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La lección de Las Pavas y la Ley de Víctimas

Este sonado caso, que sería un fraude, muestra las dificultades que tendrá el Estado para aplicar la Ley de Víctimas.

 El caso de Las Pavas, la finca en el sur de Bolívar que se hizo famosa en 2009 por el desalojo de 123 familias de campesinos, se ha convertido ahora también en el símbolo de lo difícil que va a ser para Colombia poner en práctica la restitución de tierras.

No deja de llamar la atención que este caso, que había sido escogido por el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, como uno de los pilotos de la restitución de tierras, sea el que esté ahora en entredicho.

La fiscal general, Viviane Morales, sorprendió al país el pasado jueves al decir que se trataba de un falso desplazamiento. Que era un montaje de las 123 familias que se habían hecho pasar por desplazadas de estas tierras, en jurisdicción de El Peñón, Bolívar, que ahora están sembradas de palma.

Y el ministro del Interior, Germán Vargas, atizó la hoguera al escribir en su Twitter: “Se están prefabricando víctimas del desplazamiento para interponer recursos y reclamar millonarias indemnizaciones al Estado”.

Es quizá la primera vez en Colombia que se habla de un falso desplazamiento, y las suspicacias de inmediato se dispararon debido a que se hace el anuncio apenas dos semanas después de que se puso también en entredicho el número de personas muertas en la masacre de Mapiripán, otro episodio clave en la historia reciente de este país.

La fiscal general, para dar una declaración tan contundente, se basó en la decisión de una fiscal de Bolívar, Miriam Martínez Palomino, que precluyó la investigación que se había iniciado por una denuncia de desplazamiento. Esta fiscal fue la misma que en su momento acusó al polémico empresario Alfonso ‘el Turco’ Hilsaca del asesinato de cuatro prostitutas en Cartagena.

Los argumentos

¿Cuáles son los argumentos de la Fiscalía? En primer lugar, dice que no se trató de un desplazamiento sino de un desalojo llevado a cabo el 14 de julio de 2009 por el inspector de Policía del municipio de El Peñón, en cumplimiento de una orden judicial de un juzgado de Mompox.

Y dice que halló “muchos documentos” en los que la misma comunidad de Las Pavas reconoce que se trató de un desalojo. Entre otros, menciona una petición al Incoder de mayo de 2006, firmada por Misael Payares, uno de los voceros de las 123 familias, en la cual le solicitaba a esta entidad del Estado negociar el predio con el propietario, y decía que ellos, los campesinos, estaban en capacidad de pagar un 40 por ciento del valor del predio para que el Incoder sufragara el 60 por ciento restante.

“Jamás –escribe la fiscal Martínez– en dicha comunicación hablan o denuncian o ponen en conocimiento de aquellos funcionarios del Incoder que eran campesinos desplazados de la Hacienda Las Pavas, por las amenazas de los paramilitares (…) como tampoco de que esas tierras estaban abandonadas y por lo tanto explotadas por ellos”. Señala también que solo en 2009 los campesinos interpusieron la denuncia por desplazamiento.

Y anota, por último, la declaración dada en una notaría por uno de los campesinos, Pedro Moreno Redondo, en junio pasado, en la cual él se retracta de la denuncia de desplazamiento, cuenta que habían ido hasta Medellín para intentar comprarle la tierra –con el Incoder– al dueño, Jesús Emilio Escobar, que en 2007 se enteraron que Escobar la había vendido ya a una empresa de palma, que por eso en enero de 2009 optaron “por hacer un falso retorno a Las Pavas” y que se declararon desplazados para poder tener acceso a la tierra. Según él, también se retractaron otros ocho de sus compañeros.

Cuestionamientos

Sin embargo, los argumentos de la fiscal del caso han provocado varios cuestionamientos. En el texto no es claro por qué no se analizan los otros desplazamientos de los que, según dicen los campesinos, fueron víctimas, uno en 2003 y otro en 2006. Tampoco aparece la versión de los campesinos –solo se apoya en la de los interesados en desmentir el desplazamiento– y apenas trae a colación a las supuestas víctimas para tildarlas de mentirosas y de guerrilleros.

El abogado de la Clínica Jurídica de la Universidad Javeriana y apoderado de las víctimas de Las Pavas, Roberto Vidal, le dijo a VerdadAbierta.com que las declaraciones de la fiscal general ponen en duda la actuación y la credibilidad de las organizaciones más importantes del país.

“Se equivocaron, entonces, la Corte Constitucional, la Procuraduría, el Incoder, la Clínica Jurídica de la Universidad Javeriana, el Plan de Desarrollo del Magdalena Medio, las embajadas británica y Suiza. Según la fiscal, creamos una enorme maquinación para engañar y defraudar a todo el Estado. Eso nos produce mucha preocupación”,  anotó Vidal.

