La apropiación de tierras, mal de la crisis campesina

El grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación explica los problemas de la comunidad campesina en Colombia en los últimos 40 años. Según una investigación realizada, la mayoría de las comunidades campesinas de Córdoba, Sucre y en los Montes de María (Bolívar) fueron víctimas de amenazas de grupos armados ilegales a comienzos de los sesentas, además de sufrir las consecuencias de la corrupción de los dirigentes políticos y empresarios que obligaron a las compraventas forzadas y a menos precios, así como a la falsificación de títulos de parcelas de reforma agraria. Precisa que "en la región Caribe, los movimientos campesinos sufrieron las consecuencias de la presencia guerrillera por un lado y la consolidación del proyecto paramilitar por el otro: ninguna forma de asociación regional fuerte fue posible sin ser estigmatizada de subversiva; tampoco pudieron los campesinos plantear sus reivindicaciones en forma autónoma. Parte de su dirigencia fue asesinada o desplazada". El estudio solamente maneja las cifras entregadas por la Encuesta Nacional de Verificación que señala que son más de dos millones de hectáreas abandonadas o perdidas sólo en la región Caribe y cerca de 150.000 hectáreas en los departamentos anteriormente mencionados. Así como el registro de 15.000 hectáreas acumuladas por sólo 20 propietarios individuales y empresas agropecuarias que compraron 257 predios pequeños y medianos y algunos grandes. Según el estudio, "estas cifras muestran un doble proceso: las compras de predios a campesinos afectados por el conflicto, y la acumulación de esos predios en pocas manos, llevando a un proceso de concentración de tierra". Las tierras La apropiación de tierras, la cual está íntimamente relacionada con el "provecho económico, o al territorio como base para el poder político o para la movilidad estratégica de actores armados, o la expansión de empresas tanto lícitas como ilícitas", dejaron en evidencia los casos de corrupción y manipulación de papeles legales para entregar tierras a las élites y el aprovechamiento de los grupos alzados en armas de esta situación. "La apropiación violenta, directa y permanente de las tierras ha sido una estrategia de los paramilitares y los narcotraficantes, pero en menor grado de la guerrilla. La percepción de la población que esta última desplaza pero no se apropia de las tierras más allá del uso de corredores estratégicos para la movilidad de tropas y armas", precisó el informe. Durante la investigación se encontró que "las crisis económicas recurrentes, la inestabilidad en el crecimiento económico y el inequitativo acceso a los recursos han contribuido al mantenimiento de un alto grado de pobreza rural y un sostenido proceso de pauperización". La investigación concluye con un análisis de las reformas agrarias y las políticas planteadas por los Gobiernos de turno para aprovechar mejor el campo, sin embargo, los problemas anteriormente señalados impidieron que estas lograran todo su esplendor y se hundieron. “Políticas como la Reforma Agraria y la Implementación en Sucre y las zonas conflictivas de los departamentos de Córdoba y Bolívar del Plan Nacional de Rehabilitación – PNR, han servido para atenuar las necesidades de la población rural más pobre y desestimular su apoyo o participación en los grupos subversivos. De igual forma, la política de Competitividad y la de Desarrollo Rural Campesino han abierto espacios para que los grandes capitales del sector rural se lucren, directa e indirectamente, de la situación y la dinámica regional”.