Embargos laborales pasan de los $5 mil millones en Calamar

Los embargos laborales, por obligaciones contraídas en administraciones anteriores, que llegan casi a diario a la Alcaldía de Calamar y que suman más de $5.000 millones, tienen al municipio sumido en una crisis administrativa. Precisamente, esa situación motivó a la alcaldesa de Calamar, Sara Villalba Molinares, a solicitar la intervención de la Procuraduría y el Consejo Superior de la Judicatura para evitar que los jueces sigan ordenando pagar obligaciones con recursos inembargables. Según Villalba Molinares, más de $750 millones de recursos pertenecientes al Sistema General de Participación (SGP) están congelados en cuentas manejadas por los jueces. “En esta semana ingresaron 8 procesos ejecutivos laborales, todos con medida cautelar de embargo. La administración está paralizada, y a pesar de que nos hemos defendido jurídicamente argumentando la inembargabilidad de esos recursos, los jueces no tienen en cuenta a la ley”, dijo. La mayoría de los embargos son ordenados por los juzgados promiscuos I y II del Circuito de Turbaco. “Como alcaldesa estoy preocupada porque con estas medidas se afectan los dos sectores más importantes: educación y salud. Ojalá la Procuraduría indague sobre lo que está ocurriendo con las finanzas de Calamar y al Consejo Superior de la Judicatura le pedimos que ordene una investigación para verificar el accionar de los jueces. Nosotros estamos pagando obligaciones laborales contraídas y dejadas de cancelar por administraciones pasadas, lo que ha generado una parálisis administrativa”, dijo. La Alcaldesa indicó que todos estos problemas afectan el desarrollo de los proyectos de inversión. “Esos embargos no permiten que podamos usar los recursos de Calidad Educativa, Régimen Subsidiado y de otros sectores. Tenemos las manos atadas porque no podemos hacer caso omiso al mandamiento de los jueces”, dijo Villalba Molinares. Agregó que debido a los problemas de pasadas administraciones, casi todas las personas que laboraron en la Alcaldía han demandado. “Las demandas que oscilan entre los 5 y 30 millones algunas. Aunque hay otras que superan los 100 millones de pesos.