62 familias, sin mejorar sus casas por un embargo

La medida judicial afecta a las familias de escasos recursos, muchas de las cuales llevan años esperando ver sus viviendas en mejores condiciones.
Joaquín Güette Herrera, alcalde de San Jacinto, sostiene que la angustia de los beneficiarios de subsidios para mejoras de vivienda se prolonga cada vez más, pese a que la Administración Municipal aportó las certificaciones sobre la naturaleza de inembargabilidad sobre esos recursos, que expidió el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
La Alcaldía también realizó una fuerte defensa legal ante el Juzgado para lograr recuperar los dineros, sin lograr efectos positivos.
 “El Juzgado no ha respondido las solicitudes de desembargo ni entregado a los beneficiarios dichos recursos”, comenta Güette Herrera.
“Hay que entender que esos dineros no le pertenecen al Municipio, sino que el Gobierno Nacional se los otorgó a las familias que se postularon para recibir subsidios que les permitiesen mejorar sus viviendas de interés social”, agrega el mandatario municipal.
A punto del colapso
Las 62 viviendas afectadas por la falta de inversión para su mejoramiento están a punto de colapsar.
Al parecer, estas razones tampoco son suficientes para que el Juzgado determine de fondo el desembargo de los recursos.
El Alcalde dice que al Juzgado se le han otorgado todas posibilidades y el tiempo necesario para que estudie a fondo el caso, “pero lo que se está generando es una dilación para no decidir de manera acertada”.
Los beneficiarios de los recursos ya están cansados de la situación y piensan recurrir a las vías de hecho, para exigir que no se les siga vulnerando el derecho a tener una vivienda digna.
Otro embargo
Joaquín Güette Herrera le comentó a El Universal que dentro del mismo Proceso Ejecutivo Laboral fueron embargados los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), que pertenecen a los usuarios del Régimen Subsidiado de Salud del Municipio.
Estos recursos tampoco pueden ser embargados, dice el Alcalde, quien ya ordenó al despacho jurídico que le exija al Juzgado la devolución de los dineros, para poder garantizar la atención de los afiliados al Régimen Subsidiado.
“Estos embargos se están convirtiendo en un problema grave para la atención de los servicios de salud y vivienda de San Jacinto, ya que el sistema de justicia no está siendo eficaz en lo que le compete”, concluye el burgomaestre.