Incoder denuncia plantación ilegal en predios de Las Pavas

Una comisión del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) comprobó que en “Las Pavas”, hacienda en el sur de Bolívar, se están realizando plantaciones de palma africana en contravía de la ley, lo cual podría afectar el proceso de extinción del dominio que actualmente está en curso.

“El jueves 12 de julio, una comisión del Incoder fue a “Las Pavas” (más información aquí Hacienda Las Pavas) para constatar las denuncias que hemos recibido por parte de Asocab y a hacer seguimiento a una sentencia de 2010 de la Corte Constitucional que ordenó el proceso de extinción del predio. Entrevistamos a todas las personas que quisieron hablarnos”, comentó Jhenifer Mojica, subgerente de Tierras Rurales del Instituto.

Durante la visita a la hacienda se presentaron algunos altercados y se pudo constatar la plantación ilegal de palma de dos años y medio en los terrenos.

“Esto nos afecta seriamente porque en dos semanas, cuando empezaremos las inspecciones oculares de predios en Las Pavas, podríamos encontrar el terreno alterado, lo cual afectaría el tema probatorio del proceso”, señaló Mojica.



ESPERANDO UNA RESPUESTA

“El Incoder envió un oficio al comandante de Policía del departamento de Bolívar, coronel Jorge Vargas, para poner en conocimiento las denuncias que hemos recibido y para que evitara la plantación ilegal de palma hasta que se tome la decisión final de la extinción del dominio y no se ha recibido una respuesta efectiva”, agregó la funcionaria.

Los funcionarios del Incoder también identificaron que la siembra de los colonos asentados allí legalmente fue arrasada con maquinaria manejada presuntamente por hombres de Aportes San Isidro, empresa agroindustrial de la familia Dávila Abondano.

Según un comunicado oficial del Incoder la empresa Aportes San Isidro habría contratado a la organización Nuevo Liderazgo Campesino para realizar las plantaciones de palma.

El proceso que adelanta el Incoder sobre la hacienda “Las Pavas” es de extinción de dominio por la falta de explotación del bien por parte del propietario.

Mojica hizo un llamado para “llenar de garantías el proceso. Que las partes estén bien y en paz. Tenemos que continuar nuestro proceso y darle fin. Por vías judiciales y administrativas terminaremos el proceso, pero debemos denunciar los hechos”.

EL CASO

La citada sentencia de la Corte Constitucional (T-267) tuteló los derechos de las 120 familias campesinas que ocupaban “Las Pavas” y que fueron desalojadas el 25 de febrero de 2009, mediante un acto que la misma Corte declaró como ilegal, y ordenó protegerle los derechos a las familias de Las Pavas poseedoras de los predios.