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Alcaldes de Zambrano y Córdoba reciben finca El Guasimal

Bajo la supervisión de la Secretaría del Interior de la Go-bernación de Bolívar, la Dirección Nacional de Estupefa-cientes (DNE), formalizó ayer la entrega a los municipios de Córdoba y Zambrano de los derechos sobre los terrenos de la Finca El Guasimal, para que adelanten la entrega oficial a las familias desplazadas que hoy los ocupan.

Este predio de unas 1.700 hectáreas de extensión, está ubicado en los límites de Zambrano y Córdoba, zona central del departamento, y es ocupado en la actualidad por 550 fa-milias que se dedican a actividades agrícolas y ganaderas, la mayoría de las cuales se encuentran en condición de despla-zamiento.
El secretario del Interior de Bolívar, Orlando Periñán Fló-rez, dijo que la idea es que una vez saneadas las tierras sean entregadas oficialmente a las familias campesinas asentadas en ellas que de verdad sean desplazadas.
La Gobernación de Bolívar podrá entonces gestionar pro-yectos productivos apalancados con recursos propios y apoyados en fondos del Gobierno Nacional, para buscar la esta-bilización socioeconómica de estas personas.
La mayoría de las familias que ocupan la finca son vícti-mas de la violencia, tanto de la guerrilla como de grupos de paramilitares. Sin embargo, el secretario departamental del Interior explicó que para mañana (miércoles) se ha progra-mado una diligencia de lanzamiento porque hay personas que no son desplazadas queriendo aprovechar el abandono de las tierras.
“De aquí al viernes la tierra debe estar debidamente re-cibida en físico por los alcaldes de Córdoba y Zambrano, en un acto en el que participarán funcionarios de la Procu-raduría, la Dirección de Estupefacientes, la Policía de Bo-lívar y la Secretaría del Interior”, informó Periñán Flórez.
Legalizada la entrega formal de las tierras, se espera que la semana entrante los campesinos puedan regresar pa-ra tramitar la entrega física de las mismas y de esa manera dar inicio a las gestiones para generar procesos producti-vos con apoyo estatal.
La finca estaba en manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes tras un proceso de extinción de dominio a personas vinculadas con grupos al margen de la ley.

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