Empleados de la Alcaldía se tomaron sede del Banco de Bogotá en El Carmen

Los trabajadores de la Alcaldía de El Carmen de Bolívar se tomaron las instalaciones del Banco de Bogotá, desde las 6 de la tarde del martes, en protesta por los embargos que a diario ordenan los jueces. La Alcaldía está cerrada desde el pasado lunes y en el exterior de la sucursal bancaria se encuentran 60 funcionarios. Los huelguistas aducen que en los últimos años, los bancos han pagado más de 23.000 millones en cumplimiento de las órdenes de embargo que decretan los jueces. “Consideramos que se deben investigar las ordenes de embargos porque estamos seguros que existen irregularidades”, dijo uno de los protestantes. Los empleados de la Alcaldía advierten que la situación tocó fondo porque al municipio no le llegan recursos para prestar un buen servicio a la comunidad. “La crisis se ha tornado difícil. Tuvimos que cerrar la alcaldía porque no hay suministros para trabajar, y aquí los entes de control no se pronuncian”, ar-gumentó uno de los funcionarios de la administración municipal. De igual forma, los manifestantes culparon a los jueces de la falta de recursos para trabajar e invertir en el municipio, “porque se vienen presentando una serie de embargos que no son reales y que atentan contra la integridad de los carmeros”, advirtieron. “Aquí hay embargos que se han pagado hasta cuatro veces. Nosotros no estamos protestando solamente por lo que nos corresponde como empleados, sino que estamos reclamando los recursos de El Carmen en general”, asintió otra trabajadora. Los recursos Los funcionarios que llevan más de dos días frente a las instalaciones del Banco de Bogotá arguyen que los dineros destinados para la salud y la educación de los carmeros y de todos los colombianos son inembargables. “Este es el único municipio donde se roban todos los dineros de frente, y donde embargan el 100% de los recursos. Pero la ley es clara cuando dice que solo debe ser retenido el 28%”, anunció Richard Hernández Pérez, director de eventos culturales del municipio. De igual forma, Alfredo Meza Ferrer, secretario de Salud, dijo que no levantarán el paro, hasta que no llegue al municipio una comisión del Con-sejo Superior de la Judicatura para que se ponga al frente de la situación. “Nosotros no podemos permitir que se sigan perdiendo los dineros. La Secretaría de Salud no ha podido cumplirle al sector rural porque no hay re-cursos para transporte, al igual que está sucediendo con el sector educativo, y ya se empezaron a ver los estragos de la falta de inversión”, recalcó Me-za Ferrer. Por ultimo, los funcionarios de la administración de Galo Torres Serra, advirtieron que no soportan más la situación, “Tenemos cinco meses que no nos pagan. Estamos endeudados por todos lados, y no tenemos seguridad social porque no han podido pagarla”, indicaron. Los dineros La situación que agotó la paciencia de los trabajadores del palacio municipal se presentó el pasado viernes, cuando fueron embargados mas $350 millones que iban a ser invertidos para educación, salud y otras acreencias de la alcaldía. Mesa de diálogo Durante todo el día de ayer se realizó una mesa de diálogo a la cual asistieron representantes del Banco de Bogotá, delegados de la Procuraduría Provincial de este municipio, la personera Maribel Romero Tobías, el juez Primero Promiscuo Municipal, Alí Silva Cantillo; el Comandante Operativo de la Policía del Departamento de Bolívar, el Comandante de la estación de Policía de El Carmen, Víctor Suárez Angulo y delegados de la alcaldía, pero hasta el cierre de esta edición no había una concertación concreta para levantar la toma de la sede del Banco de Bogotá. De igual forma, los comerciantes y habitantes de otros municipios que tienen cuentas en este banco le hicieron un llamado a los protestantes para que permitan que se preste el servicio en el banco porque están atrasados en las consignaciones y giros que deben realizar. El Banco de Bogotá Por su parte, directivos el Banco de Bogotá emitieron un comunicado en el que advierten que la sucursal de este banco está autorizada para recibir los re-cursos de las transferencias de la Nación, provenientes del Sistema General de Participación. En la misiva también advierten que contra los recursos del municipio pesan múltiples órdenes de embargos dadas por órdenes de Jueces de la Repú-blica y autoridades administrativas competentes, en ejercicio de su función judicial, los cuales cumplen con los requisitos del artículo 681 del Código Penal Contencioso. De igual forma, argumentan en el documento que “de no cumplir y aceptar los que dicen los oficios que ordenan los embargos y realizan los trasla-dos de los recursos existentes en las cuentas del municipio, se puede incurrir en un delito de fraude y resolución establecidos en el artículo 454 del Có-digo Penal.