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“Es difícil recuperar dineros después de robados”: Pardo

“Es difícil recuperar dineros después de que se los han robado”.
Esta frase fue utilizada por el contralor departamental, Óscar Pardo Ramos, para explicar lo laborioso que resulta rescatar los dineros que hurtan los servidores públicos al erario.
Según Pardo Ramos, es difícil por varias razones. Primero, porque los responsables de detrimentos al patrimonio público no registran bienes a su nombre y como son retirados de sus cargos, tampoco no tienen sueldo para embargarles.
“A estos defraudadores del erario es difícil hallarles fincas, apartamentos o automóviles, ya que hábilmente ponen sus propiedades a nombre de terceros para evitar embargos”, dice el Contralor.
Segundo, algunos no registran todas las direcciones posibles y no se les consigue en ningún lado. Esto impide que sean notificados de los cobros coactivos que se efectúan luego de haberlos vencido en juicio por malversación de dineros públicos, como consecuencia de una inadecuada gestión fiscal.
En vista de esto, la Contraloría procede a notificarlos mediante edictos, pero este procedimiento resulta infructuoso, puesto que no se presentan a responder.
Tercero, se asesoran de abogados que manipulan la ley sin necesidad de violarla para entorpecer los procesos, amparados en que sus clientes tienen derecho a defenderse y al debido proceso.
“Si tuviéramos funcionarios probos y honestos, la tarea de los organismos de control sería más fácil”, expresó el representante del Ministerio Público.
Entrega de títulos
Pardo se pronunció en una audiencia en la que fueron entregados títulos ejecutivos (dineros recuperados tras ser sustraídos al erario) a los representantes legales de instituciones inspeccionadas por la Contraloría Departamental.
Los recursos recuperados, relacionados con detrimentos al patrimonio público, ascienden a 118 millones de pesos. Estos recursos deben ser adicionados a los presupuestos actuales de cada entidad. 
Fueron citados a la audiencia los representantes legales de las alcaldías de Cantagallo, Magangué, Arjona, El Peñón, San Pablo, Zambrano, San Jacinto, Turbana y Santa Catalina.
También los delegados del Concejo Municipal de San Pablo, de las Empresas Sociales del Estado (ESE) de San Pablo, de Cartagena, de Turbana y Manuel Elkin Patarroyo, de Santa Rosa Sur, y los representantes de las personerías de San Cristóbal y Magangué.

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