La versión que han dado los campesinos sobre los hechos es la siguiente. El dueño de la tierra es Jesús Emilio Escobar, quien la compró en 1983, y en 1997, cuando la abandonó, fue utilizada para cultivos agrícolas por las 123 familias que vivían en la vereda Buenos Aires. Ellos dicen que en 2003 los amenazó un grupo de paramilitares que tenía una base en el corregimiento de Papayal y por eso abandonaron también la finca, hasta 2006, cuando los paramilitares salieron de la zona y las familias retornaron a Las Pavas, de donde habrían sido de nuevo desalojados por Escobar debido a que vendió las 1.717 hectáreas por mil millones de pesos a empresas de palma.

En ese mismo año, pidieron al Incoder que declarara extinción de dominio por abandono, y luego de cierres y aperturas de ese proceso, hoy hace trámite una petición de extinción de dominio porque el cultivo de palma no tiene un adecuado manejo ambiental.

La decisión más reciente en el caso de Las Pavas es un fallo de tutela de la Corte Constitucional, que en mayo pasado ordenó al Incoder continuar con el proceso de extinción de dominio para que luego se restituya la tierra a los campesinos.

Más allá de quién tiene la razón, tal vez lo más importante en este caso son los efectos que tiene justo en este año en el que el gobierno de Juan Manuel Santos ha emprendido una reforma de restitución de tierras que ha sido calificada como histórica.

Problema para El Estado

En primer lugar, el caso se convierte en un ejemplo de las dificultades con las que se enfrenta el Estado para poner a funcionar el capítulo de tierras de la Ley de Víctimas. Estos son apenas 1.700 hectáreas y el gobierno se ha propuesto restituir dos millones.

Hay algunas dificultades concretas de índole jurídica: ¿cómo resolver esta colisión de fallos? ¿Quién define el desplazamiento? ¿Cómo resolver los casos en los que una persona tiene el título y otros demuestran el usufructo?

Pero tampoco sería extraño que este caso sea tomado como caballito de batalla de algunos terratenientes partidarios de la contrarreforma para evitar tener que devolver tierras mal habidas.

En segundo lugar, la decisión de la fiscal, por lo pronto, pone en el congelador otra de la Corte Constitucional de mayo que ordena restituir la tierra a las 123 familias. Es llamativo que la declaración del campesino que se retracta, que es una de las pruebas más fuertes de la fiscal, se produce solo un mes después de conocerse este fallo del alto tribunal.

En tercer lugar, el hecho de que este fallo se dé casi simultáneamente con la revisión del número de muertos de la masacre de Mapiripán llama poderosamente la atención. Y más aún si se tiene en cuenta que la fiscal del caso, en el texto de preclusión, menciona la coincidencia. ¿Le corresponde a la fiscal hacer ese tipo de asociaciones? ¿Acaso hay una corriente revisionista que se propone echar para atrás casos de alto impacto en favor de las víctimas?

Así como se han reabierto casos como el del Palacio de Justicia para enjuiciar a altos mandos militares, y el del crimen de Luis Carlos Galán para condenar a personajes políticos hasta hace poco blindados, mal haría el país en no reabrir casos de masacres como la de Mapiripán o de desplazamientos como el de Las Pavas sobre los cuales exista alguna duda.

En la medida en que la justicia sea rigurosa y las pruebas sean claras, sin duda la Ley de Víctimas y, en particular, su componente de tierras podrán funcionar mejor. De otra manera, si el Estado no protege los derechos de las víctimas y evita que quienes tengan más poder impongan su verdad, se puede abrir otro capítulo difícil en la historia del país.

Por ahora, en este caso de Las Pavas, se trata solo de la decisión de una fiscal local que eventualmente podría ser revisada en otra instancia.

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Comentarios

A LA SEÑORA FISCAL GENERAL DE

A LA SEÑORA FISCAL GENERAL DE LA NACION Y AL SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA QUE POR FAVOR VAYAN A CALAMAR-BOLIVAR Y DESARTICULEN Y ENTEGUEN LAS TIERRAS QUE UNA VEZ REPARTIO EL ESTADO A LOS CAMPESINOS A TRAVES DEL INCORA PERO QUE CON LA INFLUENCIA DEL INCODER QUIENES LAS TIENEN AHORA MISMO SON GANADEROS Y COMERCIANTES O SEA GENTE QUE TIENE PLATA.EL OBJETIVO DE LA TIERRAES "FALSO".