Embargos laborales con mandamientos de pago que superan los $2.000 millones aumentan la crisis económica del municipio de Soplaviento y podrían afectar la inversión en los próximos 10 años. El alcalde de Soplaviento, Luis Ramírez, indicó que a pesar de haber presentado las reclamaciones con su equipo jurídico ante las instancias judiciales, to-das las pretensiones fueron negadas porque los anteriores alcaldes no se defendieron. “Son reclamaciones laborales que datan desde 1997 algunas y otras desde hace más de 35 años, pero lo más preocupante es que ya la Alcaldía no puede defenderse porque todos los procesos fueron fallados”, dijo. Según Ramírez desde que llegó a la Alcaldía se dedicó a buscar la forma de evitar cancelar esos recursos, pero a la final resultó imposible. “Nosotros solicitamos ayuda al Gobierno nacional para adelantar proyectos viales y otras obras, pues el presupuesto de inversión del municipio quedará pignorado, una vez se hagan los acuerdos de pago”, dijo. Luis Ramírez dio a conocer que ya ha informado al Concejo de la situación y a la comunidad. “Es muy triste que esto le ocurra a un municipio tan pobre como Soplaviento, sobretodo cuando los recursos para invertir son tan limitados”, dijo. Los procesos El Tribunal Administrativo de Bolívar, le ordena pagar al municipio de Soplaviento $280 millones porque en 1999 el alcalde de la época declaró insub-sistente al funcionario de apellido Miranda sin justa causa. El Tribunal ordena pagar los salarios indexados hasta la fecha. Sobre este caso, el Alcalde indicó que el funcionario fue reintegrado hace pocas semanas para evitar que siguiera aumentando la cuenta. En otro proceso, el Tribunal condena al municipio de Soplaviento a pagar 160 millones de pesos a una persona que fue despedida en 1999, sin tener la justificación legal. El funcionario que ganó la demanda labora en la Secretaría de Educación del Departamento y se acordó con la instancia judicial descontar el tiempo trabajado, lo que seguramente minimizará el monto a pagar. La suma más alta que debe pagar el municipio de Soplaviento es de $1.569 millones. Existe un cobro coactivo por parte del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República (Fonprecon) que reclama el pago indexado de cuotas partes pensionales de Víctor Rafael Camacho Orózco, quien trabajó en el municipio en 1963. Además, hay otros procesos que suman más de 150 millones de pesos.
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Embargos por 2.000 millones de pesos “ahogan” a Soplaviento
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