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), entre otros.
“El común denominador en los municipios auditados es ignorarlos, por lo tanto no se les tiene como instrumentos fundamentales que guíen su accionar en la gestión ambiental municipal”, recalcó el contralor del Departamento, Fabián Ochoa Sánchez.
Agregó que esos documentos, además, son desconocidos por la mayoría de los funcionarios de las administraciones municipales, aún de aquellos que tienen competencia en los asuntos ambientales. “Esto explica que los Planes de Desarrollo Municipales no armonizan con el PBOT o EOT, y las acciones que se realizan en el campo ambiental, agua potable y saneamiento básico, no se encuentran muchas veces contenidas en esos mencionados Planes de Desarrollo”.
Por esa razón, la gestión ambiental deficiente tiene como consecuencia una serie de problemas en cada municipio, algunos de ellos muy particulares y otros comunes. Se destacan en el informe de la Contraloría, los problemas no resueltos de la disposición de los residuos sólidos ordinarios y el suministro de agua potable a la comunidad.
“Hay un deterioro alarmante de los recursos naturales, evidenciados en la disminución de la vegetación, contaminación y disminución de los cuerpos de agua, erosión y disminución de la fauna, etc. Por ejemplo, la quebrada de Norosí contaminada con mercurio y sedimentos, áreas del municipio de San Martín de Loba y el corregimiento Mina Santa Cruz con el suelo contaminado con mercurio. Todo causado por el uso de este metal en la explotación de las minas de oro”, señaló Ochoa Sánchez.

Residuos sólidos
Así mismo, se destaca en el informe que la problemática ambiental causada por la disposición inadecuada de residuos sólidos no es atendida con la seriedad y responsabilidad debida por parte de los alcaldes municipales, cuando se conocen las consecuencias negativas que para el medio ambiente y la salud de las personas causan su disposición no sanitaria.
“Una de las evidencias más claras de la poca atención que le prestan las administraciones municipales a la problemática ambiental, llámese mala prestación de servicio de agua potable, contaminación de cuerpos de agua, inadecuada disposición de las aguas residuales y de recolección de residuos sólidos, es la ejecución de los recursos asignados de manera aislada y atomizada, sin obedecer a proyectos diseñados”.
La gestión ambiental deficiente, se evidencia en una inadecuada disposición de los residuos sólidos ordinarios, en una pésima calidad del agua suministrada a la comunidad, como se demuestra con los resultados de las muestras de agua analizadas por el Laboratorio Departamental de Salud Pública.
Los municipios que consumen agua de la peor calidad son: Calamar, Cicuco, Santa Catalina, Clemencia y Hatillo de Loba con un 100%. A estos, le sigue Marialabaja, con un 97% de agua no apta para el consumo humano.
“Teniendo en cuenta los resultados de la auditoría observamos que la participación ciudadana en general y la participación de los sectores educativos no son convocados por los Alcaldes a trabajar en la solución de los problemas ambientales municipales desaprovechando unos recursos humanos fundamentales. No se utiliza el apoyo que las instituciones educativas pueden brindarles a las Alcaldías con los estudiantes que realicen su Servicio Social en medio ambiente. El problema de la disposición de los residuos sólidos ordinarios puede ser resuelto si se ejecuta el Pgirs con el apoyo ciudadano y una participación muy activa del sector educativo municipal”, advierte el Contralor.
Por último, recalcó a los alcaldes que deben procurar cumplir las funciones que la Ley 99 de 1993 en su artículo 65 y la Ley 1333 de 21 de julio de 2009 les confieren en los asuntos ambientales.
La Contraloría realizará la misma evaluación en los restantes 22 municipios del Departamento y hará seguimiento a que la problemática evidenciada sea mejorada, so pena de las sanciones establecidas en la resolución 0406 de 2006 de ese ente por incumplimiento de los planes de mejoramiento y también se pueden ver abocados a las investigaciones de carácter disciplinario y penal.

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