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Confirman sanción contra tesorero de Hospital de Magangué

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La Procuraduría General de la Nación confirmó la decisión de sancionar con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de seis meses a Alejandro de Jesús Soto de la Hoz, quien en su condición de tesorero del Hospital la Divina Misericordia de Magangué (Bolívar), fue hallado responsable de haber omitido su responsabilidad de custodia de los títulos valores de la entidad.

 

Los hechos investigados están relacionados con la sustracción de las instalaciones de la tesorería del hospital de varios cheques pertenecientes a la institución, que luego fueron lIenados, firmados y cobrados, causando detrimento patrimonial en cuantía total de $23'730.000. AI ser informada de los hechos, la gerente del hospital formuló denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y queja ante la Procuraduría Regional de Bolívar.

Con varios medios de prueba, especialmente testimoniales, se acreditó que las condiciones de seguridad de la tesorería y la pagaduría del Hospital la Divina Misericordia no eran las más óptimas, pero en concepto del Ministerio Público esto no exonera al investigado de responsabilidad, pues no solicitó oportunamente que se dotara su oficina con medidas de seguridad, y fue esa omisión la que dio lugar a que se diera la pérdida de los títulos valores y su cobro irregular, lo que perjudicó ostensiblemente las finanzas de la institución.

Señala el fallo que el cargo formulado no lo fue esencialmente por haber omitido advertir a sus superiores de los peligros que podía generar la desfavorable estructura física de la oficina de tesorería, sino fundamentalmente por el hecho de que al desatender sin justificación su concreto deber de cuidado frente a los bienes bajo su custodia física y jurídica, terminó facilitando la sustracción de varios títulos y su cobro irregular.

La sanción fue impuesta de acuerdo con la figura de culpa grave. Esta decisión de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, confirma el fallo de primera instancia adoptado por la Procuraduría Regional de Bolívar y contra la misma no procede recurso.

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