Desconcierto por nulidad de decretos de emergencia

“Si bien Bolívar presentó su queja por estar en desacuerdo con el decreto 141 que ordenaba fusionar las CAR, esta decisión nos deja desconcertados, pues ya se había articulado con relativo éxito la unión de Cardique con la Corporación Ambiental del Atlántico, constituyéndose la CAR del Bajo Magdalena”, señala el gobernador Alberto Bernal Jiménez.
El departamento también avanzó en la fusión de la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar con la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana (Corpomojana) y Carsucre, dándole nacimiento a la CAR Momposina, donde fue designado como director el bolivarense Óscar Brieva Rodríguez.
Según Bernal Jiménez, quien fuera escogido la semana pasada como Presidente del Consejo Directivo de la CAR Bajo Magdalena, la decisión judicial deja un aroma de “incertidumbre” de cara la ejecución de las obras que ya estaban priorizadas para mitigar riesgos de inundaciones, más cuando los pronósticos indican la llegada de las lluvias en abril próximo.
Por ejemplo, la CAR Bajo Magdalena apropió recursos por $5.680 millones de pesos para taponar 18 chorros grandes y 74 menores en las riberas del Canal del Dique, así como para limpiar cuerpos de agua.
Igualmente, la CAR Momposina destinó $32.000 millones para tapar chorros, reconstruir puentes averiados y reforzar muros de contención en los municipios de su jurisdicción afectados por la pasada temporada invernal.
El Gobernador afirma que de momento todos esos recursos y proyectos quedan suspendidos a corto plazo, a la espera de que el Gobierno nacional defina la hoja de ruta a seguir.
El único presupuesto con el cuenta ahora la Administración seccional, es el que giró Colombia Humanitaria por $6.570 millones para adelantar trabajos de mitigación de emergencias invernales.
A pesar del panorama incierto, Bernal es optimista y confía que el Gobierno hará una revisión minuciosa a las CAR.
“El presidente Santos se comprometió a devolverle a Bolívar una autoridad ambiental con autonomía y, en ese orden de ideas, esperamos tener una entidad con cobertura en todo el Departamento”, manifiesta Bernal Jiménez.
Concluye que el fallo de la Corte genera sentimientos encontrados, ya que por un lado alimenta la esperanza de que Bolívar recupere su competencia ambiental con Cardique, y por el otro se origina un rezago en las obras que se deben realizar para evitar nuevas inundaciones.
Óscar Brieva, director de la CAR Momposina, dice que no ha sido notificado por el Gobierno de los pasos a seguir, tras la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la segunda declaratoria de emergencia.
“De momento evaluamos de manera detenida los efectos del fallo y cómo se va conjurar esta situación”, puntualiza el funcionario.

Otros efectos negativos
La decisión del alto tribunal deja sin efectos 12 decretos legislativos que dictó el Ejecutivo con los que se esperaba atender la emergencia del año anterior.
Esto también preocupa a las autoridades bolivarenses, debido a que el Departamento dejaría de percibir cerca de 40 mil millones de pesos, que iban a ser destinados por el Gobierno nacional para invertir en la deteriorada infraestructura escolar y de salud.

“Urgencia Legislativa”, plan B del Gobierno
COLPRENSA
El fallo de la Corte sí tomo por sorpresa al Gobierno nacional, según el Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, quien dijo que a pesar de esta situación, no se van a controvertir los fallos de los altos tribunales.
Explica que se buscará con el concurso del Congreso una adición presupuestal en 5.6 billones de pesos, que son los recursos que se deben adicionar al presupuesto del año en curso, con el fin de atender los problemas invernales.
Distintos sectores del Congreso de la República expresaron ayer su compromiso con el trámite y la aprobación lo más pronto posible, del nuevo paquete de normas legislativas.
El presidente del Senado, Armando Benedetti, en primer lugar se declaró desconcertado por la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la declaratoria de la emergencia en su segunda parte.
Manifiesta que el Gobierno tiene varias formas de volver a dejar vigentes esas medidas, para lo cual pueden llevar proyectos por la vía de la Urgencia Legislativa.
Ya el Ministerio de Hacienda radicó el proyecto que busca una adición de 5,6 billones de pesos, para atender la población damnificada del invierno, con los decretos que se cayeron en la revisión constitucional.