La de El Salado, matanza sin rostros

El informe “Esa guerra no era nuestra”, sobre la masacre perpetrada por paramilitares en El Salado, corregimiento de El Carmen de Bolívar, hace visible las presuntas acciones u omisiones de la Fuerza Pública y de las autoridades civiles frente a los sucedido entre el 16 y el 21 de febrero del 2000, así como la tendencia a invisibilizar a las víctimas y silenciar sus voces. La reconstrucción histórica de este caso, considerado como uno de los más atroces del conflicto contemporáneo en Colombia, condensa con crudeza los extremos de una guerra y las consecuencias perversas de la estigmatización de la población civil. Los detalles fueron socializados ayer en Cartagena, por el equipo investigador de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR). Andrés Suárez, coordinador de la investigación, explica basándose en el informe, que hubo una planeación previa para justificar la ausencia de la fuerza pública en el lugar de los hechos, cuando ocurrió la matanza. La denuncia Según la investigación: primero, la denuncia de un ganadero y político de la región, apoyado por el gobernador encargado de Sucre, de un robo de ganado en sus haciendas situadas entre San Onofre y Toluviejo, lo que llevó a un desplazamiento militar hacia las zonas donde se suponía que estaba el ganado robado. Segundo, se advierte en el informe, un mes antes de la masacre, la competencia militar sobre el territorio había pasado del Batallón No. 5 de Infantería de Marina al Batallón de contraguerrilla de la Infantería de Marina No. 31. Y tercero, las informaciones sobre un ataque inminente de las Farc contra los cascos urbanos de Córdoba (Bolívar) y Zambrano en los mismos días de la masacre, que llevaron a que la Primera Brigada de Infantería de Marina no pudiera estar presente en el territorio, que quedaba sin ninguna protección militar. Suárez argumenta que la reconstrucción de los hechos es además pertinente porque hoy en día el Estado ni la sociedad tienen certeza sobre lo que pasó ni sobre su magnitud. “Lo que se observa es una verdad fragmentada e inaccesible para la opinión pública, y una pluralidad de versiones con muchas distorsiones, difundidas por los medios de comunicación”, expresa el miembro de Memoria Histórica. Dice que a pesar del enorme despliegue mediático sobre las masacres, se destaca la versión de los victimarios directos, los relatos de miembros de las fuerzas armadas y las versiones de los funcionarios del Gobierno, siendo marginales las versiones de las víctimas. Por este motivo, el informe destaca la importancia de justificar la reconstrucción de los hechos de El Salado frente a la tendencia a invisibilizar a las víctimas y silenciar sus voces. Derecho a la justicia Según la investigación, las obligaciones del Estado con la comunidad de El Salado por los hechos ocurridos en febrero del 2000, no se agotan en la responsabilidad que pueda llegar a derivarse por las presuntas acciones u omisiones de la Fuerza Pública y de autoridades civiles frente a lo sucedido los días 16 a 21 de febrero del 2000, sino que se extienden al contexto global que permitió el desencadenamiento de los acontecimientos, que cubre desde su ausencia histórica en el territorio hasta la desinstitucionalización de sus políticas, lo cual incidió en el escalamiento de la guerra. En relación con ello, las víctimas sobrevivientes reclaman como punto de partida de las deudas de reparación que corresponden al Estado y la garantía de realización de su derecho a la justicia. Como ha señalado la Unidad de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación, en los hechos de El Salado de febrero del 2000 se cometieron graves violaciones, además de la legislación interna, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Penal Internacional. “Esto demanda del Estado una respuesta eficaz en términos de la investigación y esclarecimiento de lo ocurrido, de la captura, enjuiciamiento y sanción de sus autores, y de la reparación de las víctimas; y el cumplimiento de esta obligación implica, entre otros deberes, el garantizar recursos judiciales adecuados y efectivos, a través de los cuales estos derechos sean protegidos y logren su realización”, dice Andrés Suárez. Memoria Histórica considera, en ese sentido, que el análisis de las decisiones mediante las cuales se sancionó penal y disciplinariamente a algunos de los responsables de la masacre de El Salado, así como la identificación del estado actual de los procesos penales y contencioso administrativos, permitirá una aproximación a las actuaciones realizadas, hasta ahora, por el Estado, para evitar en este caso la impunidad y garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y a la no repetición. Actualmente, sólo hay 15 condenados de los más de 400 paramilitares que perpetraron la masacre. Ningún jefe paramilitar ha sido condenado por la matanza de El Salado, pese a que el desaparecido Carlos Castaño Gil, reconoció públicamente su responsabilidad sobre la misma. Tampoco se han hecho investigaciones a organizaciones civiles ni a personajes de la vida pública que pudieran tener alguna relación con los hechos. De más de 7 mil personas desplazadas, sólo el 10% ha regresado a El Salado. La masacre La reconstrucción detallada de los hechos por el Grupo de Investigación de Memoria Histórica (MH), evidencia que la masacre de El Salado no empezó ni acabó entre el 16 y el 21 de febrero del 2000. Memoria Histórica identificó un total de 60 víctimas fatales, 52 hombres y ocho mujeres, entre quienes había tres menores de edad. También se registraron dos víctimas sobrevivientes de episodios de violencia sexual.