Ninguna de las familias afectadas por la masacre y desplazamiento en los corregimientos de San Cayetano (San Juan Nepomuceno) y Mampuján (Marialabaja) podrá recibir más de $240 millones como medida de reparación. Así lo dispuso la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, tras condenar a 8 años de prisión a los ex comandantes paramilitares, Edwar Cobos Tellez, alias “Diego Vecino” y Uber Banquez Martínez, alias “Juancho Dique”, quienes recibieron la máxima pena que impone el programa de Justicia y Paz. Tras la lectura completa de la sentencia, se logró conocer que de 1.111 hechos cometidos por los bloques de estos ex jefes paramilitares, resultaron 1.194 víctimas a quienes se les deberá pagar una indemnización de $15.000 millones aproximadamente. El Tribunal fijó una tabla de indemnizaciones en el cual los casos de homicidio serán indemnizados por $240 millones máximo por núcleo familiar; $40 millones para padres e hijos y $4 millones para hermanos. Los casos de desplazamiento forzado serán indemnizados por $120 millones máximo por núcleo familiar, con un valor de $17 millones por víctima. Los casos de secuestro serán indemnizados por $180 millones por cada núcleo familiar y de $30 millones por víctima. Conscientes de que el Fondo de Reparación de Víctimas no cuenta con el dinero suficiente para reparar a las víctimas, los magistrados del Tribunal Superior se pronunciaron sobre tres puntos importantes: El primero tiene que ver con que la Fiscalía General cree una unidad especial que se dedique a la persecución de bienes y recursos de desmovilizados postulados y condenados, tanto del proceso de Justicia y Paz como dentro de la justicia ordinaria. El segundo tiene que ver con el embargo de bienes a los congresistas que han sido condenados por concierto para delinquir, en casos relacionados con ‘parapolítica’, tal como lo había ordenado la Corte Suprema de Justicia en sentencias anteriores. El último se trata de cobrar un impuesto especial, sin excepción, a empresas y sociedades que hayan contribuido con la financiación del paramilitarismo o de grupos guerrilleros. También se condonarán las deudas de las víctimas. Las víctimas de Mampuján y San Cayetano serán objeto de un proceso de reparación individual que además de indemnización económica, incluye medidas de atención y recuperación psicosocial y de recuperación del proyecto de vida, dentro del propósito de garantizar sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Así mismo se ordenaron medidas de reparación colectiva, tales como la reconstrucción de los colegios, puestos de salud, cementerios, vías, maquinaria agrícola, proyectos de repoblamiento bovino, ñame y plátano, lo cual le corresponderá al Estado, en cabeza de Acción Social, el Ministerio de Agricultura, de Educación, Bienestar Familiar, SENA, Incoder, Gobernación de Bolívar y los municipios de San Juan Nepomuceno y Marialabaja, lo cual tiene un costo aproximado de $20 mil millones. En el contexto nacional El fallo del Tribunal Superior hace reflexiones de racionalidad presupuestal cuando describe el contexto nacional de que hay 281 mil hechos de violencia denunciados en Justicia y Paz; 156 mil homicidios; 63 mil desplazamientos; 3 mil desapariciones forzadas, 2.700 secuestros; 524 actos de terrorismo. Todos los postulados (paramilitares investigados) al 30 de abril del 2010 sólo habían entregado $36 mil millones de pesos en fincas, ganado y dinero para la reparación, lo que era completamente insuficiente, por lo que el Estado, de acuerdo a la Ley 975 del 2005 debía en forma subsidiaria asumir con el Presupuesto Nacional el financiamiento de las reparaciones de las víctimas que habían sido condenadas a la miseria por los daños sufridos por la violencia paramilitar.
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