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Aumentan los damnificados por inundaciones en Bolívar

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Las familias damnificadas por las inundaciones en Magangué llegaron a las 5.500 en las últimas horas y en el resto del departamento, de acuerdo a un informe de la Oficina de Prevención y Atención de Desastres, sobrepasan las 24.000.

La situación que afronta el municipio de Magangué es grave y según el alcalde de esa ciudad, Arcesio Pérez Bello, en las próximas 24 horas espera darle albergue a 1.500 familias que no pueden seguir viviendo en medio del agua.
“Nosotros como municipio estamos prestando toda la atención al problema supervisando la zona rural, llevando ayudas, motobombas, costales y realizando brigadas médicas. Magangué tiene unos 120 kilómetros de ribera, de los cuales 100 corresponden al Río Magdalena; 12 kilómetros al Cauca y el resto al San Jorge. Las inundaciones afectan a Santa Mónica, Playa Las Flores, Punta Cartagena, Santa Pabla, Corocito, Boca de San Antonio, Coyongal, Roma, Santa Coita, Las Martas, Tolú, San Sebastián de Bellavista, Sitio Nuevo, Barboza, Pancegüita, Palmarito, Isla Grande, Guazo, Las Brisas, Puerto Kenedy, Santa Lucía y Santa Fe.
Pérez Bello indicó que el municipio trabaja coordinadamente con la Defensa Civil y la Cruz Roja para atender a los damnificados. “Desde ayer co-menzamos a adecuar las antiguas bodegas del Idema para usarlas como albergue provisional”, dijo.
Recalcó que la emergencia es grave porque el agua del Río Magdalena ingresó al pueblo por los barrios San Marcanda, San Pedro Claver, Los Co-muneros, Santa Rita y Girardot. “E inclusive, parte del centro comenzó a inundarse desde hace dos días, lo que comienza a preocupar al comercio. Es por esa razón que necesitamos ayuda para hacerle frente a las inundaciones”, dijo.

En Bolívar
A 24 mil se elevó el número de familias en el resto del departamento fectadas por las inundaciones. La situación más grave la viven habitantes de Achí, Pinillos, Altos del Rosario, Tiquisio, San Jacinto del Cauca, Córdoba Tetón y otros pueblos ribereños.
El coordinador de la Oficina de Atención y Prevención de Desastres de Bolívar Edgar Larios Redondo, precisó que a nivel nacional fueron reporta-das 24 mil familias bolivarenses afectadas por la ola invernal, según los reportes entregados por los Comités de Atención y Prevención de Desastres Locales, Clopad.
Para el funcionario, todos los niveles administrativos con ingerencia en el manejo de actividades relacionadas con la crisis se encuentran trabajando para brindar ayudas a los damnificados.
Larios Redondo precisó que desde el mes de junio la Dirección Nacional de Atención y Prevención de Desastres viene entregando costales a algu-nos sectores de La Mojana e incluso a algunos corregimientos del municipio de Magangué y con ellos se coordinando todas las acciones.
Dentro de las medidas de urgencia que implementará el Departamento, está la realización de brigadas de salud.
“Vamos a implementar una serie de brigadas de salud consistentes en medicamentos e insumos odontológicos a las zonas más afectadas y también contribuiremos con la dotación de sueros antofídicos y declararemos una Alerta Amarilla a los hospitales de primer situados en las zonas afectadas pa-ra que garanticen la atención de los pacientes bolivarenses que están requiriendo con mayor necesidad de los servicios médicos y asistenciales”, advir-tió una funcionaria.

Llamado del Contralor

El contralor del Departamento de Bolívar, Fabián Ochoa Sánchez, instó a los alcaldes, cuyos municipios estén afectados por la ola invernal a admi-nistrar la declaratoria de la Urgencia Manifiesta con mesura, precaución y responsabilidad, y con apego a los principios que rigen la contratación pú-blica, so pena de hacerse acreedores a procesos de carácter fiscal, disciplinarios o penales, con las eventuales consecuencias que de ellos se derivan.
Según Ochoa Sánchez, la declaratoria de Urgencia Manifiesta habilita la posibilidad de seleccionar al contratista, mediante la modalidad de selec-ción de contratación directa, de conformidad con lo establecido en el artículo segundo numeral 4 literal a) de la Ley 1150 de 2007. “Las causales para la utilización de la figura de la Urgencia Manifiesta están taxativamente trazadas en la Ley 80 de 1993 artículo 42, y no pueden ser utilizadas por otras motivaciones diferentes”.
Recalcó que “el control de la contratación de urgencia manifiesta en el departamento de Bolívar, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 de la Ley 80 de 1993, está a cargo de la Contraloría Departamental, por lo que el Gobernador de Bolívar o los alcaldes de esta jurisdicción, que eventual-mente decreten esta medida, deben cumplir lo que señala dicha normativa, así:
Inmediatamente después de celebrados los contratos originados en la urgencia manifiesta, éstos y el acto administrativo que la declaró, junto con el expediente contentivo de los antecedentes administrativos, de la actuación y de las pruebas de los hechos, se enviará al funcionario u organismo que ejerza el control fiscal en la respectiva entidad, el cual deberá pronunciarse dentro de los dos (2) meses siguientes sobre los hechos y circunstancias que determinaron tal declaración. Si fuere procedente, dicho funcionario u organismo solicitará al jefe inmediato del servidor público que celebró los refe-ridos contratos o a la autoridad competente, según el caso, la iniciación de la correspondiente investigación disciplinaria y dispondrá el envío del asunto a los funcionarios competentes para el conocimiento de las otras acciones. El uso indebido de la contratación de urgencia será causal de mala conducta”.
“La Contraloría observa con mucha preocupación que los hechos calamitosos se repiten con cada ola invernal, sin que las autoridades competentes tomen medidas eficaces y oportunas, que obedezcan a solucionar la situación de manera definitiva, conllevando con esto que cuantiosos recursos se estén invirtiendo cada año sin una planeación adecuada y con resultados infructuosos en la erradicación de la problemática que se presenta”, dijo.
Recalcó que las anteriores consideraciones, obedecen a evitar que los representantes legales de las entidades sujetos de control de esta entidad, incu-rran en desviaciones normativas en materia de contratación, que podrían acarrear perjuicios a los intereses patrimoniales del Estado. No obstante, se aclara que este ente de control no coadministra, ni participa en la toma de decisiones de la administración en el manejo de sus recursos, sólo se limita a examinar las operaciones y procesos en ejercicio del control posterior.
“Para hacerle control y seguimiento a los contratos amparados bajo urgencia manifiesta y verificar el cumplimiento del objeto contractual, éste des-pacho comisionará un equipo interdisciplinario, que espero encuentre en las veedurías ciudadanas, juntas de acción comunal y en la ciudadanía en ge-neral, un aliado eficaz y oportuno”, dijo Ochoa Sánchez.

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Comentarios

Para que advierte, si sus

Para que advierte, si sus empleados se han enriquecido a costilla de los alcaldes. Que investiguen a Cristobal Monterrosa (anterior contralor), cuando entró no tenía ni donde caerse muerto, ahora tiene chalets y demás. Por favor en la Contraloría sancionan a quien no pague la boleta. Alcalde que los arrgle no le pasa nada. Es para lo que sirven las contralorías para arruinar a los alcaldes y funcionarios públicos.