Por falta de garantías, el personero municipal, Jorge Varela Sierra, le solicitó al Gobierno Nacional suspender el proceso de Restitución de Tierras en El Carmen de Bolívar. (Lea aquí más noticias sobre El Carmen de Bolívar).
El representante del Ministerio Público, en su función de defender los derechos humanos, también solicitó detener la implementación de la Ley 1448 del 2011, que dicta las medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado.
Varela se refirió concretamente a las amenazas que están recibiendo los representantes de las víctimas ante el Consejo Municipal de Justicia Transicional.
“Las amenazas están ligadas con el proceso de restitución de tierras y la implementación de la Ley 1448 del 2011, que desde este año se está llevando a cabo en nuestra población”, aseguró Varela.
Dijo que la Administración Municipal ha dejado solas a las víctimas y que tampoco realiza oportunamente las reuniones con los miembros del Comité Municipal de Justicia Transicional, razón por la cual interpuso las respectivas quejas ante la Procuraduría General de la Nación.
Según el personero, no se ha aprobado el Plan de Reparación Colectiva para las Víctimas de El Salado, debido a que el Comité Municipal de Justicia Transicional no sesiona regularmente.
Amenazados
Las amenazas están ocasionando problemas emocionales a los representantes de las víctimas, advirtió Varela Sierra, quien dijo que estas intimidaciones son frecuentes desde hace un mes.
“Los representes de las víctimas nos manifiestan que si esta situación continúa, están dispuestos a renunciar al proceso de restitución de tierras en El Carmen de Bolívar, y esto truncaría los pocos avances alcanzados en el ámbito municipal”, expresó el personero.
Los amenazados están denunciando afectaciones en su parte emocional y no saben qué hacer porque creen que sus vidas están en altas posibilidades de recibir un atentado.
En sus declaraciones, Varela resaltó que el único apoyo que reciben los amenazados es el que ofrece la Policía Nacional, dentro del casco urbano, y el acampamiento de la Infantería de Marina, en la zona rural.
“La Personería realiza todas las gestiones necesarias para que los amenazados tengan garantías de seguridad, para lo cual ya he oficiado a la Fiscalía General de la Nación y demás instituciones del Estado”, concluyó.
